Justicia peruana rechaza impedimento de salida del país para exministra Betssy Chávez
A comienzos de marzo salieron a la luz unas imágenes inéditas en las que se ve a Castillo en complicidad con Chávez en los instantes previos al discurso lanzado por el expresidente.
El Poder Judicial de Perú ha declarado inadmisible la solicitud formulada por el Congreso de la República para impedir que la ex primera ministra Betssy Chávez pueda abandonar el país, y ha instado al Parlamento a subsanar los errores de forma de la petición.
El juez Juan Carlos Checkley ha informado de que la solicitud estaba mal redactada pues no especificaba la temporalidad de la medida ni se fundamentaban los argumentos en base a los que se solicita impedir que Chávez, última jefa de Gobierno del expresidente Pedro Castillo, pueda abandonar el país.
Así, el magistrado ha concedido un plazo de tres días para que el Parlamento de Perú subsane los errores bajo la amenaza de ser rechazada de forma definitiva, ha detallado el Poder Judicial de Perú, según recoge la emisora andina RPP.
La Comisión Permanente del Congreso acordó el viernes pasado, a petición de la Fiscalía, solicitar al Poder Judicial esta medida en contra de Chávez para evitar que abandonara el país mientras está investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el marco de la maniobra de Castillo para intentar disolver el Parlamento e instaurar un gobierno de excepción y que derivó finalmente en su destitución y arresto.
A comienzos de marzo salieron a la luz unas imágenes inéditas en las que se ve a Castillo en complicidad con Chávez en los instantes previos al discurso lanzado por el expresidente en el que anunciaba las anteriormente mencionadas medidas que, finalmente, no fueron respaldadas y derivaron en su detención.
Tras el arresto, la hasta entonces ‘número dos’ de Castillo, Dina Boluarte, ascendió a la Presidencia; mientras que sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles para protagonizar unas protestas que se han prolongado hasta la actualidad y en las que exigen la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones.
El Gobierno, por su parte, ha respondido con dureza a las protestas, en el marco de las cuales ya han fallecido en torno a 60 personas, lo que ha derivado en contundentes críticas por parte de organismos internacionales y potencias extranjeras. (Europa Press)