Gobierno de Francia asume que paros complicarán transporte durante días y critica bloqueos
Más de un millón de personas, según datos del Ministerio del Interior, salieron el lunes a las calles de las principales ciudades de Francia para criticar la reforma impulsada por el Gobierno.
Las protestas en Francia contra la reforma de las pensiones han provocado este martes nuevos problemas en el transporte público y la circulación, una situación que el propio Gobierno, crítico con los «bloqueos», asume que aún se prolongará varios días más.
Más de un millón de personas, según datos del Ministerio del Interior, salieron el lunes a las calles de las principales ciudades de Francia para criticar la reforma impulsada por el Gobierno, que plantea entre otras cuestiones elevar la edad de jubilación hasta los 64 años y ampliar el periodo de cotización para recibir la pensión máxima.
Los principales sindicatos han convocado dos nuevas jornadas de movilización –la primera de ellas este mismo sábado–, pero las protestas siguen siendo palpables principalmente en sectores estratégicos. Grupos de manifestantes han intentado cortar los accesos de varios puertos, entre ellos el de Marsella, según Franceinfo.
Además, el tráfico de trenes a nivel nacional y otros medios de transporte público, especialmente en la región metropolitana de París, han sufrido de nuevo complicaciones este martes. El ministro de Transporte, Clément Beaune, ha afirmado en declaraciones a LCI que las cosas podían ir mejorando «un poco», pero asume que no habrá normalidad plena «hasta finales de semana».
El Gobierno no se plantea ceder a las presiones y renegociar su reforma, si bien su principal portavoz, Olivier Véran, ha afirmado en rueda de prensa que «la puerta sigue abierta» para hablar. Asimismo, ha advertido de que «los bloqueos son lo contrario del diálogo», en alusión a los piquetes establecidos en algunas zonas.
La nueva ley está en plena tramitación parlamentaria y el Ejecutivo ya ha avisado de que no prevé tocar cuestiones clave. Sostiene que Francia debe equipararse con otros países europeos, aunque para los sindicatos y la mayoría de partidos de la oposición los cambios supondrán un retroceso en los derechos laborales. (Europa Press)
