Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): cuando el sueño de emprender se convierte en deudas de pesadilla

(Por F.D.R. /especial EP) Desde mediados de la década de 2000, las Sociedades Anónimas de Garantías Recíprocas (SAGR, o SGR) han sido presentadas como una prometedora herramienta de apoyo a los emprendedores y una alternativa óptima para potenciar la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Con el respaldo de Corfo, que les aportaba el 90% de su Capital, estas entidades ofrecían facilitar el acceso a recursos frescos, vitales para pequeños y medianos empresarios que buscan hacer crecer sus negocios.

No obstante, para los clientes de algunas de estas sociedades esa ilusión se transformó en un mal sueño, con graves consecuencias que llegan hasta hoy.

Los daños económicos que denuncian los afectados llevaron a la presentación de un número creciente de querellas, que buscan aclarar cómo el mal uso de esta herramienta de financiamiento derivó en pérdidas millonarias sufridas por quienes confiaron en ciertas entidades que utilizan este mecanismo de financiamiento.

Un  sistema que la hace muy atractiva para las instituciones financieras, ya que una vez comunicado a la sociedad de garantías que su afianzado no ha cumplido con su compromiso de pagos, de acuerdo a la ley que las rige, en un plazo de diez días deben cancelar lo adeudado, lo que también es una cualidad que puede ser muy perniciosa, cuando ambas instituciones financieras se coluden para obtener “beneficios” sobre los normales, pues ambas siempre deben actuar conjuntamente en el desarrollo de la operación crediticia, señalan los afectados.

Asimismo, exautoridades de Corfo reconocen que esta industria muestra problemas desde hace varios años y admiten que el perjuicio sufrido por esa entidad podría ser muy elevado.

UNA “FIANZA” RIESGOSA

Básicamente, las SAGR, también denominadas como Instituciones de Garantía Recíproca, actúan como intermediarias entre la banca y las pequeñas y medianas empresas. Su función es servir de avales frente a los bancos, a través de la entrega de certificados de fianza.

De esta manera, brindan apoyo y asesoría tanto para reestructurar deudas como para facilitar el financiamiento crediticio, lo que permite a las pequeñas empresas tener acceso a mayores montos, menores tasas y mejores plazos para pagar los créditos. Se trata de un modelo originado en Europa y que se ha difundido a distintos países de América Latina.

Para operar en Chile, las SAGR tienen que acreditarse ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Sus administradores no pueden haber sido condenados por crimen o simple delito y la sociedad debe contar con un patrimonio mínimo inicial de 10.000 UF (unos 350 millones de pesos al valor actual), cifra bastante menor para los millonarios montos que garantizan, por lo que cobran Comisiones de Afianzamiento de hasta un diez por ciento, que los incluyen en el crédito afianzado para recibir su pago al contado,  Cada una tiene que reacreditar año a año que cumple con dichos requisitos.

De acuerdo con antecedentes entregados a “El Periodista” por el organismo fiscalizador, hasta 2022 se encontraban registradas ocho entidades de este tipo en el país.

Concebidas como una fórmula para respaldar el emprendimiento en Chile, las SGR contaban con el apoyo de un Programa de Cobertura específico desarrollado por Corfo, destinado a fomentar el desarrollo de estas sociedades para que ellas “puedan garantizar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y, de este modo, puedan acceder a financiamiento para sus actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales”, según afirma la entidad estatal de fomento. No obstante, al cierre de esta edición las postulaciones al programa seguían suspendidas.

La actividad de estas sociedades se encuadra en el marco fijado por la Ley 20.179, vigente desde junio de 2007, cuando fue publicada durante el primer gobierno de Michelle Bachelet .

“MI ERROR FUE CONFIAR EN EL ESTADO”

Con estos antecedentes y respaldos sobre la mesa, la oferta le pareció prometedora a José Luis Pierotic, quien creó hace más de dos décadas su empresa, Piecer Ltda., dedicada principalmente en el rubro de edificar viviendas sociales por encargo del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). En 2012, un atento ejecutivo le planteó la posibilidad de sumarse al mecanismo de las garantías recíprocas, que parecían una solución conveniente para un problema que se presentó en esas fechas en el horizonte de este empresario de la construcción.

En esa época, los efectos de la crisis global de 2008 todavía se sentían en los mercados y los bancos seguían reacias a financiar actividades que implicaran un grado mayor de riesgo, como la construcción. La dificultad es que Piecer Ltda se enfocaba en contratos con entidades públicas, como el Serviu, y para ello es obligatorio que el contratista suscriba boletas de garantía.

