Un examen de cuentas efectuado al proceso de otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), entre agosto de 2021 y el 28 de febrero de 2022, por parte de la Contraloría General Metropolitana de Santiago arrojó seria irregularidades en la entrega del beneficio.
La entidad acreditó, según publicó esta noche La Tercera, que hubo entrega del beneficio a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado; beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía; o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios, lo que imposibilitaba, en teoría, que pudiesen acceder al mismo.
El ente contralor ordenó que se restituyan de forma íntegra los fondos mal gestionados y que asciende, de acuerdo con el organismo encabezado por Jorge Bermúdez, a $ 3.574.640.527. Conforme al detalle, $ 435.905.117 se entregaron a personas contratadas por un empleador estatal, $ 579.351.832 a quienes no estaban cesantes y $ 2.559.383.578 a beneficiarios que prestaban servicio al Estado como honorarios. Todo, según lo dispuesto, deberá reponerse en un plazo de 60 días desde que se reciba el citado informe.
