Armada da de baja al cuarto imputado en crimen de Iquique
Los efectivos de la Armada -quienes estaban en comisión de servicio en la ciudad y esa noche habían visitado varios locales nocturnos-, agredieron a la víctima Milton Domínguez Moreno, de 60 años de edad, quien mantenía una situación de discapacidad.
La Armada de Chile, a través de un comunicado, informó hoy que «conocido el resultado de la audiencia de formalización realizada ayer, donde está involucrado un 4to servidor naval en la agresión y posterior fallecimiento de una persona en Iquique, y dada la gravedad del hecho», la Institución resolvió darlo de baja.
En la audiencia de formalización, el fiscal Francisco Almazán explicó que el día de los hechos, cerca de las 5 de la madrugada, en la intersección de calles Bolívar con Ramírez, los imputados -quienes estaban en comisión de servicio en la ciudad y esa noche habían visitado varios locales nocturnos-, agredieron a la víctima Milton Domínguez Moreno, de 60 años de edad, quien mantenía una situación de discapacidad que le impedía repeler el ataque ya que le faltaba su pierna derecha. Los imputados le propinaron golpes de pies y puño en distintas partes del cuerpo, especialmente en su cabeza, golpeándolo además con las propias muletas que usaba la víctima para desplazarse.
Posteriormente la víctima fue trasladada al hospital regional, falleciendo cerca de las 10:00 horas del mismo día producto de la golpiza recibida, determinándose como causa de muerte un traumatismo encéfalo craneano complicado.
El fiscal Almazán entregó detalles de las diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que permitieron determinar cómo habían ocurrido los hechos, en especial los testimonios de testigos y el análisis de las cámaras de vigilancia del sector. También el informe del médico de la PDI que dio cuenta de las lesiones sufridas por la víctima y el informe del Servicio Médico Legal con la causa de muerte.
Luego que el fiscal solicitara la prisión preventiva de todos los imputados dada la gravedad de los hechos, y si bien hubo oposición de las defensas, la magistrada acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de todos ellos por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.