Para poder cumplir esta condición, así como para tener acceso a financiamiento crediticio, apareció como una alternativa conveniente contar con certificados de fianza emitidos bajo el modelo de garantía recíproca, en este caso mediante el concurso de la sociedad Pymer SAGR. Este mecanismo de fianza le permitiría tener más fácilmente acceso a la posibilidad de contar con las boletas de garantía y continuar así con su actividad.

A mi papá le dijeron que era una tremenda alternativa, muy conveniente y que era ‘la última chupada del mate’ para conseguir acceso a recursos”, explica María José Pierotic, hija del empresario y su representante legal.

Hecho el contacto, representantes de Pymer SAGR acordaron los detalles del pacto comercial. Este incluía, como respaldo de la fianza, que el nuevo cliente tenía que dejar como garantía hipotecaria sus propiedades.

Durante los primeros meses el acuerdo parecía funcionar satisfactoriamente. No obstante, con el tiempo comenzaron a acumularse misteriosamente los gastos operacionales, comisiones y cobros por asesorías, sin ninguna explicación válida. Ello se unió a distintas operaciones de repactación realizadas “bajo cuerda”, que los ejecutivos de Pymer SAGR efectuaron sin conocimiento del cliente, según pudo comprobar más tarde la hija del afectado.

Al mismo tiempo, las boletas de garantía, que debieran tener una duración de dos años, nunca eran devueltas. En cambio, se realizaban “operaciones internas” bajo el paraguas de conseguir más créditos para el cliente.

“Se formaba así una verdadera ‘bicicleta’ de comisiones que llegaba a más del 50% de la deuda: una verdadera usura”, explica María José Pierotic.

Asimismo, imponían repactaciones de créditos antes de la fecha de vencimiento, “inflando” innecesariamente aún más el endeudamiento del cliente.

En la misma línea, “solicitaban de manera irregular que las víctimas depositaran en sus cuentas dinero para que ellos, de manera discrecional, pagaran supuestas deudas en virtud de un contrato de garantía recíproca que, además, nunca se protocolizó”, agrega María José Pierotic.

Según calculan los querellantes, solo por concepto de operaciones innecesarias el monto “inflado” en la deuda por estas operaciones sospechosas bordeó los mil millones de pesos. La constructora quedó en mora, perdió su calificación para postular a obras de mayor envergadura encargadas por el sector público y las propiedades en garantía, entre ellas su casa, quedaron en riesgo inminente de pasar a otras manos.

“Lo que pasa es que mi papá es un hombre que confía de buena fe en las personas. Es de la vieja escuela, de los que dan la mano para cerrar un trato, con absoluta confianza en la otra parte. Él no es lo que se considera como un inversionista calificado, según las normas de la CMF, ni cuenta con conocimientos necesarios del mercado financiero o sobre intermediación en este ámbito”, describe la abogada.

Siempre creyó que la gente de Pymer velaba por sus intereses haciendo operaciones de buena fe, y daba visto bueno a esas operaciones recomendadas por esos ‘asesores’, con la promesa de conseguir las mejores tasas y condiciones”, enfatiza.

Su padre hoy se arrepiente de haber prestado oídos a la oferta de Pymer e insiste en que el respaldo que exhibía la SAGR de parte de instituciones como la Corfo lo convencieron de aceptar inicialmente una oferta que finalmente se transformó en una pesadilla para su negocio.

“Yo confié en el Estado. Ese fue mi error”, admite José Luis Pierotic.

Este empresario, quien ha incursionado en campos innovadores como el desarrollo de viviendas industrializadas —una posible solución al problema del déficit habitacional que sufre Chile— actualmente se esfuerza para seguir en el rubro, a pesar de las graves consecuencias que sufrió su emprendimiento y mientras espera que la justicia aclare las circunstancias que rodean su caso.

EJECUTIVOS CON “PUERTA GIRATORIA”

Según la abogada Pierotic, uno de los elementos que despertaron sus sospechas dentro de la trama en la que se funda la denuncia penal tiene que ver con la existencia de una suerte de “puerta giratoria” entre ejecutivos que primero trabajan en la sociedad de garantía recíproca y posteriormente aparecen contratados como ejecutivos por los mismos los fondos de inversión que aparecen como acreedores, en operaciones que son realizadas sin conocimiento de los clientes de la SAGR, argumenta.

