HACE 20 AÑOS EN EL PERIODISTA: Irregularidades en la municipalidad de Vitacura: Las mil y una de Torrealba

(Por Javiera Motta) El alcalde de Renovación Nacional por Vitacura , Raúl Torrealba, con ambiciones de reemplazar a Joaquín Lavín en Santiago, se encuentra en aprietos, puesto que un grupo de vecinos de su comuna están reclamando un terreno de casi nueve mil metros cuadrados que la Municipalidad obtuvo gracias a un contrato, que a todas luces, parece ser fraudulento. A ello, se estaría agregando la auto declarada propiedad del terreno. La suma de la demanda es por más de dos mil millones de pesos.

Ver documentos y publicación original

Una guerra silenciosa se vive en Vitacura. Los vecinos del sector de Villa El Dorado han cercado en los tribunales al alcalde (RN), Raúl Torrealba, por una serie de irregularidades cometidas por el municipio, las cuales han motivado sendas demandas por parte de la Asociación de Vecinos de Villa El Dorado, una corporación privada sin fines de lucro que representa a los propietarios de ese conjunto habitacional.

Esta corporación suscribió un contrato de usufructo con la municipalidad de Vitacura el 5 de mayo de 2000, mediante el cual la Asociación entregó un terreno de casi 9 mil metros cuadrados para que se construyera un consultorio municipal, una sede comunitaria y un campo deportivo, según lo autorizado por la Contraloría General de la República, en dictamen N° 02343, del 21 de enero de 2000.

Al poco tiempo empezaron las irregularidades y las sospechas por parte de los dirigentes vecinales, puesto que en el lugar se instalaron un Centro Comunitario, un Centro Médico Privado y un gimnasio que -para muchos- no fue sorpresa que estuviera a cargo de los hermanos Gildemeister.

Fue así que algunos integrantes de la Asociación tomaron conocimiento de los términos del usufructo. Los terrenos se habían pasado gratuitamente a la Municipalidad y ésta, como gran «atención», les ofrecía a cambio en el contrato 25 cupos en el gimnasio, con uso máximo de 800 horas mensuales, previo pago de una inscripción de 5 mil pesos. El hecho enfadó a los vecinos, pues en la Villa El Dorado viven cerca de tres mil personas.

En una maniobra relámpago, un importante grupo de socios se auto convocó en una asamblea realizada el 4 de agosto de 2001, a la que llevaron un notario público. En menos de dos semanas destituyeron a los directores anteriores, quienes fueron cuestionados éticamente por sus pares al descubrir que el presidente de ese entonces, Hugo Díaz Oviedo, había firmado el contrato de usufructo siendo paralelamente funcionario en el departamento de patentes comerciales de la municipalidad de Vitacura, donde trabaja hasta el día de hoy; y el tesorero, Andrés Salinas, constructor civil, había sido contratado por la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela SA, encargada de construir los edificios en los terrenos de la Asociación, para que asumiera la ejecución de las obras sanitarias.

Es en esta parte de la historia que las cosas comenzaron a tomar otro rumbo. La primera medida de la nueva directiva, presidida por Paloma Martínez, fue solicitar a un estudio jurídico la revisión del contrato. El informe de los abogados fue contundente: la municipalidad no había cumplido su obligación legal de prestar la caución o fianza de restitución del inmueble ni levantado el inventario solemne, ambas exigencias señaladas en el artículo 775 del Código Civil. En palabras sencillas, el municipio no pagó 2 mil 160 millones de pesos a la Asociación, que es el valor que tienen los sitios 1 y 4, de propiedad de los vecinos, tasación comercial que esta certificada por Uriarte Arquitectos.

Asimismo, tampoco se había cumplido por parte del municipio lo dispuesto en el artículo 779 del mismo Código, que prohíbe constituir usufructos sucesivos y alternativos. Ello, porque la cláusula número 7 del contrato tiene un condicionamiento leonino. Si la Municipalidad no recupera los mil 200 millones de pesos -que dice que invirtió-, quien tendrá que pagar por la mala administración serán los vecinos de Villa El Dorado, los que además, deberán ceder nuevamente sus terrenos por un mínimo de 30 años más, aunque ninguno de sus actuales dirigentes tiene parte en esa administración.

El 31 de enero de 2002, la Asociación demandó civilmente a la Municipalidad. La causa, que en estos momentos se encuentra en etapa de pruebas y en espera de la notificación de las partes, debiera tener sentencia -en primera instancia- en los próximos dos meses.

En la demanda presentada por el abogado Juan Domingo Pinochet junto con el incumplimiento del Código Civil se explicitan otros vicios en la constitución del contrato, como es el hecho que sólo concurrieron 5 de los 7 directores de la Asociación a la firma del usufructo y que los estatutos de la corporación autorizan a ceder sólo el 20 por ciento de los terrenos. Y en este caso se entregó el total de ellos.

