Colectivos y grupos indigenistas protestan en Brasil por norma que puede expulsarles de sus tierras
El 24 de mayo, la Cámara aprobó por 283 votos a favor y 155 en contra un texto para el cual el Gobierno del presidente Lula dio libertad a sus bases para votar, lo que generó críticas entre sus socios y dentro de su propio gabinete.
Colectivos de los pueblos indígenas de Brasil han comenzado este miércoles movilizaciones y bloqueos en varias carreteras del país a la espera de que el Tribunal Supremo comience a analizar el fallo por el cual solo podrían reclamar las tierras ya ocupadas el día que se promulgó la Constitución de 1988.
Brasilia y varios estados, entre ellos Paraná, Minas Gerias, Mato Grosso del Sur y Santa Catarina, han amanecido con algunas de sus principales vías de acceso bloqueadas. En la capital, se ha levantado un campamento en la Explanada de los Ministerios y están previstas actividades y debates
Los manifestantes protestan contra un marco temporal que data de 2007 y que podría amparar su expulsión de las tierras en las que se han asentado si no demuestran que las ocupaban antes del 5 de octubre de 1988.
La propuesta fue aprobada a finales de mayo por la Cámara de Representantes y está a la espera de su aprobación en el Senado y de una eventual firma del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras tanto, continúa en el Supremo tras un recurso que se vio interrumpido en 2021.
En el Congreso, este marco temporal es una demanda de larga data de la bancada ruralista y del ‘centrao’, un bloque informal de corte conservador que se mueve por las consabidas redes clientelares de ambas cámaras, mientras que para la sociedad civil y los grupos ecologistas es un ataque a los pueblos indígenas.
El 24 de mayo, la Cámara aprobó por 283 votos a favor y 155 en contra un texto para el cual el Gobierno del presidente Lula dio libertad a sus bases para votar, lo que generó críticas entre sus socios y dentro de su propio gabinete, entre las cuales estaban las de la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, quien calificó la medida de «ataque grave» al derecho de estas comunidades. (Europa Press)