En el caso de Pymer SAGR, precisa Pierotic, si bien la Ley 20.179 le asigna a estas entidades el rol de “prestar asesoramiento técnico, económico, legal y financiero a los beneficiarios”, la Sociedad de Garantías Recíprocas finalmente gestionó préstamos y repactaciones sin que el cliente sea informado ni se enterara siquiera de tales gestiones.

“Ellos son avalistas y, por ende, no ponen el dinero, según la ley. No obstante, finalmente ellos terminan imponiendo al final qué institución se convierte en acreedora”, asevera la abogada. Ello pese a que la normativa que regula a estas entidades “no les da la facultad de elegir a qué entidad concurrir para obtener” los préstamos, sin autorización del cliente, argumenta.

Paralelamente, las maniobras que apuntan a profundizar el sobreendeudamiento del cliente llevan a que este ya no pueda cumplir con sus obligaciones, lo que deriva en que pierda sus propiedades que estaban como garantía.

“Finalmente, ellos se quedan con tus bienes, luego quiebran como sociedad de garantías, le pasan tus bienes a los acreedores, que son empresas relacionadas, y te quitan tus bienes de manera supuestamente ‘legal’”, acusa.

La abogada interpuso en 2022 una querella criminal ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos de administración desleal, usura, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.

Uno de los aspectos que incluye la acción judicial apunta a oficiar a Corfo para determinar “si la empresa Pymer SAGR solicitó líneas de financiamiento y créditos ante dicha institución y, en la afirmativa, remita copia de todos los antecedentes presentados por esta y copia de todos los antecedentes relevantes a la evaluación realizada y de los informes emitidos por Corfo entre los años 2012 y 2020”, según reza el texto de la querella.

Sobre el caso, este medio solicitó una entrevista con la fiscal de Ñuñoa a cargo de las indagatorias, sin que exista respuesta hasta el cierre de esta edición.

En tanto, la abogada Pierotic pidió a la fiscalía que solicite a la Corporación Nacional de Fomento información sobre los montos de dinero que se destinaron a la mencionada SAGR, así como antecedentes relacionados con la fiscalización de esta sociedad.

Asimismo, otra querella distinta, esta vez por el delito de estafa, fue interpuesta en Constitución en abril de 2020, ante el Juzgado de Garantía local, en nombre de la sociedad Forestal Santa Blanca. En dicha acción legal, presentada en la citada ciudad de la Región del Maule, también aparece mencionada la sociedad Pymer SAGR. Al menos otras dos acciones similares, presentadas por distintas víctimas, habían sido interpuestas hasta 2022.

En tanto, en Corfo se mantenía reserva sobre el tema hasta el cierre de esta edición.

TIMÓN HACIA EL FACTORING

Hasta 2022, la sede de Pymer SAGR todavía aparecía con una dirección situada en un edificio en la comuna de Providencia. No obstante, ese mismo año también figuraba en esa dirección, de acuerdo con registros consultados en internet, la empresa ProntoFactor, dedicada a operaciones de factoring.

“No, aquí no funciona Pymer. Hace muchos años que no está acá”, nos informó un funcionario que se encontraba fuera del edificio.

Ante una consulta enviada vía correo electrónico, Katherina Osorio, gerenta comercial de ProntoFactor, respondió brevemente. “Somos una empresa de factoring. No existe la ASGR”, planteó.

Inquirida sobre la presencia de exejecutivos de Pymer en la plana directiva de ProntoFactor, tal como figuraba en la información pública de esta última empresa que se podía consultar en su página web, no hubo respuesta.

Curiosamente, a principios de 2023 el sitio web de ProntoFactor ya no estaba operativo, y en la misma calle Orrego Luco figuraba la dirección física de otra empresa con el nombre «PymerFactor».

No es tan infrecuente, al parecer, que el negocio de las garantías recíprocas termine derivando hacia el factoring. Un directivo de otra antigua SAGR confirmó a este medio que optaron por no realizar más operaciones bajo el modelo de garantía recíproca. “Ahora estamos dedicados 100% al factoring”, explicó.

“ASÍ PERDÍ MI CASA”

Otra víctima “enganchada” por las promesas de este mecanismo financiero y que sufrió graves consecuencias en su patrimonio es Horacio Celedón, quien un día de 2011 recibió la visita de un ejecutivo bancario que traía lo que parecía una interesante propuesta.

Celedón era entonces propietario de la empresa Multifibras, que se dedicaba a la elaboración de ropa de cama. En ese momento, el empresario estaba en la búsqueda de financiamiento para traer sus materias primas directamente desde China.

