A ley reajuste del sector público
La propuesta considera un compromiso del Gobierno de efectuar una adecuación al monto entregado a las remuneraciones que superan los 2 millones 200 mil pesos. Dicha solución se aplicará en dos tramos, concretando para estos funcionarios un reajuste del 12%, como el resto del sector público, a fines de 2023.
En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto (boletín 15557) que concede un reajuste a las remuneraciones del sector público, junto con otros beneficios, tras aprobarse en la Sala de la Cámara dos enmiendas implementadas en el Senado al texto despachado previamente.
El único orador en la sesión fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Explicó en términos generales los acuerdos políticos que viabilizaron la aprobación de la iniciativa y las modificaciones efectuadas.
Una de ellas perfeccionó una norma que entrega a los Servicios Locales de Educación la posibilidad de utilizar, por hasta un 10%, recursos de la SEP. Al respecto, se especificó que solo se podrán usar dichos dineros para la contratación de personal que colabore en la gestión técnico-pedagógica.
El segundo cambio refirió la facultad entregada a los municipios para traspasar personal a honorarios. Allí se especificó que dichos funcionarios pasarán a la modalidad de Código del Trabajo solo cuando no existan vacantes como contratas. Adicionalmente, en este marco, se estableció un compromiso de concretar en enero una mesa de trabajo tripartita para una solución integral a este tema.
Reajuste y futuras enmiendas
En el segundo trámite, el Ejecutivo llegó a un acuerdo político que permitirá extender el beneficio original de la iniciativa. Asimismo, compromete un estudio comparativo de remuneraciones para cargos tipo en el ámbito público y privado. Junto a ello, se explorarán formas alternativas de reajuste, entre otras materias.
Respecto del reajuste propiamente tal, el texto despachado determina un incremento del 12%, a contar del 1 de diciembre de 2022, para las y los trabajadores del Sector Público cuyas remuneraciones brutas sean de hasta 2 millones 200 mil pesos. Esto beneficiará al 89% de los funcionarios.
Para los funcionarios de rentas superiores se define, hasta ahora, un monto fijo mensual de 264 mil pesos por una jornada completa.
El citado acuerdo pasa por presentar una propuesta que permitirá a dicho grupo de funcionarios llegar también al 12%. Para ello, a partir de agosto de 2023, se entregará un incremento de 4% promedio de sus remuneraciones. El alza remuneracional se complementará en diciembre. Dicha cifra total servirá de base para el reajuste general que se determine para 2024.
Paralelamente, el Gobierno se compromete a la entrega de una propuesta de solución legislativa que resuelva las diferencias producidas en las distintas escalas de remuneraciones producto de los reajustes diferenciados otorgados a través de leyes anteriores. La idea es mantener la escala según orden jerárquico, atendiendo los casos en que grados inferiores alcanzaron a otros superiores.
Cabe recordar que el reajuste no se aplicará al Presidente de la República, senadores, diputados, ministros y otras altas autoridades. La Constitución Política regula un procedimiento especial para ese fin.
Otros beneficios
El proyecto también especifica a otros sectores beneficiados con reajuste (por ej. educadores de párvulos y a los asistentes de la educación) y expone la situación de las universidades estatales.
La iniciativa, de igual modo, concede los tradicionales aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para funcionarios y el sector pasivo. Igualmente, contempla la entrega de bonos como el de escolaridad, vacaciones y aportes a los servicios de bienestar.
Por último, el texto considera otras normas de carácter misceláneo. Ellas tratan materias como el control horario en teletrabajo; contratación de personal en servicios locales de educación; medidas en materia de ausentismo y deserción escolar; y traspaso de personal a honorarios en el sector municipal.
