Un urbanista de verdad, testaferros, lobistas y especuladores

Desde hace tiempo estamos hablando, con una profunda mirada crítica, sobre los asuntos asociados a la vivienda, usos de suelo, áreas verdes, normas de edificación, medio ambiente, transportes, etc., dentro de las distintas comunas y regiones del país y por ello hemos considerado necesario proponerle a quienes se desenvuelven en el libertino y lucrativo negocio inmobiliario y a los arquitectos que les proyectan sus edificios, que lean con detenimiento el libro, recién editado en noviembre de 2022, «Parrochia Urbanista», compendio de los valiosos escritos, entrevistas y conferencias de Juan Parrochia, quien ya fallecido, como uno de los pocos urbanistas de verdad, entre otras cosas, fue el creador del Metro de Santiago.

Pues bien, en esta ocasión aludimos a las recientes publicaciones de los abogados y académicos, Hernán Corral y Hugo Herrera, quienes cada uno por su parte, criticaron con suma molestia al auto denominado «think tank» Instituto Libertad y Desarrollo, ligado al partido político UDI, por ser una organización privada financiada por empresarios de alto vuelo y que, por ello, sus «estudios económicos» permanentemente están dirigidos a favorecer los proyectos de los anteriores y en general a los actores privados que controlan el país.

Estando de acuerdo con la denuncia de esos dos conocidos abogados, dejamos en claro que no nos incomoda en absoluto ese comportamiento, pues es de toda lógica que sus «expertos estudiosos», vulgares testaferros, se vean compelidos a publicar en la prensa militante de derecha sus doctos análisis financieros que benefician a quienes los cobijan.

En términos muy simples los humedales son áreas que permanecen por períodos considerables de tiempo en condiciones de inundación en los suelos urbanos y rurales. Por sus valores ambientales han sido protegidos con la Ley N° 21.202 del año 2020 y aprovechando el ZOOM que sostuvimos el viernes 3 de febrero reciente con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, y con sus asesores, vemos con preocupación que el humedal urbano de Quilicura de 468,3 hectáreas, el segundo más grande del país, se encuentra amenazado por unos cuantos ambiciosos inversionistas quienes, con ingeniosos estudios técnicos, preparados por especialistas bien remunerados, han planteado la reducción de la protección del mismo para ejecutar allí pingües proyectos inmobiliarios.

Nos comprometimos con dicha alcaldesa que le entregaríamos los nombres de dos abogados entendidos en humedales y planificación urbana, lo que ya hicimos, para que, el elegido por el municipio, defienda en las instancias administrativas y judiciales la íntegra conservación del humedal, a sabiendas que el caso estuvo radicado en el 2° tribunal ambiental de Santiago y en la Corte Suprema con resultados adversos. Todos debemos estar conscientes de que la conservación de los humedales es prioritaria para las comunidades locales.

Sabemos que todas las fuerzas vivas de Quilicura y la propia municipalidad, con la sola excepción de un funcionario que no cree en los beneficios sociales y ambientales de los humedales, sostienen confiadamente que la última palabra en este episodio la tendrá Maisa Rojas, ministra ecologista del Medio Ambiente.

En relación a este asunto, debemos saber que un gobierno pasado, obedeciendo perentorias presiones de privados bien relacionados con el poder político, publicó en el Diario Oficial la modificación PRMS-100 al instrumento normativo intercomunal denominado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

De esta forma, se amplió el límite urbano en 8 comunas periféricas, una de las cuales era Quilicura, con lo cual en esas comunas 10.000 hectáreas de extensiones rurales de buenos usos agrícolas se transformaron en urbanas, muchas de las cuales correspondían a predios rústicos de 0,5 has conocidas como parcelas de agrado, acogidos al DL 3.516 de 1980, instrumento legal que impide la ejecución de proyectos inmobiliarios en tales parcelas.

Los empresarios interesados en que se reduzca la superficie del humedal son Inversiones Butamalal S.A., Inmobiliaria Los Silos III S.A y Eduardo Oyarzun, quienes ya lograron en octubre de 2022 una sentencia favorable a sus intereses en el mencionado tribunal ambiental, instancia, que acogió solo parcialmente sus reclamaciones. Organizaciones ciudadanas, conjuntamente con la municipalidad de Quilicura, apelaron y la Corte Suprema, por forma, declaró inadmisible ese recurso.

Las parcelas de agrado acogidas al DL 3.516, cuyo uso de suelo siempre es agrícola, si la autoridad competente desea transformarlas en urbanas para desarrollar en ellas actividad inmobiliaria, puede hacerlo, pero solo a través de un cambio legal aprobado en el Congreso Nacional y por ello sostenemos que los predios localizados en la superficie del humedal que tienen esa tipología no pueden ser urbanos, a pesar del cambio reglamentario contenido en el PRMS-100.

Debido a que el DL 3.516, por ser ley, tiene mayor jerarquía que una modificación reglamentaria del PRMS, ahora será imprescindible que dicha municipalidad le consulte por escrito al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y al Servicio de Impuestos Internos (SII) que les informen cuales son los predios acogidos al DL 3.516 que se localizan en las 468,3 hectáreas del humedal, a sabiendas, como ya lo publicó el medio Interferencia, que Inversiones Butamalal en el año 2021 había comprado más de 20 de esas parcelas de agrado. Probablemente otras tantas de esas parcelas existen dentro del humedal, materia que se conocerá tan pronto respondan el SAG y el SII.