Diputados RN ingresan proyecto de ley que autoriza a los alcaldes a instruir la demolición de “narco casas” por motivos de seguridad pública

Los diputados de Renovación Nacional e integrantes de las comisiones de Seguridad y Vivienda, encabezados por los jefes de bancada, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael ingresaron un proyecto de ley que busca autorizar a los alcaldes a instruir la demolición de “narco casas” por motivos de seguridad pública.

Los parlamentarios, Hugo Rey, Diego Schalper, Andrés Longton, José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Jorge Durán, Andrés Celis, Marcia Raphael y Frank Sauerbaum argumentaron en la presentación de la iniciativa que: “creemos que el mecanismo del alcalde Carter debe ser reconocido e institucionalizado, puesto que se aviene con el mandato constitucional de promover el bien común y agotar todas las instancias que el Estado de Derecho provee para aquello, al mismo tiempo que planteamos la necesidad de consagrar esta atribución de manera expresa para el problema del tráfico, consumo y conductas asociadas a sustancias ilícitas de manera de sortear eventuales impugnaciones de la medida por su legalidad.

Los legisladores proponen una modificación a la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, para habilitar a los alcaldes a instruir la demolición de aquellas edificaciones u obras que son un peligro para la seguridad comunal, calificadas como “narco casas”.

En este sentido, el diputado Hugo Rey, quien fue alcalde de Curicó, dijo que: ”Hay que reconocer el esfuerzo del alcalde Carter, y comprometer al mundo municipal en esta lucha, con herramientas legales que institucionalicen la posibilidad de derrumbar las narcocasas y consideren la coordinación con el Ministerio Público. Como diputados debemos entregar instrumentos para combatir el narcotráfico y dejar de lado concepciones garantistas que nos tienen sumidos en la crisis de seguridad más grave de las últimas décadas”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper dijo que: “En el combate al narcotráfico tiene que haber una actitud unívoca, coherente y colaborativa de los distintos poderes del Estado ; y por o tanto, aquello que ha implementado el alcalde Carter de La Florida hay que institucionalizarlo y fortalecerlo, cosa que haya un respaldo correcto en esa dirección”.

Andrés Longton aseguró que “esta iniciativa busca institucionalizar la capacidad que tengan los alcaldes de poder contribuir en la persecución del delito de narcotráfico.  Dentro de las medidas también incluye que los alcaldes informen al concejo municipal y al consejo comunal de Seguridad Pública sobre las demoliciones instruidas y practicadas”

Mientras que el jefe de bancada de los diputados RN, Frank Sauerbaum dijo que: “Tenemos el deber moral de aportar en el combate al narcotráfico y en las soluciones, y no sentarnos desde la comodidad de La Moneda a criticar los esfuerzos que ha impulsado el mundo municipal. Pero este esfuerzo no debe ni puede ser solo de uno o dos alcaldes, sino que debemos dotarlo de un marco legal que entregue herramientas a todos los municipios de Chile, y en los que nadie pueda cuestionar la participación del Ministerio Público ni se persiga a los persecutores que solo buscan derrotar al crimen organizado”.

Finalmente, los diputados José Miguel Castro y Andrés Celis coincidieron en que: «Tenemos que respaldar medidas de este tipo con herramientas eficaces y legales. No puede un alcalde buscar subterfugios y los fiscales ser perseguidos por perseguir el crimen organizado. Esta es una herramienta legal que les permitirá perseguir el narco sin cuestionamientos de la autoridad de turno».

Algunos alcances de la iniciativa son:

–    El Alcalde podrá instruir la demolición de obras o edificaciones que sean un peligro para la seguridad comunal por cometerse en ellas conductas vinculadas al tráfico de drogas sancionadas en la Ley N°20.000.

–    La demolición recaerá sobre edificaciones emplazadas en bienes inmuebles que han sido previamente incautados o decomisados, una vez que el Consejo Comunal de Seguridad Pública califique que el bien representa un peligro para la seguridad y que se certifique la calidad de inmueble incautado o decomisado.

–    El Ministerio Público deberá informar mensualmente a los alcaldes del territorio donde tienen asiento sus fiscalías sobre los inmuebles afectos a tales medidas.

–    Para practicar la demolición, se empleará idéntico mecanismo que el consagrado actualmente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, reemplazando la notificación por avisos por el colocar un aviso escrito en el inmueble y eliminando la etapa de impugnación judicial que dicha ley reconoce al afectado en cuanto ya existiría una medida de incautación o decomiso declarado sobre el bien, todo lo cual viene a aligerar la aplicación de esta atribución para el caso específico en que se emplee por asuntos de seguridad.