1. TORREALBA EN APRIETOS

La acción judicial tiene en serios aprietos a Raúl Torrealba. Los vecinos piden a los tribunales la nulidad del contrato y con ello, el alcalde que tiene pretensiones de reemplazar a Joaquín Lavín en Santiago, puede perder la inversión y los edificios que construyó en terrenos privados.

La primera cabeza que rodó en el municipio fue la del Director Jurídico, Patricio Ríos, a quien se le pidió la renuncia voluntaria, estilo que suele utilizar la entidad edilicia para reubicar a sus hombres en otras alcaldías.

Más tarde le tocó el turno al administrador del edificio en litigio, Domingo Prieto, quien se adjudicó la administración a través de una licitación privada, con una garantía de un millón de pesos, en circunstancias que por los montos involucrados la ley obligaba a llamar a una licitación pública.

Torrealba estaba entusiasmado y orgulloso de estas construcciones, pues era su gran obra de inversión a la comunidad. Sin embargo, el edil tuvo que inaugurar en una ceremonia muy privada, sin prensa, a la que asistieron casi puros funcionarios municipales, pues los vecinos le habían prometido un duro «cara a cara» y una ruidosa contra manifestación.

2. OTRAS IRREGULARIDAES QUE ESCONDE EL CASO

El 20 de noviembre de 2002, el departamento de Asesoría Urbanística de la municipalidad de Vitacura, informó a la junta de Vecinos A-7 de Villa El Dorado de una audiencia pública del Concejo Municipal, destinada a modificar el Plan Regulador comunal.

Esta simple carta reveló que el municipio había otorgado permiso de edificación a la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela SA, sin contar el predio con el uso de suelo que exige la ley General de Urbanismo y Construcción al proyecto de construcción aprobado.

A pesar de esta irregularidad, la Dirección de Obras municipal recepcionó definitivamente la construcción el 26 de septiembre de 2001, vulnerando en ese acto nuevamente las disposiciones de la Ley General de Urbanismo. Así consta en certificado número 71/2001.

Las nuevas ilegalidades hicieron que los vecinos de Villa El Dorado presentaran, el 7 de enero pasado, una nueva querella contra Raúl Torrealba, esta vez ante el Juzgado de Policía Local de Vitacura.

«Se han infringido numerosas disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Por muy evidente que parezca, la Municipalidad no debió haber otorgado el permiso de edificación a la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela, ni menos haber recepcionado la obra ni autorizado su funcionamiento, el que continúa hasta el día de hoy», explicó el abogado Leonardo Ortega.

En tanto, Paloma Martínez señaló que «el uso actual de los terrenos es vivienda, por lo tanto nada de lo que está dentro de ese edificio puede seguir funcionando. El tratar de modificar el Plan Regulador, a casi un año de construida la obra y funcionando, no es más que un intento burdo de la Municipalidad de torcerle la mano a la ley».

3. ALCALDE SE HACE PASAR POR EL DUEÑO

Las posibilidades de arreglo a estas alturas son nulas. Más aún ahora, porque los dirigentes de la Asociación se enteraron, la semana pasada, de la existencia de documentos en los que el alcalde Raúl Torrealba se auto declara propietario de los terrenos.

Según consta en el expediente número 406 de 2001, en la carpeta hay «Declaraciones Juradas de calidad de propietario del Bien Raíz, firmada por don Raúl Torrealba del Pedregal, como representante legal de la I. Municipalidad de Vitacura».

Y por resolución del 24 de mayo de 2001, la Dirección de Obras, dirigida por José Ignacio Cañas, aprobó el proyecto de fusión de roles de los dos sitios que son parte del contrato de usufructo.

«No le hemos dado ningún poder al señor Torrealba para que actúe en representación de la Asociación y menos para que se haga pasar por el dueño de nuestros terrenos y efectúe tramitaciones arrogándose derechos ¡que no tiene!», dijo Martínez.

¿Qué fue lo que hizo el edil? El alcalde de Vitacura inscribió la fusión de roles en el Conservador de Bienes Raíces y en el plano archivado con el número 39223, de fecha 15 de junio de 2001, aparece la firma del edil y una lectura que dice: «Raúl Torrealba del Pedregal, representante legal, propietario lotes 1 y 4».

4. PRESIONES Y AMENAZAS

Para la presidenta de la Asociación de Vecinos de Villa El Dorado resulta incomprensible que transcurrido cuatro meses de interpuesta la demanda en el Juzgado de Policía Local de Vitacura, este tribunal no haga cumplir la ley.

