Parlamentarios oficialistas impulsan ley que sanciona y tipifica el negacionismo
La iniciativa propone un castigo con prisión de 41 hasta 60 días, y una multa de hasta 2,5 millones de pesos para quienes incurran en este negacionismo, con la posibilidad de agravar la pena en caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio.
Un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de las múltiples violaciones de derechos humanos registradas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet fue presentado este miércoles por diputados oficialistas.
«Ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar, legislar acerca del Negacionismo se erige como un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana», indica el texto.
Según el borrador del proyecto, compartido por la emisora Radio Bío Bío, se busca incorporar el negacionismo como delito tipificado en el Código Penal, el cual aplica a quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos durante la dictadura que siguió al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Los crímenes en cuestión están consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
La iniciativa propone un castigo con prisión de 41 hasta 60 días, y una multa de hasta 2,5 millones de pesos para quienes incurran en este negacionismo, con la posibilidad de agravar la pena en caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio.
Por último, el texto busca «honrar el esfuerzo inclaudicable de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, impidiendo que se banalice su dolor y sacrificio».
POLÉMICA ADMIRACIÓN
La propuesta fue presentada en medio de la polémica desatada por unas declaraciones del abogado Luis Silva, uno de los miembros más votados del Consejo Constitucional a cargo de elaborar una nueva Constitución, y que ha expresado su admiración por Pinochet como estadista.
«Creo que debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno y no simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos, porque entonces nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia», dijo Silva en una entrevista en la revista de Icare.
Al respecto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expresó su preocupación ante el hecho de que a medio siglo del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende existan políticos abiertamente «pinochetistas».
«Nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy», expuso la vocera del Ejecutivo en un acto.
De acuerdo con varias investigaciones, durante la dictadura de Pinochet se registraron más de 28.000 víctimas de prisión política y tortura, casi 2.300 ejecuciones, unas 1.200 desapariciones y más de 200.000 exiliados por motivos políticos.