“Quería importar de manera directa y así mantener mi competitividad”, explica.

En ese contexto, lo pusieron en contacto con otro ejecutivo que trabajaba para la Sociedad de Garantía Recíproca ProAval SAGR. Rápidamente, siempre mediante el sistema según el cual la SGR operaría como aval, le facilitaron la obtención de un préstamo por 420 millones de pesos en el banco Security.

Ellos me buscaron”, rememora. “Vino un vendedor de ProAval, la sociedad que iba a afianzar el préstamo y a la cual la Corfo ponía el respaldo. El tipo me dijo: ‘con la hipoteca de tu casa, yo te doy todo lo que tú quieras en préstamos’”.

Aceptada esta condición de hipotecar su residencia, el empresario insiste en que sus futuros acreedores le aseguraron que la cuota que le correspondería cancelar sería de unos 3 millones de pesos mensuales, monto que se encontraba plenamente dentro de la capacidad de pago de su empresa, asegura Celedón.

La tranquilidad pronto se esfumó para este emprendedor, quien admite que su larga experiencia laboral anterior como ejecutivo bancario no lo preparó para lo que venía. “Cuando fui al banco después del período de gracia, el ejecutivo de cuenta me dijo que en lugar de la cuota de 3 millones de pesos, tenía que pagar ahora 7 millones de pesos. Entonces le dije: esa cifra no la genero con mi empresa, relata, lo que me provocará inevitablemente el incumplimiento de nuestras obligaciones comerciales y quedar fuera del sistema financiero, por lo que era urgente corregir ese valor de pago mensual para mantener la viabilidad de la empresa”. Celedón prosigue que, para hacerlo, les tomo tres años, periodo “en el cual tuvieron el tiempo necesario para sobreendeudarnos por distintos conceptos, entre ellos, el más grave, llenar un Pagaré firmado en blanco sumándole más de $100 millones, y sin considerar todos los abonos de capital realizados en todo ese periodo de más de $100 millones, que evidentemente rebajaban la deuda”, señala.

Todos estos sobre endeudamientos, continúa el relato de Celedón, alcanzaron del orden de $400 millones, tanto como los créditos originales.

“Estas cifras fueron obtenidas de los propios documentos contables del banco Security, obligados a entregar por la ex Superintendencia de Bancos. Jamás han podido refutar ninguno de esos números, incluso reconociendo a la propia Superintendencia que los fondos de los créditos cursados fueron entregados a Proaval, con cartas de instrucciones para las que no tenían ningún poder para percibir y cobrar”, acusa.

En ese momento se puso en marcha una imparable “bicicleta” de repactaciones, “soluciones” y facilidades que le ofrecieron mes tras mes, supuestamente con el fin de paliar la creciente deuda. Celedón argumenta que siguió todos los consejos de los ejecutivos, atenazado por el miedo de perder su casa.

Los sobreendeudamientos en los que incurrí los consiguieron por la vía de cobrar intereses de mora, intereses penales, gastos de cobranza jamás realizados, simulación de comisiones de prepagos de créditos que, por supuesto, nunca se hicieron, e ignorando los abonos de capital realizados durante el periodo”, denuncia Celedón.

Además, agrega, hubo montos que «nunca fueron depositados en nuestras cuentas corrientes, por lo que nunca dispusimos de ellos. Para lograr calmar nuestras solicitudes de acceder a ellos, nos realizaron depósitos parciales, que al final fueron menos de la mitad de los recursos frescos que nos interesaba contar», enfatiza. «El resto, nunca lo recibimos”, asegura.

Así, la deuda lo fue asfixiando hasta que finalmente ya no pudo continuar solventando los pagos. Tuvo entonces que presenciar el fin de su negocio y vio cómo remataban su residencia, ubicada en el sector de El Arrayán. “Así perdí mi casa”, se lamenta hoy,

“Jamás pensé que estaba atrapado en manos de verdaderos delincuentes”, afirma Celedón, quien tras recopilar todos los antecedentes de su caso —que incluyeron, afirma, un reconocimiento del banco en cuanto a que parte de la documentación relevante había desaparecido— protagonizó un laberíntico peregrinar de más de seis años ante los Tribunales y distintas autoridades, desde la CMF y la Corfo al Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, La Moneda y la Cámara de Diputadas y Diputados en búsqueda de justicia, sin ningún resultado hasta hoy.

En tanto, ProAval fue absorbida en 2016 por Multiaval SAGR, según confirma un informe anual de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), antecesora de la CMF.

