Amnistía Internacional firma una declaración para combatir el comercio de instrumentos de tortura

En una declaración firmada en Londres, varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han hecho un llamamiento en favor de un tratado para prohibir la fabricación y el comercio de material intrínsecamente abusivo, como «porras con púas y dispositivos corporales de electrochoque, así como de la introducción de controles basados en los derechos humanos sobre el comercio de material para hacer cumplir la ley de uso más habitual, como aerosoles de pimienta, balas de goma y esposas».

Estos artículos suelen utilizarse para cometer actos de tortura u otros malos tratos, que están terminantemente prohibidos por el derecho internacional.

“Durante demasiado tiempo, los Estados han ignorado el comercio con instrumentos de tortura que permite a empresas de todo el mundo beneficiarse del dolor y el sufrimiento humano. Todos los Estados tienen la responsabilidad de actuar con decisión para poner bajo control este comercio. Esta declaración es un paso importante hacia la creación de un tratado internacional”, declaró Verity Coyle, asesora de Derecho y Política de Amnistía Internacional.

En los últimos años, en todas las regiones se ha utilizado material, como gas lacrimógeno, balas de goma, porras e instrumentos de coerción, para intimidar, reprimir manifestantes. Miles de personas manifestantes han sufrido lesiones oculares derivadas del empleo de balas de goma, y otras han sido alcanzadas por granadas de gas lacrimógeno, rociadas con dosis excesivas de sustancias químicas irritantes o golpeadas con porras, o han sido obligadas a mantener posturas en tensión mediante instrumentos de coerción.

Pese a ello, actualmente se carece de controles mundiales relacionados con los derechos humanos sobre el comercio de material para hacer cumplir la ley. No obstante, la Asamblea General de la ONU tiene ahora una oportunidad histórica de votar para que comiencen las negociaciones sobre un tratado al respecto.

Simon Adams, presidente y director general del Centro para las Víctimas de Tortura, dijo “me reúno con sobrevivientes de la tortura en todo el mundo. Veo las heridas que produce y las consecuencias que tiene un clima de impunidad que permite a los comerciantes vender con libertad instrumentos de tortura en el mercado mundial. Un tratado sobre el comercio sin tortura puede prevenir la tortura mediante la regulación y prohibición de la venta de los productos que se utilizan para infligir sufrimiento inimaginables”.

La presión en favor de un tratado sobre el comercio sin tortura llega después de la aprobación en 2013, por una mayoría abrumadora de los Estados de todo el mundo,  del Tratado sobre el Comercio de Armas, que convirtió un mosaico de leyes y normas nacionales y regionales en controles mundiales destinados a poner fin a las transferencias que alimentaban violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Algunas de las entidades firmantes de la declaración señalan que han trabajado con víctimas de tortura que quedaron ciegas por balas de goma, y conocen casos de mujeres embarazadas que sufrieron un aborto tras estar expuestas a gas lacrimógeno y también de gente que quedó desfigurada de forma permanente tras recibir palizas con porras y sobrevivientes que quedaron con traumas para toda la vida.

Alex Kigoye, director de programas del Centro Africano de Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, manifestó que «la tortura destruye la dignidad y la personalidad de la gente. Afecta gravemente a las personas y la sociedad, y un tratado desempeñaría un papel decisivo a la hora de proteger la dignidad humana».

Según Fatia Maulidiyanti, coordinadora del grupo panasiático de derechos humanos Kontras, hay que restringir de forma urgente el comercio de gas lacrimógeno.

Lucila Santos, de la Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO), expresó que “un tratado comercial libre de tortura podría retirar las armas intrínsecamente abusivas de la circulación, y contribuir a evitar que se cometan abusos contra los derechos humanos en las calles en el marco de las protestas. Sin controles comerciales internacionales estrictos y basados en los derechos humanos, las personas manifestantes de toda América Latina seguirán sufriendo graves traumas físicos y psicológicos”.