Hijo de José Carrasco y otras víctimas de la dictadura piden en la CIDH anular «media prescripción» en violaciones a DDHH

El hijo del periodista José Carrasco, ex editor internacional de la revista Análisis y asesinado en 1986, Iván Carrasco, junto a otras víctimas de la dictadura y sus representantes, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra Chile y que ordene la anulación de la medida de media prescripción que ha permitido que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, hayan quedado en libertad o sus penas de prisión hayan sido reducidas.

«Andan libres por la calle, es una afrenta enorme y brutal para las familias y la memoria de nuestros familiares y para la tremenda lucha que se ha estado dando durante décadas», expresó en la audiencia ante la CorteIDH, Carrasco.

La CorteIDH llevó a cabo esta jornada la audiencia por el caso Vega González y otros contra Chile, el cual se refiere a la responsabilidad internacional del Estado chileno por la aplicación de la “media prescripción” o “prescripción gradual” en el marco de los procesos penales de 14 peticiones relativas a delitos de lesa humanidad, en los que figuran como víctimas 49 personas.

La demanda contra el Estado alega que la Corte Suprema de Justicia, al intervenir como tribunal de casación penal, decidió, entre los años 2007 y 2010, atenuar las penas otorgadas a los responsables de los hechos mediante la aplicación de la “media prescripción” o “prescripción gradual”, prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno.

Dicha disposición es aplicable cuando el responsable del delito se presenta o es hallado luego de haber transcurrido la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal.

Carrasco señaló que «para muchos familiares de las victimas, asesinados y desaparecidos en Chile es muy importante» que este asunto haya llegado a la CorteIDH, pues considera que en su país «se está imponiendo la impunidad mediante un mecanismo tramposo que es la aplicación de la media prescripción o prescripción gradual».

«Nos parece muy importante que la Corte Interamericana decrete que la media prescripción o prescripción gradual es una figura que no debe ser aplicada en Chile para el caso de las violaciones a los derechos humanos y en el caso de mi padre estamos pidiendo que el fallo sea anulado», apuntó.

Carrasco relató que los asesinos de su padre fueron condenados a prisión pero en 2009 la Corte Suprema aplicó la media prescripción y rebajó las penas a menos de 5 años y les otorgó la libertad condicional.

«Queremos que se haga justicia, que haya un castigo efectivo, real, a los criminales. Esa es la reparación que todo familiar de las víctimas está buscando», dijo Carrasco.

Durante la audiencia, la representación del Estado no formuló preguntas a Carrasco y el agente Oliver López expresó su solidaridad con la víctima por «el impacto personal y familiar por la grave vulneración a los derechos humanos» que supuso «el terrible hecho relativo al secuestro y ejecución extrajudicial de su padre».

Por su parte, el comisionado y relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, manifestó en la audiencia que mediante las prescripciones graduales el Estado chileno «desconoce el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad».

Agregó que como resultado de la aplicación de la medida, Chile incurrió en violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

«La reducción de la pena como resultado del tiempo, no resulta proporcional para restringir el derecho de las víctimas y sus familiares a sanciones que sean acordes a la gravedad de los delitos cometidos, sus múltiples efectos y la necesidad de evitar su reiteración», expresó Hernández.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CorteIDH una sentencia en la deje sin efecto la aplicación de la media prescripción para crímenes de lesa humanidad y que se anule también su aplicación en las 14 sentencias que incluye el caso sometido a la CorteIDH.

Después de esta audiencia las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.