Comisión con mayoría del oficialismo estudiará acusación contra el ministro de Educación
La acusación, presentada por diez diputadas y diputados, acusa al secretario de Estado, principalmente, de priorizar una agenda con foco en diversidad sexual. También, de dejar de lado las urgencias que se arrastrarían desde la reforma educativa de 2016.
La Sala de la Cámara realizó el sorteo de las/os integrantes que conformarán la comisión encargada de analizar la acusación constitucional, presentada en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Luego de darse cuenta de la presentación del libelo acusatorio, se llevó a cabo el sorteo. La instancia quedará conformada por las/os diputadas/os Tomás Hirsch (PAH), Héctor Ulloa (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Juan Santana (PS) y Gloria Naveillan (IND).
A partir de hoy, comienza a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al personero. Además, se establece la prohibición de salida del país mientras se desarrolla este proceso.
Tras la notificación, el ministro tiene diez días para presentar sus descargos ante la comisión, en forma personal o por escrito. Desde dicha comparecencia, la comisión tendrá un plazo de seis días para estudiar la Acusación Constitucional y pronunciarse sobre ella.
Las normas que rigen este procedimiento están contenidas en el art.52 de la Constitución Política, el título IV de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Título VI del Reglamento de la Cámara.
Antecedentes de la acusación
La acusación fue presentada por las/os diputadas/os SOC Francesca Muñoz y Sara Concha, Karen Medina (PDG), Eduardo Durán (RN), Henry Leal (UDI), Christian Matheson (IND), Víctor Alejandro Pino (IND), Diego Schalper (RN), Stephan Schubert (IND) y Marco Antonio Sulantay (UDI).
La acusación está conformada por siete capítulos. Estos acusan al secretario de Estado, principalmente, de priorizar una agenda con foco en diversidad sexual. También, por dejar de lado las urgencias que se arrastran desde la reforma educativa de 2016. En ese plano, se le responsabiliza de vulnerar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos.
En ese plano, se hace referencia a las políticas del Ministerio en materia de educación sexual y se abordan presuntos incumplimientos del secretario de Estado en la educación pública del país.
Por otra parte, se le acusa de vulnerar, también, criterios internacionales de protección de los derechos humanos. Asimismo, se le responsabiliza por las deficiencias del sistema educativo en materia de violencia y los resultados del Simce.
