Condenan a Sarkozy a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias
El primer año el exmandatario deberá llevar un brazalete electrónico, pero sin entrar en la prisión, según informó el canal BFMTV.
El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue condenado este miércoles a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias en el marco del caso sobre escuchas telefónicas, el primer año el exmandatario deberá llevar un brazalete electrónico, pero sin entrar en la prisión, según informó el canal BFMTV.
«Nicolas Sarkozy fue condenado este miércoles en apelación en París a tres años de prisión, incluido un año que portará un brazalete electrónico, por corrupción y tráfico de influencias, en el marco del caso las escuchas telefónicas, una sanción sin precedentes para un exjefe de Estado», indicó la cadena televisiva.
El abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y el juez Gilbert Azibert también fueron declarados culpables de haber participado en el delito de corrupción en 2014, y fueron condenados a la misma pena.
El 1 de marzo de 2021 un tribunal de París condenó al expresidente francés a tres años de prisión, convirtiéndolo en el primer exlíder de Francia que cumpliría una condena real.
Al expresidente de Francia se le imputaban intentos de obtener ilegalmente en 2014 información de un magistrado sobre una investigación en su contra.
Sarkozy y Herzog le habían prometido a Azibert un trabajo en Mónaco a cambio de cierta información sobre la investigación de la presunta financiación ilegal en 2007 de la campaña presidencial del exlíder galo.
Como señalan los medios franceses, en el marco de la investigación del caso sobre la financiación de la campaña presidencial, en septiembre de 2013 los investigadores pincharon los teléfonos oficiales de Sarkozy.
A principios de 2014, los investigadores descubrieron que el político se estaba comunicando con su abogado Herzog mediante teléfonos celulares registrados con nombres ficticios.
Aunque Azibert no recibió ningún puesto de trabajo en Mónaco y se retiró en 2014, los encargados de la investigación sostienen que el trato ofrecido ya constituye un delito penal.
(Sputnik)
