Netanyahu cancela su participación en acto por Día de la Independencia de Israel
Está previsto que miles de manifestantes se concentren en la Expo de Tel Aviv, donde tendrá lugar la conferencia, para protestar contra Netanyahu por la propuesta de reforma judicial del Gobierno.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha cancelado su participación en un acto que tendrá lugar este domingo para celebrar el 75º Día de la Independencia de Israel, en medio de las manifestaciones convocadas en el lugar que acogerá el evento para protestar contra el Gobierno.
Los organizadores han enviado un mensaje a los participantes en el que detallan que Netanyahu ha informado que «no podrá acudir» al acontecimiento, promocionado por las Federaciones Judías de América del Norte (JFNA), la Agencia Judía de Israel, Keren Hayesod y la Organización Sionista Mundial.
Así, han dado las gracias a ‘Bibi’ por «su mensaje de amistad entre las comunidades y su reconocimiento de la importancia que los judíos norteamericanos han jugado a la hora de construir y desarrollar el Estado de Israel», según ha informado el diario israelí ‘The Jerusalem Post’.
«Esperamos escuchar esta noche al presidente (de Israel), Isaac Herzog, y le deseamos suerte a la hora de lograr un acuerdo de compromiso sobre la reforma judicial que sea aceptable para la gran mayoría de los israelíes para fortalecer las instituciones democráticas de Israel», zanja el mensaje.
Está previsto que miles de manifestantes se concentren en la Expo de Tel Aviv, donde tendrá lugar la conferencia, para protestar contra Netanyahu por la propuesta de reforma judicial del Gobierno, integrado por varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas.
Los procedimientos parlamentarios para sacar adelante la reforma fueron suspendidos en marzo ante la enorme presión social contra la propuesta. En estos momentos hay conversaciones en marcha entre el Ejecutivo y la oposición, mediados por Herzog, para intentar alcanzar un acuerdo sobre la reforma.
De salir adelante, la reforma daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados. (Europa Press)
