La «guerra sucia» que develó la elección del fiscal nacional
Activistas, parlamentarios y líderes políticos acusaron que, para llegar al cargo influyen tanto los vínculos que tengan los candidatos y pesan tanto los contactos y la capacidad de lobby, que el mérito, el currículum y la efectividad para perseguir delincuentes, pasa a un segundo plano.
(Por Francisco Bravo Atias) Nunca antes en la historia de la Fiscalía de Chile había pasado algo igual. Por 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, el Senado rechazó la semana pasada la propuesta del presidente Gabriel Boric para que el abogado José Morales se convirtiera en fiscal nacional, pues se necesitaban 33 votos.
La situación dejó en evidencia dos cosas: primero, el complejo escenario que enfrenta el mandatario a la hora de gestionar sus propuestas ante la Cámara Alta, donde no logró ni siquiera alinear a los parlamentarios de su propio sector; y segundo, el entramado de lobby, secretismo y «amiguismo» que operó en la previa de la votación, generando un coro de quejas que pide modificar el sistema de elección de la máxima figura de la Fiscalía chilena.
«Esta ha sido una de las contiendas más revolcadas, con acusaciones cruzadas de toda naturaleza. Surgieron todo tipo de animadversiones ocultas que se transmitieron para descalificar candidatos. Hubo un lobby brutal de los abogados más destacados del país para elegir al fiscal que a ellos les gustaba. ¿Qué justicia entregaremos si para tener justicia hay que contratar a los amigos de los fiscales?», cuestionó en conferencia de prensa el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, uno de los parlamentarios que apoyó a Morales en la votación.
El propio Morales, actual fiscal jefe de la zona Santiago Norte, acusó una «guerra sucia» entre los tres poderes del Estado y la Fiscalía, los cuatro entes que participan en la designación del cargo. «Durante la campaña se presentaron datos que se filtraron desde el interior de Fiscalía, datos a los que solo tienen acceso determinadas personas. Hay quienes no quieren acabar con los privilegios que existen en Fiscalía», deslizó el abogado acusador, dando a entender que hubo corrupción en el proceso.
Activistas, parlamentarios y líderes políticos acusaron que, para llegar a ser fiscal nacional, influyen tanto los vínculos que tengan los candidatos y pesan tanto los contactos y la capacidad de lobby, que el mérito, el currículum y la efectividad para perseguir delincuentes, pasa a un segundo plano.
UN SISTEMA OSCURO
El fiscal nacional es un puesto de poder codiciado. Ordena y fija los criterios de actuación del órgano en materia de recursos humanos, remuneraciones, inversiones, planificación de desarrollo, administración y finanzas. El fiscal nacional nombra y remueve fiscales regionales a discreción, administra el presupuesto de la Fiscalía y actúa sin control de ninguno de los poderes del Estado.
No obstante, un candidato a fiscal nacional necesita la venia del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial para ser nombrado en el cargo, lo que genera dudas sobre la real independencia del puesto.
Cada ocho años, la Corte Suprema propone cinco candidatos. El presidente de la República escoge uno de esos cinco nombres y lo lleva al Senado para ser ratificado o rechazado. Hasta entonces, siempre había acuerdo en el parlamento y el Ejecutivo. Boric es el primer presidente al que se le rechaza un nombramiento.
«Es necesario reformar el sistema de elección del fiscal nacional. El problema parte con el sistema de quina creada por la Corte Suprema, ya que sus ministros no son sujetos pasivos de lobby en esta decisión, por lo que no tienen deber de transparentar reuniones con lobistas», pidió por Twitter la abogada constitucionalista de la Universidad de Chile, Bárbara Sepúlveda.
La petición de reforma también fue replicada por la fiscal jefa adjunta de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, y el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Ambos pidieron mayor transparencia en el proceso, más participación ciudadana en la elección y crear un sistema más neutral, con intervención de otros entes, por ejemplo de la Alta Dirección Pública, organismo independiente que realiza concursos públicos de los altos cargos de la administración del Estado.
UN GOLPE AL GOBIERNO
«No es tan fácil acompañar la propuesta que se nos ha hecho», dijo en conferencia de prensa el senador Esteban Velásquez, del partido Frente Regionalista Verde Social, integrante de la coalición del presidente Boric, antes de votar en contra del nombre propuesto por el jefe de Estado.
«Esta es de las votaciones más complejas que me ha tocado dar», afirmó en otra conferencia el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien votó por Morales, pero admitiendo no estar del todo convencido.
Era esperable que en la oposición hubiese varios parlamentarios que no aceptaran el nombre propuesto por Boric, pero lo del oficialismo fue un verdadero balde de agua fría para el Gobierno. Del Partido Socialista, dos senadores votaron en contra; del Frente Regionalista Verde Social, uno en contra y una abstención y cuatro parlamentarios independientes de izquierda decidieron no alinearse con el presidente.
Para un sector del progresismo, Morales es un buen fiscal de delitos comunes, pero no posee el mismo ímpetu al abordar la corrupción, o delitos llamados de «cuello y corbata». A su cargo estuvieron varios de los casos de corrupción más graves sobre política y empresas en Chile, como Cascada, Soquimich, Latam y Basura, los cuales tuvieron poco o nulo avance judicial.
Uno de los casos de colusión de empresas más espectaculares del último tiempo fue el de las farmacias. Las tres cadenas más grandes del país se coludieron para subir los precios de sus medicamentos y el juicio terminó con una condena algo particular: los dueños fueron castigados a realizar clases de ética, prometiendo no volver a repetir sus errores. Morales estuvo a cargo de ese caso.
La lectura general de la frustrada elección de Morales es que esta fue una de las mayores derrotas del Gobierno de Boric desde el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito constitucional de septiembre. Sin embargo, el mandatario salió a desdramatizar el asunto. «No considero que esto sea una derrota del Ejecutivo ni una división de nuestra coalición, me parece que es parte del funcionamiento normal de las instituciones», señaló en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda.
Pero la coalición oficialista sí se vio resentida por los votos divididos y dejó algunas consecuencias directas, como la renuncia de José Miguel Insulza a la jefatura del comité de senadores del Partido Socialista, asegurando que algo «se quebró» en el bloque de centroizquierda. «El daño ya está hecho, porque muestra una coalición de Gobierno poco afiatada. Históricamente, este partido dio el ejemplo de seguir la línea que nos planteaban los presidentes de la República y esta vez se negó a hacerlo», afirmó.
Este problema en el oficialismo se generó justo en medio de las conversaciones con la oposición para alcanzar un acuerdo que permita continuar con el proceso constituyente, por lo que muchos advierten que estas reuniones podrían extenderse aún más de lo previsto.
Esta semana se reanudará el proceso para escoger al fiscal nacional. La Corte Suprema deberá seleccionar hoy una nueva quina de candidatos, Boric deberá escoger otro nombre y el Senado dará, una vez más, su veredicto final.
(Sputnik)