Batalla del Gobierno de Daniel Ortega contra universidades, símbolo de protestas en 2018

El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha emprendido una batalla no solo contra activistas, religiosos y opositores políticos, sino también contra las universidades, consideradas un símbolo de las protestas de 2018.

Según el Índice de Libertad Académica 2023, que analiza factores como la autonomía institucional de las universidades o la libertad de expresión y de cátedra, Nicaragua se sitúa, de los 179 países que aparecen en el ‘ranking’, en el puesto 12 empezando por el final, entre Irán y China.

El deterioro en la libertad académica ha ido acompañado de otras medidas por parte del Gobierno que, además de cerrar decenas de universidades, alegando «faltas administrativas», ha suspendido relaciones diplomáticas con el Vaticano, ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.

En su particular campaña de ‘vendetta’ contra las universidades, escenario de las protestas de 2018, el Gobierno de Daniel Ortega reformó en marzo de 2022 la Ley de Autonomía, por la que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) pasó a ser el único órgano administrativo de la educación superior, representado por los rectores de las instituciones públicas, bajo el control del Estado.

«Con la cancelación de la personalidad jurídica también se expropian los bienes de las universidades, que se ponen a disposición del Estado. Lo que hicieron fue convertir las privadas en públicas», ha explicado a Europa Press Ernesto Medina, expresidente del CNU, exiliado en Alemania.

En este sentido, ha relatado que cerrar universidades por supuestos errores administrativos es un «sinsentido». «En un primer momento el objetivo principal era darle un mensaje al resto de las universidades de que o se alineaban (con las posiciones del Gobierno) o les iba a pasar lo mismo», ha señalado, agregando que ni los programas educativos ni el profesorado cambian en estas universidades expropiadas, que únicamente son bautizadas con otro nombre.

Medina, quien también fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León y de la Universidad Americana –de esta última hasta 2018 cuando renunció al puesto– ha recalcado que, debido a que las universidades se convirtieron en 2018 en «símbolos de lucha», el Gobierno emprendió aquel entonces una serie de acciones que han continuado hasta el día de hoy, como el despido masivo de profesores o acciones en represalia por no apoyar en las elecciones al Rectorado y Decanato a determinados candidatos, fundamentalmente sandinistas.

«A finales de 2018 hubo una primera ola de despidos en la UNAN-León. Ahí despidieron a 12 profesores de la Facultad de Odontología en septiembre de 2020 porque no apoyaron al candidato a decano del partido sandinista (Frente Sandinista de Liberación Nacional)», ha dicho, recalcando que hace poco «despidieron en la misma universidad a 30 profesores por no ir a votar en las elecciones municipales».

Ante esta situación, la Justicia tampoco supone una solución, ya que no hay separación de poderes. Según ha señalado David Gómez Gamboa, director de la ONG Aula Abierta, que trabaja en favor de la educación en América Latina, el poder legislativo promulga una serie de leyes para «garantizar la materialización del control de las universidades».

«Se usa el derecho y las instituciones jurídicas para crear un andamiaje (…) Esto es bastante parecido en Cuba y en Venezuela», ha explicado, añadiendo que esto incluye no solo la cancelación de la personalidad jurídica de las universidades, sino incluso el control de la salida de estudiantes y profesores al extranjero.

En esto mismo también coincide Medina, quien afirma que ni el Tribunal Supremo ni las estancias intermedias «responden» a posibles denuncias de las universidades canceladas, ya que el procedimiento para su cierre involucra al Ministerio de Gobernación y a la Asamblea Nacional, con mayoría sandinista. «Apelar a una orden de la Asamblea Nacional es causa perdida», ha aclarado. NACIONALIDAD Y REFUGIO

Medina, como uno de los 94 afectados por la retirada de la nacionalidad nicaragüense por parte del Gobierno por un supuesto delito de «traición a la patria», una decisión criticada, entre otros, por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha afirmado que ha realizado el trámite para conseguir el pasaporte español.

«Inmediatamente hablé con la Embajada de España en Alemania. Me atendieron. Me mandaron el formulario para esa carta de nacionalización (…) y ya entregué mis papeles», ha dicho desde Alemania, donde su seguro no le cubre los controles médicos necesarios para tratar una enfermedad que sufrió durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la situación legal de los líderes estudiantiles exiliados tras el estallido de las protestas en 2018 es diferente y muchos de ellos viven con estatus de refugiado o siendo solicitantes de asilo. Uno de ellos es Héctor Andrés Marenco, integrante en la plataforma juvenil Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).

Este estudiante y activista estudiantil por los Derechos Humanos, actual alumno de la Universidad de Costa Rica, es uno de los numerosos jóvenes que abandonaron Nicaragua tras las protestas y ha denunciado que sufrió golpes, tanto a él como su familia, intentos de secuestro o amenazas en redes sociales. Actualmente, vive con estatus de solicitante de refugio.

«El país de Costa Rica abrió las puertas de forma solidaria para el mandato del presidente Carlos Alvarado (…) No todo ha sido color de rosa. A finales de 2018 hubo marchas xenófobas en rechazo a las y los nicaragüenses que estaban entrando en el país para resguardar su seguridad debido a la persecución y estas marchas tenían lemas como ‘Fuera nicas'», ha explicado.

Marenco ha subrayado que, pese a este primer rechazo por parte de la sociedad costarricense, posteriormente hubo manifestaciones contra la xenofobia y el país vivió una ola de solidaridad hacia los «expulsados» de Nicaragua por motivos políticos.

EL PROCESO DE LA «EXPULSIÓN»
El líder estudiantil ha detallado que, en ese proceso hacia la «expulsión», hay «situaciones particulares», aunque a rasgos generales las autoridades notifican a los afectados la prohibición, «por seguridad», de entrada a los recintos universitarios.

«Se entiende que, bajo las circunstancias que estábamos viviendo, asesinatos a estudiantes, persecuciones, encarcelamientos, eso era una cuestión gravísima (…) En mi caso ya me detuvieron una vez y me golpearon: me fracturaron una costilla aérea y me dio un miedo terrible», ha relatado, agregando que la opción era o el exilio o la cárcel.

Marenco ha señalado además que el castigo contra los activistas estudiantiles también se producía a través de los expedientes académicos. «Yo estudié Ingeniería Civil y no pude convalidar ninguna clase», ha subrayado, un tipo de represión también denunciado por el ex rector Eduardo Medina, quien incluso ha apuntado a la existencia de ‘listas negras’.

En este sentido, el ex rector ha afirmado que en 2018 cerca de 200 estudiantes fueron expulsados a través de procedimientos disciplinarios «totalmente ilegales y arbitrarios» en las dos grandes universidades públicas: la UNAN-León y la UNAN-Managua.

«A raíz de eso muchos de ellos decidieron no volver a la universidad (…) Se rumoreaba que había listas de participantes en las protestas», ha indicado, asegurando que los autores eran fundamentalmente las autoridades universitarias y los profesores.

Medina ha señalado así que «parte del castigo» de las universidades fue «hacer desaparecer» los expedientes de los universitarios exiliados. «Calculamos que hay más de 2.000 estudiantes nicaragüenses en Costa Rica varados porque no pueden estudiar», ha zanjado. (Europa Press)