«Me gustaría saber cuáles son las razones extra jurídicas que le impiden actuar al juez Sergio Villalobos acorde al derecho. Ojalá tuviera el mismo celo que muestra cuando los infractores son vecinos comunes y corrientes, o cuando se trata de pequeños o medianos comerciantes que tienen problemas con los permisos o patentes», afirma.

¿Qué la hace pensar que existen presiones?

El simple hecho de constatar que al interior de la Municipalidad existe un grupo de funcionarios serviles al alcalde, que incluso han llegado a poner su firma y nombre en documentos absolutamente irregulares, con el fin de mostrar una aparente legalidad que no es tal.

¿Para proteger a Torrealba ?

Sí, para proteger a este alcalde que más que alcalde es un verdadero patrón de fundo, que se cree intocable y con un poder tan grande, que está seguro que puede sentarse sobre las leyes con la más absoluta impunidad.

¿Quiénes son esos funcionarios?

Personas que están en cargos de confianza y funcionarios de bajo rango a los que no les queda otra que acatar la orden del jefe o que viene de arriba, como nos han confesado algunos de ellos.

Pero la pelea no sólo está en los tribunales. Martínez ha debido dejar una constancia en la 37 Comisaría de Vitacura por amenazas en contra de su persona, hechas -nada menos- por el jefe de gabinete del alcalde Torrealba, el abogado Andrés Ibarra, quien al término de una sesión de concejo le dijo a la dirigenta vecinal que «iba a pagar personalmente lo que estaba haciendo». De este hecho hay testigos, que también se hicieron presentes en la constancia.

Anteriormente, antes de colocar la demanda civil, la dirigente fue visitada en su casa por otro abogado de la entidad edilicia, Fernando Dagá. «Este funcionario fue a hacernos una serie de advertencias, un día en la noche, cerca de las diez. Estuvo esperándonos en su camioneta. Yo venía con mi madre de visitar a mi tío. Lo recibimos en la calle para que fuera visto por los vecinos. Nos dijo que presentáramos la demanda contra Felipe Guevara y no contra Torrealba y nos advirtió que no íbamos a sacar nada en la Contraloría General de la República, porque ahí tenían santos en la corte», recuerda Martínez.

5. LAS REPRESALIAS DEL MUNICIPIO

A cuatro días de interpuesta la demanda civil, el alcalde de Vitacura las emprendió en contra de los dirigentes vecinales de la Villa El Dorado, atacando a dos organizaciones comunitarias: la Junta de Vecinos A-7 y el Pami Sol de El Dorado, esta última una organización para los adultos mayores.

La Junta de Vecinos tenía aprobada por el Concejo Municipal una subvención para el año 2002 de 5 millones de pesos, cuyo decreto había sido otorgado y notificado a la organización por la Secretaría Municipal.

La presidenta, señora Esther Acuña, fue a buscar los cheques de la subvención, pero no estaban en Tesorería Municipal. En una carta el director de Serplac, Gustavo Bravo, le explicó que no se podía efectuar el pago por problemas de «disponibilidad presupuestaria». Luego, se le informó que el pago se retrasaría unos tres meses. Cumplido el plazo, la dirigente nuevamente fue a buscar el cheque, pero tampoco se lo entregaron.

El 19 de junio de 2002, por moción del concejal Juan Eduardo Izquierdo, se agregó a la tabla de discusión la suspensión de la subvención a la Junta de Vecinos. Según el concejal, y así consta en el acta, él se había enterado por comentarios que esta unidad vecinal no hacía ninguna actividad, por lo que no era necesario entregarle una subvención. Ante esto, el concejal democratacristiano, Sergio Hernández, sugirió que antes de votar se acordara convocar a la señora Acuña para escuchar su versión de los hechos, pues Hernández sabía que esa es una de las juntas de vecinos más grandes y activas de la comuna. La derecha votó en bloque y por mayoría le quitó la subvención.

La persecución llegó más lejos. El 23 de abril de 2002, la municipalidad de Vitacura interpuso una acción judicial en contra del Pami Sol de El Dorado, por una supuesta deuda que dice relación con unas boletas de honorarios de una monitora que hacía clases de inglés. De acuerdo con pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 22 de julio de 2002, «no existe objeción tributaria» sobre esas boletas, por encontrarse debidamente declaradas y pagados sus impuestos.

Esther Acuña asegura que «la estrategia municipal es aniquilar económicamente a estas organizaciones para provocar un quiebre entre los vecinos y obligarlos a asistir a los cursos que se entregan en el Centro Comunitario». Explica que la Junta de Vecinos y el Pami no se han ido a instalar a las oficinas de ese Centro «porque la edificación está en litigio y porque los dirigentes de la Asociación de Vecinos de Villa El Dorado han detectado otras irregularidades que nosotros no podemos desconocer. Somos gente respetuosa de la ley y no podemos involucrar a nuestras instituciones en situaciones a todas luces ilegales».