«Un negocio redondo que la red de Ponce está cocinando a espaldas del presidente Gabriel Boric», así consignó El Ciudadano en su reportaje acerca de «la operación de Ponce Lerou al interior del Gobierno para perpetuar su control del Litio».

El reportaje comienza destacando que SQM, la empresa minera privatizada a manos del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, ha infiltrado al Estado de Chile con operadores clave para conseguir que se le deje como el único socio del Estado, sin licitación y mediante un acuerdo directo.

¿De dónde viene el Litio en disputa?

Gran parte de las ganancias de SQM provienen de la explotación del Salar de Atacama, reserva de litio más grande del mundo. La empresa fue nacionalizada en 1971 por el entonces Presidente de la República Salvador Allende, para luego en 1983 comenzar su proceso de privatización en favor de Ponce Lerou, en el gobierno de Augusto Pinochet.

En 1995 , durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se le entregó a Ponce Lerou el arrendamiento del Salar de Atacama hasta el 2030 o hasta la extracción de 180.000 toneladas litio. Las condiciones  incluían el pago de una renta fija de apenas 5 mil dólares anuales al Estado, más un porcentaje menor de las ventas que hiciera la empresa de Ponce calculados a partir de un reporte trimestral elaborado por el propio SQM.

Demanda de la CORFO

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la CORFO presentó una demanda para dejar sin efecto el arriendo. En esa presentación se detalló cómo SQM «durante décadas se benefició irregularmente a costa del Estado en el Salar de Atacama, incluyendo la obtención de derechos ambientales a su nombre y en perjuicio del fisco, además de superposición de pertenencias a nombre de la minera con las de titularidad de CORFO y que la empresa se había obligado a proteger durante la vigencia del arriendo, entre otras actuaciones en contra del interés del Estado», detalló el reportaje.

Finalmente dentro de ese proceso judicial se llegó a un nuevo acuerdo con la minera. Es así como el mes de enero del 2018, Eduardo Bitran en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de CORFO suscribió una conciliación con SQM donde se mantuvo su derecho exclusivo de explotar las pertenencias del fisco en el Salar de Atacama hasta el 2030, fecha del contrato original, además de aumentar la autorización original de 180 mil toneladas de litio dentro de 45 años, a 180 mil toneladas por año hasta el 2030.

El problema de SQM

El nuevo contrato suscrito con la CORFO el 2018 fue un enorme triunfo para SQM, en un contexto donde no sólo se había revelado ante la opinión pública su sistemático incumplimiento a los términos originales del contrato de arriendo y el atentado grave al interés público que cometió durante décadas en su explotación del Salar de Atacama, sino donde además quedó al descubierto la extensa trama de corrupción que Ponce había montado a partir del financiamiento ilegal de la política. En esta red aparecían involucrados importantes personeros de derecha, tales como Sebastian Piñera y Pablo Longueira, además de parlamentarios y autoridades históricas de la ex concertación, como Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Roberto Leon, Rodrigo Peñailillo, Enrique Correa, Osvaldo Puccio, entre muchos otros.

El plan de Ponce Lerou

Frente a lo que significa perder la explotación del Salar de Atacama, Ponce busca instalar a lo menos dos ideas en la autoridad y la opinión pública, para poder seguir controlando el mercado del litio en nuestro país:

1. El Estado no tiene la capacidad técnica necesaria para desarrollar proyectos de litio en Chile;

2. SQM es la única que cuenta con esa capacidad y con la infraestructura necesaria para desarrollar a corto plazo proyectos de litio en Chile mejorando los estándares ambientales y de eficiencia.

«La principal idea que Ponce y su red están tratando de instalar para convencer al Presidente Boric consiste en que SQM es la única que cuenta con la infraestructura y tecnología para aumentar en a corto plazo la explotación de litio, mejorando la sustentabilidad ambiental de los procesos para su extracción y procesamiento. Lo anterior en un contexto donde existiría urgencia de aprovechar los altos precios que ha alcanzado el litio, sin que se sepa exactamente hasta cuándo se mantendrá en esos niveles», consignó El Ciudadano.

Esto, a pesar que de a partir de una «revisión de proyectos de litio en ejecución a nivel regional e internacional, se puede constatar fácilmente que existen muchos otros actores con capacidades instaladas que podrían invertir en paralelo a SQM y dinamizar la industria con más actores de aquí a que termine su contrato el 2030», añadió el reportaje.

Para leer el reportaje completo visita El Ciudadano.