Concejales de Pudahuel y Juntas de Vecinos iniciaron acciones judiciales en contra de una autopista y órganos públicos por vulneración flagrante de la ley ambiental
El recurso de protección fue presentado por la conocida concejala Gisela Vila, que desde 2021 ha denunciado esta situación en la Contraloría.
Fundación Defendamos la Ciudad informó que ayer 14 de marzo se ingresó en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra de la sociedad concesionaria Vespucio Norte, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región Metropolitana de Santiago y la Contraloría General de la República por las acciones y omisiones que permitieron el funcionamiento y la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de la autopista Vespucio Norte sin contar una Resolución de Calificación Ambiental favorable.
Actualmente se están desarrollando obras en la autopista que ampliarán a 4 pistas el tramo Ruta 68-Av. Los Mares y eso provocará que el nivel de ruido asociado al tránsito vehicular llegue a 85 dBA que es tan ruidoso que existe riesgo de pérdida auditiva, recomendándose el uso de protectores auditivos. Pese a eso el SEA no exigió el ingreso obligatorio del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La DGOP tuvo el descaro de proponer la instalación de ventanas termo panel en las viviendas para que las personas no sientan el ruido dentro de sus casas, sin informarles de ese impacto, mientras que para no afectar a los vecinos de las autopistas Vespucio Oriente (I y II) se construyó una vía expresa subterránea y un parque con ciclovía en la superficie. En Pudahuel las autoridades del MOP y del Estado en general consideran aceptable una vía en superficie con 12 pistas de circulación sin una sola área verde ni menos una ciclovía.
A eso se agrega que a principios de los años 2000 la autopista Vespucio Norte eludió el SEIA, posiblemente, presentándose como una «autovía», tal como lo hizo la autopista Vespucio Sur, que luego fue obligada por la Contraloría a ingresar al SEIA, por denuncia de la fundación Defendamos la Ciudad, pero que solo sirvió para que se implementaran medidas de mitigación cosméticas.
El recurso de protección fue presentado por la conocida concejala Gisela Vila, que desde 2021 ha denunciado esta situación en la Contraloría, junto a los presidentes de las juntas de vecinos afectados y al concejal Cisternas.
Los denunciantes esperan que los jueces acojan a tramitación el recurso y se obligue a la concesionaria Vespucio Norte a someterse al SEIA con un Estudio de Impacto Ambiental, para así enmendar en parte la discriminación que por décadas han sufrido las personas que viven, estudian o trabajan cerca de la autopista y que la Contraloría sancione administrativamente a los funcionarios de la DGOP y del SEA que, en 2021, permitieron la elusión al SEIA de las obras actualmente en construcción.
