Acuerdo por la nueva Constitución: entre la incertidumbre y la esperanza

(Por Francisco Bravo Atias) Quince partidos políticos, de oficialismo y oposición, lograron esta semana un acuerdo para continuar el proceso constituyente que se vio frustrado con el plebiscito de septiembre, donde se impuso la opción Rechazo a lo propuesto por la pasada Convención Constitucional.

«Hemos dado un paso necesario y decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia con libertades y derechos sociales. Chile no puede seguir esperando. Confío en la buena fe para arribar a acuerdos», señaló con esperanza este martes el presidente Gabriel Boric en conferencia de prensa.

El acuerdo al que llegaron los más de 40 políticos participantes estableció: mecanismo de redacción, composición de los órganos constituyentes, calendario de votaciones y un listado de bases constitucionales que deberán estar garantizadas en el texto que resulte para proponer al país.

Lo fundamental: la propuesta será redactada por un Consejo Constitucional de 50 miembros electos en votación popular, acompañados de un grupo 24 expertos designados por el Congreso y en noviembre del próximo año, el texto se plebiscitará.

Al igual que el presidente, varios se mostraron ilusionados al reabrir la puerta constitucional. «No es un acuerdo perfecto, pero ninguno iba a serlo. El proceso debe continuar porque Chile aún necesita una Constitución que supere al Estado subsidiario, consagre derechos sociales, avance en igualdad y paridad de género y proteja al medioambiente», tuiteó la abogada constitucionalista de la Universidad de Chile y activista por la igualdad de género Bárbara Sepúlveda.

«El acuerdo constitucional nos permite retomar el proceso constituyente y revertir la derrota del plebiscito de septiembre. También es la posibilidad de forjar un acuerdo transversal para superar la Constitución de la dictadura», agregó en la misma red social el exministro Secretario General de la Presidencia Jorge Inzunza.

Con un gorro de chef, una cuchara de palo y una cacerola llegó caracterizado este martes al Congreso el diputado del Partido Humanista (izquierda) Hernán Palma. «Este acuerdo se hizo en la cocina, a puertas cerradas, a espaldas del pueblo de Chile y sin considerar su opinión», criticó el performista parlamentario, cuya tienda no se sumó a la firma del acuerdo.

Las críticas más recurrentes de los líderes de izquierda que no participaron en la firma apuntaron a los cargos designados y al poder amplio que tendrán los expertos, a la poca representatividad que tendrá el Consejo al contar solo con 50 miembros y a las bases constitucionales, un listado de normas que quedaron escritas en el acuerdo y que no se pueden modificar.

Por su parte, los sectores más conservadores como el Partido Republicano (ultraderecha) se restaron del proceso porque no son partidarios de cambiar la actual carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

«Somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas. Este acuerdo logrado por los políticos no es más que una Convención 2.0, hecha a imagen y semejanza de la reciente fracasada, es prácticamente lo mismo que rechazamos casi 8 millones de chilenos», afirmó a través de un comunicado el senador Rojo Edwards.

LOS SABIOS DE LA TRIBU

Una de las principales incertidumbres que dejó el acuerdo fue el tema del comité de expertos, el grupo de 24 personas que será designado por la Cámara de Diputados y el Senado. «¿Expertos en qué?», se preguntaron algunos cibernautas al escuchar el término, pues ni la misma definición del acuerdo lo deja muy claro.

«Personas con una indiscutible trayectoria profesional, técnica y académica», detalló el texto. «Serán como los sabios de la tribu», ilustró, a modo de metáfora, el escritor Cristián Warken, uno de los pocos líderes sin militancia que participó en el acuerdo. El concepto se volvió tendencia en Twitter.

El periodista y columnista político Daniel Matamala acusó en redes sociales que la ambigüedad de la definición fue a propósito, usando la palabra «expertos» como un eufemismo para que cada partido político pueda poner a sus propios jugadores en cancha.

«Que los ‘expertos’ designados por el Congreso no reciban remuneración por su trabajo refuerza la idea de que no serán profesionales destacados, sino, simplemente, operadores de los partidos y de sus think tank (centros de pensamiento) en comisión de servicio», apuntó Matamala.

Algunos nombres ya han salido a la palestra para integrar el comité de expertos. El más repetido, Ricardo Lagos, expresidente entre 2000 y 2006, pues él mismo dijo a la prensa que estaba disponible y su anuncio fue respaldado por líderes de todos los sectores. En la derecha suenan nombres como el excanciller Teodoro Rivera o el exsenador de Renovación Nacional Carlos Larraín.

LOS 12 PUNTOS

A diferencia del acuerdo constitucional que hicieron los partidos políticos en noviembre de 2019 para iniciar el primer proceso constitucional, este segundo proceso cuenta con «bases constitucionales», un listado de doce normas que deben estar incluidas obligatoriamente en la propuesta redactada por el Consejo Constitucional.

Para la instancia, el Congreso designará a 14 abogados que integrarán un Consejo Técnico de Admisibilidad, cuyo único trabajo será establecer si el texto incluye o no las normas preestablecidas.

Algunos de los preceptos entre los 12 puntos son más bien genéricos y, en principio, no hay discusión sobre ellos, como que Chile debe ser una república democrática, cuya soberanía reside en el pueblo; que Chile es un Estado unitario y descentralizado o que la soberanía tiene como límite la dignidad y los derechos humanos.

Pero más adelante en el listado se aprecian algunas normas que fueron fruto de las exigencias de los sectores de derecha para suscribir el acuerdo, como por ejemplo, que la Constitución deberá consagrar que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos; que los padres tienen el derecho de escoger la educación de sus hijos y que las fuerzas de orden y seguridad serán Carabineros y Policía de Investigaciones (policía civil), echando por tierra la pretensión de algunos sectores progresistas de refundar las policías.

«Los 12 puntos del acuerdo ya es una Constitución, escrita por partidos políticos y movimientos de derecha. Ya amarraron todo. Y tranquilos, que esta vez no habrá campaña del terror, fake news (noticias falsas) ni mentiras. Todos dirán que es linda, pues la hizo gente con corbata y aprobarán felices», criticó en Twitter el exconvencional Jorge Baradit, quien no podrá participar de este segundo proceso, ya que el acuerdo prohíbe a cualquiera de los 155 miembros de la pasada Convención Constitucional integrar el nuevo órgano constituyente.

El calendario preliminar es el siguiente: en enero de 2023 el Congreso elegirá a los 24 expertos, quienes redactarán un proyecto base sobre el cual deberá trabajar el Consejo Constitucional, en abril se realizarán elecciones para escoger a los 50 consejeros y en mayo se dará inicio a la redacción. Si todo va en orden, en noviembre de 2023 debería realizarse el plebiscito nacional para preguntar a la ciudadanía si acepta o no el texto, en una elección que será con voto obligatorio.

(Sputnik)