Para el empresario, el que las acciones judiciales que interpuso ante los tribunales para denunciar su caso no fructificaran se debería, según dice, a que en su caso intervinieron “personas poderosas que nadie se atreve a tocar, lo que les permite operar con total impunidad”.

“Los actos de corrupción siempre son difíciles de probar, aunque uno tenga presunciones muy fundadas”, reconoce. “El Estado de nuestro país, que incluye a toda su institucionalidad, no fue capaz de protegerme de la voracidad de personas que, habiendo obtenido condiciones especiales de beneficios para su funcionamiento, cometieron abusos económicos que superan todos los marcos éticos, traicionando la fe pública que nuestra sociedad depositó en ellos”, insiste.

HISTORIA CON TURBULENCIAS

Durante la década anterior a la actual, las Instituciones de Garantía Recíproca aparecían esporádicamente en la prensa, a veces como promesa para los emprendedores, pero también, en ocasiones, bajo signos inquietantes.

Así, por ejemplo, y a poco de asumir como vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel señaló en junio de 2018 —durante su primera reunión frente al Consejo Directivo de la entidad estatal— los “inconvenientes en los pagos” que se habían detectado en el caso de algunas Sociedades de Garantías Recíprocas”. Así lo consigna una nota publicada ese año por el diario La Tercera.

Un año después, otra información de prensa ponía el foco en nuestra ya conocida Pymer SAGR, “ligada al exsubsecretario del Trabajo y vicepresidente del Centro de Estudios del Desarrollo, Mauricio Jélvez, y a Iván Bravo”, se leía en la nota dada a conocer por Diario Financiero el 15 de octubre de 2019. El reporte periodístico daba cuenta de la solicitud de la sociedad de abrir un acuerdo de reorganización judicial para evitar la quiebra y saldar sus compromisos con sus acreedores.

En esa época, según DF, Pymer SAGR atendía a casi 700 pymes y había realizado 3.433 operaciones de afianzamiento.

La prensa también consignó en su momento el caso de la SGR Confianza, ligada a Marcelo Trivelli y que cayó en default en 2017.

Asimismo, otra nota publicada por el diario Pulso en octubre de 2017 informaba que el banco con mayor exposición a las SGR era el Security, con un 40,7% de la participación de acreedores sobre estas entidades de garantía recíproca.

¿QUIÉN FISCALIZA?

De acuerdo con antecedentes en manos de la Comisión para el Mercado Financiero, Pymer SAGR acreditó en su momento que cumplía con los requisitos fijados por ley y fue incorporada en los registros correspondientes, según confirmó a este medio la CMF. Fue registrada con la letra “A” —la más alta— el 1 de enero de 2011. No obstante, poco más de nueve años después, el 27 de marzo de 2020, su registro fue cancelado.

En el caso de Multiaval, esta entidad se encontraba en 2022 con su registro vigente y calificada en la categoría “A”.

Consultamos a la Comisión para el Mercado Financiero sobre la recepción de denuncias de posibles irregularidades en la operación de instituciones de este tipo. La respuesta oficial entregada a este medio indica que de acuerdo con la ley, la CMF “se encuentra restringida a velar por la correcta constitución de estas entidades y de su patrimonio”.

Esto incluye “su incorporación en un registro en el que se las clasifica en A o B según el caso, careciendo de otro tipo de facultades fiscalizadoras a su respecto, incluida una eventual intervención en reclamos interpuestos en contra de alguna de ellas”, precisan desde la Comisión.

AL MENOS US$ 200 MILLONES EN LA BALANZA

Eduardo Bitran, quien fue vicepresidente ejecutivo de Corfo entre 2014 y 2018 , explicó que esta entidad de fomento “tomó conocimiento de la mala gestión de las SGR y del impacto negativo en la liquidez de los fondos de garantía recíproca. Esto como consecuencia de un pobre diseño de los programas, que generaba incentivos inadecuados y no estimulaba la creación de capacidades”.

No obstante, “no se trata de irregularidades”, aseveró, ya que las sociedades “operaban dentro del marco establecido por los programas”.

«Corfo tomó las medidas dentro del marco que permitían los contratos vigentes. Esto con el fin de limitar las pérdidas futuras de Corfo. No tuvimos antecedentes de irregularidades que permitieran tomar acciones judiciales”, recalcó.

