Cámara realizó interpelación a la ministra del Interior por seguridad y orden público
En la oportunidad, el diputado Andrés Longton interrogó sobre el rol de la cartera que dirige, particularmente, como colaboradora directa e inmediata del Presidente de la República, en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior.
La forma en que el Estado de Chile está enfrentando la contingencia en materia de seguridad pública, particularmente con foco en los hechos vinculados a la migración y la macrozona sur, fue el marco temático en el cual se desarrolló el proceso de interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
El diputado Andrés Longton (RN), en representación de los solicitantes del encuentro, partió pidiendo un minuto de silencio por los mártires de carabineros, caídos en actos de servicio.
Tras esto, hizo referencia a la crisis migratoria presente en el país, aludiendo al manejo que la actual administración ha tenido de este problema y a las declaraciones formuladas por el primer mandatario, respecto de la regularización de migrantes.
En dicho contexto hizo alusión a los procedimientos de expulsión que no se han concretado, debido a una política estatal derivada de un sesgo ideológico que calificó como “evidente, debido a funcionarios del Presidente que creen en la inmigración ilegal”.
Al respecto la secretaria de Estado recalcó que más allá de declaraciones del pasado, formuladas por distintos personeros políticos, es un hecho que el control del tema va en proceso. Precisó que se han ido bajando los números de ingreso, lo que va de la mano con la política de expulsiones que no sólo depende de Chile, sino que también de un trabajo diplomático que requiere de la colaboración de Venezuela.
Delitos violentos
El diputado interpelador consultó por la existencia de una política permisiva, derivada de fronteras descontroladas. Consultó a la ministra sobre el aumento de homicidios, violaciones, secuestros y extorsiones.
Al respecto la ministra Tohá reconoció en esta interpelación, que el aumento de los delitos cometidos por migrantes es progresivo. Sin embargo recalcó que el incremento de estos ilícitos se arrastra desde hace años, ante la inexistencia de una política de Estado, que hoy recién se está implementando.
En ese plano precisó que en materia de seguridad existe una política que es pública y conocida, que va de la mano de una serie de proyectos de ley.
En cuanto a las cifras de delitos precisó que el alza sostenida de la sensación de inseguridad viene desde 2016, en tanto que los homicidios han tenido peaks en 2018, 2020 y 2021, problemática de la hay que hacerse cargo.
Interpelación sobre policías y carabineros
Respecto al rol del ministerio frente a las policías y el respaldo del Gobierno a carabineros, Tohá enfatizó que durante esta administración no existe duda alguna sobre el respaldo entregado. Precisó que las policías no deben ser utilizadas para fines políticos.
La secretaria de Estado recalcó que durante la gestión del presidente Boric se ha desarrollado una gestión legislativa, presupuestaria y política que confirma plenamente el apoyo a carabineros. Llamó a “dejar de lado los debates inútiles”, para concentrarse en lo que importa, que es la seguridad pública.
En ese marco relevó la agenda legislativa y la importancia de llegar a acuerdos en el parlamento, más allá de los cuestionamientos planteados por el diputado interpelador. Descartó que exista inacción por parte del Ejecutivo, al tiempo que relevó la importancia del esfuerzo compartido, a la hora de tramitar proyectos en el congreso.
Araucanía y Macrozona Sur
Durante la interpelación, la ministra recordó que existe un compromiso de modernizar la ley antiterrorista. Señaló que el Gobierno perseveró en la presentación de querellas y la toma de acciones que han permitido desarticular bandas delictuales.
En ese plano recalcó que el Ejecutivo no ha dado beneficios carcelarios sino que por el contrario, trabaja por avanzar en un efectivo perfeccionamiento de la normativa vigente. Recordó que las leyes antiterroristas presentadas en los gobiernos de Bachelet y Piñera no lograron los consensos suficientes.
Respecto al registro de atentados, Tohá afirmó que cada vez que se producen hechos graves “se toman medidas de refuerzo”. “Es cierto que falta mucho y aunque se obtienen resultados, se está lejos de estar conforme”, agregó. En tal sentido, la ministra Tohá recalcó que el Gobierno mantiene un firme compromiso con la ciudadanía.
Debate y fase final de la interpelación
Luego de la interpelación intervino un representante por bancada para manifestar las visiones de su sector respecto al tema. Participaron Stephan Schubert (PREP), Marcos Ilabaca (PS), Frank Sauerbaum (RN) Eric Aedo (DC), Jaime Araya (IND), Alejandra Placencia (PC), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Gustavo Benavente (UDI), Francesca Muñoz (IND), René Alinco (PPD), Hotuiti Teao (EVOP) y Camila Rojas (Comunes).
Si bien todos coincidieron en que se vive la peor crisis de seguridad con el aumento de delitos como homicidios, hubo discrepancia respecto a la gestión gubernamental.
Desde la oposición acusaron que el gobierno no tiene “convicción” para resolver el problema del crimen organizado, la delincuencia y la migración ilegal. Además, criticaron que no se fortalezcan las instituciones policiales, y se mencionó que no existe baja en las cifras de inseguridad.
Mientras, desde el oficialismo valoraron la respuesta de la ministra, que calificaron como sólida. Al respecto, destacaron las acciones gubernamentales, el avance de diversas normativas y el respaldo del Presidente Boric a Carabineros, reconocido por la propia institución. Asimismo, resaltaron la voluntad de diálogo expresada por el Ejecutivo.
En la oportunidad, la Sala sometió a votación un acuerdo por el cual se manifiestaba al Presidente de la República su preocupación por “la incapacidad demostrada para llevar adelante su mandato de resguardo de la seguridad y el orden público interior”. Sin embargo el texto, que observaba “con inquietud la inexistencia de políticas públicas idóneas para combatir la delincuencia común y el crimen organizado” fue rechazado por 69 votos en contra y solo 55 a favor.