Cuando las cosas se hacen mal, hay que decirlo y con total franqueza.
El 2012, por primera vez, el Censo de Población fue un fracaso que obligó a un nuevo enorme gasto. Una vergüenza. El peor de la historia, dijeron muchos.
Pero suma y sigue, porque nuevamente, durante el segundo gobierno del Presidente Piñera, se realizó el Censo agropecuario destinado a definir políticas públicas de apoyo concreto al mundo rural y a los sectores productivos vinculados al sector Silvoagropecuario y a toda la ruralidad nacional.
Un Censo que se realizó durante la época más dura de la pandemia, insistiéndose en el uso de mecanismos virtuales para poder realizar las encuestas, en lugares donde el acceso a la conectividad digital era muy escaso o inexistente.
Pues bien, con estupor, RECIÉN nos enteramos en la comisión de Agricultura, tras la exposición de la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Andrea García, del fracaso total de este Censo.
Sí, así como se lee; del total fracaso porque no hay estimaciones del error muestral, no se logró encuestar a por los menos el 25 por ciento de los territorios, etc., etc. y, en resumen, otro Censo que no sirve.
Independientemente del error de origen, hoy tenemos más de 21.000 millones…21.000 millones!!gastados y con una respuesta inservible. El error es tan grande que no permite saber exactamente en qué situación se encuentra el sector agropecuario y forestal del país, mucho menos de la ruralidad. Ni siquiera sabemos con certeza cómo están respondiendo las regiones agrícolas al cambio climático, la falta de agua, a los problemas que tenemos de atomización de la propiedad rural, tampoco tenemos nada que nos indique del comportamiento de los rubros frente a un mercado distorsionado cómo el que tenemos en el país, además de abierto y dependiente de los vaivenes internacionales. Un desastre.
Se gastaron más de 21 mil millones de pesos, y hoy tenemos otro Censo más fracasado. ¿Es grave? por supuesto. Por eso no basta con reconocer este error. Se deben perseguir responsabilidades, pero también buscar formas urgentes de subsanar lo ocurrido.
Por eso, estamos pidiendo al Contralor que, de acuerdo a sus facultades, y ante la altísima suma de recursos públicos involucrados, no obteniéndose resultados válidos sobre los cuales construir políticas públicas y desarrollar la agricultura nacional, se realice una exhaustiva auditoría para aclarar los hechos y se adopten todas las medidas respectivas.
Po otra parte, esperamos, y así lo he manifestado, que las autoridades respectivas propongan soluciones y alternativas porque el mundo rural no puede seguir esperando el apoyo y fortalecimiento que requiere.