El exministro y actual académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez recuerda que Corfo diseñó los programas relacionados con las SAGR entre 2008 y 2011 y aportó en los programas I, II y III alrededor de 6,5 millones de UF (casi 230 mil millones de pesos, según valor actual) en financiamiento a los Fondos de Garantía Recíprocos. Asimismo, desarrolló un programa IGR 4 en 2013, en el que la entidad estatal otorgaba garantías a las operaciones de las SGR.

Agrega que entre 2014 y marzo de 2018 “se evaluó el programa con expertos independientes y se diseñaron mecanismos para incentivar la capitalización de los fondos, para mejorar las perspectivas de recupero de la Corfo”.

Bitran indicó que las Sociedades de Garantía Recíproca “fueron evaluadas por el Banco Mundial y expertos españoles con experiencia en el desarrollo de este modelo en España. En base a las evaluaciones externas y de la propia Corfo, se concluyó que la forma en que se estructuró el programa en Chile no generó capacidades que aportaran para mejorar el financiamiento a la Pyme”.

Añadió que ya en 2016 «Corfo concluyó que no debía permitir aumentar su exposición y que su tarea fundamental era establecer las condiciones para la recuperación de la liquidez de los fondos».

Entre los problemas detectados se contaban el alto nivel de comisiones (3,8%-4%); bajos niveles de recuperos (20% de reintegros a los fondos sobre siniestros totales); altos porcentajes de reafianzamiento (cobertura) sin contragarantías adecuadas; baja regulación de estados financieros, clasificación de riesgo y medidas prudenciales; una elevada exposición de Corfo en los programas IGR I, II y III; la descapitalización creciente de los Fondos de Garantía, especialmente en los dos primeros; alta siniestralidad de la cartera, y comisiones de reafianzamiento no alineadas con los niveles de riesgo, entre otros.

El exdirectivo recuerda que entre las medidas que adoptó Corfo con el fin de “limitar pérdidas futuras” se contó el diseño de un mecanismo denominado SGR Fortalecimiento, dirigido a generar mejores incentivos para capitalizar los fondos. No obstante, “hasta marzo de 2018 ninguna SGR tomó este nuevo programa y prefirieron seguir operando con los esquemas vigentes”, reveló.

Paralelamente, “en el período en el que me correspondió dirigir la Corfo, las SGR insistieron en aumentar las coberturas de Corfo, con el argumento que el aumento de su operación les permitiría generar recursos para recuperar los fondos. Corfo accedió a otorgar mayores coberturas, sujeto a condiciones de que una proporción de las comisiones se aportaran a los fondos y a exigencias de contragarantías adicionales”, precisó.

—¿En cuánto evalúa la exposición o las eventuales pérdidas en total que afrontaría la Corfo debido a la situación de las SAGR?

—Entre 2008 y 2012, Corfo aportó a los fondos de las SGR más de US$ 200 millones. No conozco la situación actual y, por tanto, no puedo señalar cuánto se recuperará—, indicó Bitrán. (Otras fuentes dicen que el monto podría ser mucho más alto)

SECTOR “HA IDO PERDIENDO TERRENO”

El número de instituciones de garantía recíproca ha disminuido un 50%, desde las 16 registradas en 2013. En este plano, Pablo Galleguillos, director senior de Instituciones Financieras de ICR, confirma que este sector ha mostrado una contracción significativa en los últimos años.

La clasificadora de riesgo ICR participa en la evaluación de Sociedades Anónimas de Garantías Recíprocas en Chile desde hace 11 años, lo que ha permitido a esta firma seguir con detalle la evolución de esta modalidad en Chile.

“Desde aproximadamente el año 2018 y con mayor fuerza en 2019, esta industria ha ido perdiendo terreno, debido a que la mayoría de las operaciones se ha ido concentrando en cada vez menos agentes, ya sea por adquisiciones y absorciones de carteras, o bien por salida del mercado de algunas entidades”, precisó Galleguillos.

El ejecutivo añade que no han recibido informaciones sobre eventuales irregularidades que involucren a determinadas SAGR. “No hemos tenido conocimiento de esta situación”, aseveró.

Galleguillos enfatizó que la principal recomendación a quienes quieran utilizar este mecanismo de apoyo es informarse adecuadamente. “Lo más relevante es que las empresas que estén evaluando recurrir a este servicio financiero se informen en profundidad”, agregó.

“Para ello pueden acudir a la información sobre la industria que está públicamente disponible en los reportes que emite Corfo, revisar las características de los programas y servicios, analizar las clasificaciones de riesgo y, finalmente, comparar las propuestas de diferentes oferentes”, recomendó.