Congreso peruano endurece las penas por difamación en un cambio que apunta a la prensa
El cambio, que aumenta de dos a hasta cuatro años las penas de cárcel por difamación por información publicada en medios de comunicación, RRSS o páginas web, será votado de nuevo la semana próxima para su ratificación.
El pleno del Congreso de Perú ha aprobado un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Civil para aumentar de dos a hasta cuatro años las penas de cárcel por difamación por información publicada en medios de comunicación, redes sociales o páginas web. El cambio será votado de nuevo la semana próxima para su ratificación.
La norma ha sido aprobada por 68 votos a favor del total de 130 diputados que integran la Cámara y prevé además el pago de indemnizaciones. Con relación a la reparación, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor, informa la prensa peruana.
Finalmente, aquel que por dolo atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad, o una conducta que pueda perjudicar su honor, reputación o intimidad personal está obligado a indemnizarlo.
El autor de la propuesta, el congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, ha explicado que el texto original incluía hasta cinco años de cárcel por difamación, pero fue rebajado por la Comisión de Justicia, que presentó posteriormente el proyecto al pleno, donde fue presentado y votado sin debate.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT) han criticado la iniciativa en un comunicado conjunto y han recordado que la tendencia internacional es despenalizar este tipo de denuncias. Así, han recordado que en los últimos cinco años, 150 periodistas han sido acusados de difamación, acción penal que suele ser utilizada por quienes buscan silenciar una denuncia periodística o una investigación sobre temas de interés público.
«El Consejo de la Prensa Peruana considera que este tipo de iniciativas pueden facilitar la impunidad de las autoridades y funcionarios públicos, cuyas acciones deben estar abiertas al escrutinio ciudadano», argumenta el CPP.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, ha advertido de que esta es una clara arremetida contra la libertad de expresión y el derecho la información. «Regresión a contracorriente de despenalización», ha afirmado en Twitter.
