Presentan en Argentina cuatro querellas contra una treintena de agentes por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado este martes de la presentación de cuatro nuevas querellas contra más de 30 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por delitos que van desde la lesa humanidad al asesinato y la tortura de represaliados por la dictadura franquista. Uno de los agentes incluidos en las querellas es el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Las cuatro querellas son la presentada en los juzgados de Ferrol por el hermano de Moncho Reboiras, presuntamente asesinado por la Policía en 1975 de tres disparos por la espalda; la presentada en los de Valencia por el hijo de Vicent Almiñana, quien habría sido sometido a torturas en 1972; la querella de María Concepción Edo Gil que denuncia en los juzgados de Pamplona torturas tras su detención en 1973 por repartir octavillas de un sindicato; y la que ha presentado en Madrid Julio Pacheco Yepes, un miembro del grupo terrorista FRAP que en el 75 denuncia haber sido sometido a torturas.

Jacinto Lara, del equipo jurídico de CEAQUA ha explicado en una rueda de prensa que estas querellas se suman a la presentada en Barcelona por los acontecimientos de la comisaría de Vía Laietana, y ha destacado «el valor y la valentía» de las personas que han decidido emprender acciones penales «en un marco de impunidad» desde que se aprueba la Constitución en 1978. Ha lamentado que en más de 40 años el Estado se ha negado a enjuiciar estos crímenes, y ha apuntado que con la nueva ley de memoria democrática se abre una oportunidad para que estos delitos sean finalmente investigados.

Al hilo, ha recordado que, previamente a estas querellas, se presentaron otras 80 que fueron inadmitidas a trámite por los juzgados españoles escudándose en la ley de amnistía. Y ha comentado que ahora es un buen momento para impulsar estas querellas criminales dado que hay dictámenes de organismos internacionales de Derechos Humanos que censuran las políticas de impunidad en este ámbito y porque en 2021 se conocieron los votos particulares de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Gerardo Iglesias, donde «se ponía encima de la mesa la necesidad de que fueran admitidas a trámite esas querellas».

También ha recordado que en los contenidos «mínimos» de esa ley de memoria democrática, los diferentes grupos parlamentarios manifestaban «que se ponía fin al marco de impunidad». «A ver si se cumple», ha explicado.

El portavoz de Amnistía Internacional, Daniel Canales, ha explicado por su parte que espera que estas cuatro querellas sean una oportunidad para dar una respuesta a los represaliados acorde al derecho internacional, y distinta de la habitual que se amparaba en la prescripción y en la ley de amnistía.

«Las amnistías son incompatibles con estudiar actos de tortura» ha apuntado, para añadir que «hay que derribar ese muro de décadas porque el dolor no se sana con silencio y olvido sino con justicia».

LAS OCTAVILLAS DE LA TELEFÓNICA
El primero de los casos presentado este martes ha sido el de María Concepción Edo que ha recordado que sufrió torturas y trato vejatorio en junio de 1973 cuando tenía sólo 19 años. Todo ocurrió tras un reparto de octavillas de un sindicato, y ha recordado que ella misma lanzó desde el edificio de Telefónica una cantidad importante que la gente recogía del suelo. «La calle era nuestra», ha rememorado.

Según ha relatado, al volver a casa se encontró con que había gente y repentinamente se vio rodando escaleras abajo. Ya en comisaría, sin ser asistida por los médicos le llamaron «zorra, guarra y puta», y le pegaron entre varios policías «de la cabeza a los pies», ensañándose con el vientre y el abdomen.

Ha apuntado que de la experiencia salió marcada de por vida, con el útero desplazado, varias vértebras descolocadas y lesiones crónicas con necropsia en un tobillo. Tras un mes en el hospital le acabaron diagnosticando poliartrosis por los golpes, y ha recordado además las condiciones lamentables de las diferentes cárceles por las que pasó.

Ella ha decidido presentar la querella porque considera que es necesaria para que «salga a la luz y se investigue lo sufrido por tantos presos», y ha hecho un llamamiento a las mujeres y hombres represaliados para que se sumen. «Espero que la mía sea un pequeño grano de arena para que se juzgue a los que torturaron», ha indicado. Su querella recoge los nombres de los agentes de la Policía José Blanco Martín y José Bernardo Barba Martín

JULIO PACHECO YEPES Y SU ENCUENTRO CON VILLAREJO

En la querella de Julio Pacheco Yepes, presentada en los juzgados madrileños, se recogen las torturas sufridas en la Dirección general de Seguridad, en la Brigada Político Social, situada en la Puerta del Sol, en agosto de 1975. Ha recordado que le detuvieron en su piso de Lavapiés cuando tenía 19 años, militaba en el PCE y era miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

Su detención, ha explicado, se debió a un atentado que se había producido días antes contra un teniente. Él fue conducido a dependencias policiales donde permaneció siete días en los que, denuncia, sufrió torturas durante el interrogatorio. «Querían que me autoinculpara y que dijera que había estado en el comando, me acusaron de terrorismo y luego en noviembre me pasaron al Tribunal de Orden Público», ha indicado.

Ahora, tras tantos años se ha animado a querellarse contra los agentes que presuntamente le torturaron porque considera que el momento es el propicio. Y entre ellos ha citado al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien está siendo investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la causa ‘Tándem’ en más de una treintena de piezas separadas. A él suma en la querella los nombres de José María González Reglero, Álvaro Valdemoro y José Luis Montero Muñoz.

LAS JUVENTUDES MARXISTAS LENINISTAS

En el caso presentado en los juzgados de Valencia, se recoge que Vicent Almiñana fue detenido en junio de 1972 por agentes de la guardia civil junto a otros nueve jóvenes y fueron acusados de formar una agrupación de las Juventudes Marxistas Leninistas. Según consta en la información facilitada por CEAQUA, los agentes trataron de incriminarles en manifestaciones y Vincent fue objeto de «malos tratos, golpes, insultos y amenazas.

Tras cuatro meses de cárcel y una condena de un año de prisión, Vincent comenzó a sufrir claustrofobia. Su hijo, Aùsias, se querella contra los agentes Martín Balaguer, Antonio Sánchez, Miguel Gil Martínez Forcano y Juan Cebrián Oroquieta.

En el caso de Ferrol, el hermano de Moncho Reboiras denuncia delitos de lesa humanidad y asesinato en los acontecimentos ocurridos el 12 de agosto de 1975 con motivo de un operativo policial. Reboiras era dirigente de la Unión do Povo Galego (UPG) en los 0, y con motivo de la represión vivía en la clandestinidad.

Ese día de agosto con motivo del operativo policial de registro de domicilios, y que movilizó a 26 agentes del Cuerpo General de la Policía de Ferrol, decide huir junto a otros compañeros. Él recorrió los tejados para distraer a los agentes, pero cuando bajó por uno de ellos a la calle le dieron el alto y le intimidaron con disparos al aire. Tres de ellos le alcanzaron en la espalda y acabaron con su vida tras desangrarse en un portal.

Los agentes, recoge la nota relativa a la querella, decidieron acribillar a balazos ese portal, echaron granadas con gases lacrimógenos y usaron arietes para simular que el asesinato había sido fruto de un enfrentamiento armado. (Europa Press)