Gobierno promulga nueva Ley de Insolvencia y es publicada en el Diario Oficial

Las personas y las empresas de menor tamaño con problemas de sobreendeudamiento o de solvencia tendrán próximamente nuevas alternativas para superar dichos problemas financieros, esto luego que el presidente Gabriel Boric concretara la promulgación que moderniza la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, proyecto aprobado en enero pasado por el Congreso y que este miércoles 10 de mayo fue publicado en el Diario Oficial.

La nueva normativa busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de procedimientos.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia de esta ley, “especialmente para las personas naturales, las micro, y pequeñas empresas, ya que se crean procedimientos simplificados especiales para este grupo, de rápida tramitación y bajos costos. Con esto se promoverá la reorganización por sobre la liquidación, lo que incentivará la recuperación de créditos, se preservan empleos y se evita el corte de cadenas de suministro”.

En esa misma línea, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, planteó que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la actual ley, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.

Otro punto que ambas autoridades destacaron es que la nueva normativa extiende la renegociación gratuita de la persona deudora a quienes emiten boletas de honorarios y están con un sobreendeudamiento, integrando con ello a usuarios y usuarias que hoy están impedidas de acceder a dicho procedimiento por ser consideradas empresas, implicando que tengan como única opción para salir de sus dificultades económicas la liquidación.

Además, la nueva ley introduce mejoras para reducir trámites redundantes (como las audiencias separadas de derecho a voto y la constitutiva de la liquidación) y facilita el uso de la tecnología (por ejemplo, autorizando la realización de juntas de acreedores en forma remota), con la finalidad de hacer mucho más expedito el desarrollo de los procedimientos.

Cabe señalar que la normativa entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que debiera estar operativa a contar del 10 de agosto de 2023.