Propuesta de reforma judicial en Israel: principales puntos y controversias

La reforma judicial planteada por el Gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu e integrado por varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, ha desencadenado durante las últimas semanas una oleada de manifestaciones que han elevado drásticamente las tensiones internas y que amenazan con provocar el colapso de la coalición, ante las amenazas de los socios de ‘Bibi’ de retirarle su apoyo si suspende los procesos legislativos para sacarla adelante.

La propuesta, impulsada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, tiene entre sus principales núcleos el entregar al Parlamento un mayor control sobre el aparato judicial, lo que ha sido denunciado como un intento de la coalición de aprovechar su dominio de la Knesset para afectar el sistema de justicia.

Así, el Instituto para la Democracia en Israel explica que el «objetivo explícito» de la propuesta es «debilitar la capacidad del aparato judicial de supervisar la acción de las ramas ejecutiva y legislativa», lo que podría poner en peligro el sistema democrático y las libertades civiles en el país.

Los principales puntos de la reforma giran en torno a una cláusula, conocida como ‘cláusula de invalidación’, que convertiría los fallos del Tribunal Supremo sobre legislación aprobada por la Knesset en una «recomendación» que el Parlamento podría saltarse en caso de que la corte dicte que la ley es «inconstitucional».

Israel no cuenta con una Constitución formal y tiene una batería de Leyes Básicas que regulan la separación de poderes y que el Tribunal Supremo utiliza como punto de partida a la hora de determinar si las leyes aprobadas por el Parlamento se ajustan a este marco legal o suponen una violación del mismo.

En la actualidad, el Supremo puede declarar que una ley es «inconstitucional» e impedir su entrada en vigor, si bien la propuesta de reforma quita esta autoridad al tribunal y permite a la Knesset –y por lo tanto al partido o coalición que cuente con la mayoría de escaños– saltar este obstáculo.

Este punto ha sufrido diversos cambios desde el inicio de la propuesta y ha llegado a contemplar que esta cláusula permita mantener la ley en su redacción original, obviando por completo el pronunciamiento del Supremo, en caso de que una mayoría simple de 61 de los 120 parlamentarios voten a favor de mantenerla en pie.

Las críticas en torno a la ‘cláusula de invalidación’ giran en torno a que supondría eliminar el control del Poder Judicial sobre el Ejecutivo –salido de las urnas– y el Legislativo –donde se refleja el resultado electoral–, lo que implicaría el fin de los sistemas de control y la separación de poderes en Israel.

CAMBIOS AL NOMBRAMIENTO DE JUECES
El segundo aspecto de esta controvertida propuesta supone la introducción de cambios a la hora de designar a los integrantes del Comité de Nombramientos Judiciales para dar al Ejecutivo la autoridad para nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo.

El nombramiento de jueces en Israel está en manos del citado organismo, que puede también cesar a magistrados. El Comité de Nombramientos Judiciales está integrado por dos ministros, dos parlamentarios, tres jueces del Supremo y dos representantes del Colegio de Abogados.

En la actualidad son necesarios los votos de siete de los nueve integrantes para nombrar a un candidato, lo que implica que los políticos no pueden lograr nominaciones exitosas sin el apoyo de los jueces, lo que ha derivado en la necesidad de alcanzar un consenso para sacar adelante las propuestas.

El sistema actual fue implantado en 1953, cuando el Gobierno y la Knesset cedieron sus competencias a la hora de nombrar a jueces, que hasta entonces dependía de la recomendación del Ministerio de Justicia y ratificación del Parlamento de la propuesta del Gobierno en el caso de los integrantes del Tribunal Supremo.

Sin embargo, la reforma contempla cambios drásticos en este modelo que da a los políticos, y en concreto a la coalición gobernante, un voto decisivo en los nombramientos, una medida que algunos integrantes del Gobierno quieren extender a los jueces de todos los tribunales del país y no sólo al Supremo.

Así, busca dar el control del Comité de Nombramientos Judiciales al partido o coalición gubernamental, que podría también ordenar el cese de jueces en todos los tribunales, ya que el citado organismo tiene autoridad para ello, sin necesidad de un consenso con los representantes del aparato judicial.

La tercera pata de la reforma propuesta por el Gobierno de Netanyahu contempla la cancelación del conocido como «estándar de irracionalidad extrema» a la que puede recurrir el Supremo para intervenir en órdenes ejecutivas, en medio de las críticas de la coalición contra el tribunal por supuestamente excederse en sus competencias para bloquear las actividades del Ejecutivo.

El Instituto para la Democracia en Israel resalta en su página web que este concepto de «estándar de irracionalidad extrema» tiene como objetivo «evitar que un gobierno aprueba decisiones totalmente arbitrarias» y no «reemplazar los poderes de toma de decisión del Gobierno con los de los tribunales».

Por contra, el propio Levin sostuvo al anunciar la propuesta de reforma que los israelíes «van a las urnas, votan, y de vez en cuando gente que no ha sido elegida toma las decisiones», en referencia a las intervenciones que haya podido tener el Supremo para paralizar leyes consideradas inconstitucionales según los parámetros del conjunto de Leyes Básicas.

INHABILITACIÓN Y ASESORES LEGALES DE LOS MINISTERIOS
Asimismo, la reforma contempla cambios para dificultar o imposibilitar que un primer ministro en el cargo pueda ser declarado como incapacitado, un punto que la oposición describe como un intento de la coalición de proteger a Netanyahu ante la posibilidad de que sea declarado en conflicto de interés por el juicio abierto contra él por presunta corrupción.

Esta modificación, ya aprobada por el Parlamento fija que el primer ministro sólo podrá ser declarado incapacitado por él mismo o por el Gobierno, en caso de que haya una mayoría de dos tercios en el Consejo de Ministros, si bien esta votación debería ser respaldada por una ‘súper mayoría’ en la Knesset, lo que dificulta enormemente esta posibilidad y la descarta en el caso del actual mandatario.

De hecho, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, advirtió la semana pasada a Netanyahu de que su intención de participar en la reforma «es ilegal» debido al «conflicto de intereses», horas después de que ‘Bibi’ afirmara que se implicaría «personalmente» a raíz de la aprobación de la citada propuesta en la Knesset.

Por último, la propuesta busca que los asesores legales de los ministerios sean nominados por los partidos políticos, lo que podría provocar que fueran más dependientes de las presiones políticas. En la actualidad, los asesores legales son nombrados tras un proceso de licitación, si bien el Ejecutivo busca que sean nombrados por los directores generales de las cartas al considerar que son «posiciones de confianza».

La oposición denuncia que esta vía convertiría a estos asesores en apéndices de los partidos que controlen los ministerios, en lugar de figuras públicas independientes destinadas a dar opiniones legales sobre las acciones que adopten los ministerios y que están subordinados a la Fiscalía General.

Por ello, el Instituto para la Democracia en Israel explica que esta situación implicaría que, una vez se presenten propuestas por parte de los ministerios no se podrá asumir que han sido analizadas de forma adecuada y en línea con las leyes del país, incluidas las Leyes Básicas, ya que se abriría la puerta a que pasaran sin cortapisas respecto a las propuestas de los partidos. (Europa Press)