Anuncian querella contra Jorge Bermúdez por delito de prevaricación en readministración de Parque Nacional Patagonia

(Por Cristóbal Muñoz) El Parque Nacional Patagonia continúa generando aristas en torno a su polémica creación, cuestionado proceso que terminó con la instalación de una operación minera dentro de los límites del resguardado recinto de conservación de la naturaleza austral.

Esta vez, los socios fundadores de la Corporación Costa Carrera anunciaron que interpondrán una querella contra el contralor general de la república, Jorge Bermúdez Soto, en el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de prevaricación tras haber tomado razón del segundo decreto de creación del área protegida en diciembre del 2018.

En la acción judicial, la organización asegura que el funcionario público aprobó el documento ingresado por el entonces ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en el que se presentaba un “error de cálculo” que habría otorgado inconstitucionalmente 2.360 hectáreas a la empresa australiana Equus Mining y su mina de oro en la costa del lago General Carrera.

Sin embargo, esta solo sería la punta del iceberg. Andrés Gilmore, socio fundador de la agrupación aysenina, acusa que el visto bueno de la Contraloría General de la República es el último sello de una serie de irregularidades iniciadas a fines del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y que terminó con la eventual instalación de un megaproyecto minero ubicado en la costa de la quinta reserva de agua dulce más grande del planeta.

El primer decreto

El lunes 29 de enero de 2018, en medio de los vientos australes de la Región de Aysén, la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la firma de los decretos que creaban la Red de Parques Nacionales de la Patagonia: 8 nuevos parques con una superficie total de 4,5 millones de hectáreas.

La mandataria concretó así el objetivo de décadas de esfuerzos mancomunados entre el Estado de Chile y las organizaciones ecologistas sociales, últimamente lideradas por la Fundación Tompkins, con el objetivo de preservar la naturaleza del extremo sur de nuestro país.

“Tenemos un gran compromiso con el planeta. Tenemos que cuidarlo, protegerlo. Cuidar lo que tenemos hoy día y para futuras generaciones. Y es por eso que la creación de la Red de Parques de la Patagonia es un aporte a Chile y también al mundo para que podamos seguir desarrollándonos de manera sustentable”, señaló la jefa de Estado, presentando oficialmente lo que sería parte de su legado de compromiso con el medio ambiente.

 

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Dentro del inédito proyecto se encuentra el Parque Nacional Patagonia, un recinto ubicado entre las comunas de Chile Chico y Cochrane, en la región de Aysén, y que cuenta con una superficie de 302.335 hectáreas, las que incluyen dos reservas naturales, donaciones de la familia Tompkins y de tierras estatales.

Su superficie fue acordada en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad celebrada el 10 de abril de 2017. En la instancia, la entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, indicó que el recinto se compondría de 49.151 ha. de terrenos fiscales donados por el Estado y de otras 83.723 ha. donadas por privados, terrenos que unirían a las ya existentes Reserva Nacional Jeinimeni (161.100 ha) y Reserva Nacional Lago Cochrane (8.361 ha).

La extitular de la cartera también señaló que las nuevas áreas no tienen “incidencia sobre eventuales proyectos de conectividad al sistema eléctrico, ni tampoco existen proyectos relativos a explotación minera”.

El 12 de febrero de 2018, poco más de ocho meses después de participar en el Consejo y adscribirse al Protocolo de Acuerdo, la ministra Palma fue la encargada de ingresar Decreto Supremo N°3, suscrito por los entonces ministros de Agricultura y de Medio Ambiente, creando así el Parque Nacional Patagonia.

Sin embargo, el texto presentó una notoria diferencia en la extensión del recinto: el decreto establecía que el mencionado parque tenía una superficie aproximada de 309.445 hectáreas, en base al plano N° 11401-1613 C.R., elaborado por la cartera de Bienes Nacionales. Es decir, 7.110 hectáreas más que las 302.335 acordadas en 2017.

Según un documento entregado por el Ministerio de Bienes Nacionales en respuesta a un oficio realizado el 12 de abril de 2018 por la senadora Ximena Órdenes, el excedente corresponde a 7.010 hectáreas de terrenos fiscales no considerados en el acuerdo original y a 100 hectáreas extras atribuidas a la Reserva Nacional Jeinimeni.

No fue hasta marzo de 2018, un mes tras ser ingresado el DS N°3 y en las primeras semanas de la segunda administración de Sebastián Piñera, que el senador UDI por la Región de Aysén, David Sandoval, denunció ante la Contraloría General de la República las irregularidades en el documento que crea el Parque Nacional Patagonia.

El organismo, ateniéndose a la legislación vigente, anunció que no tomaría en razón el decreto. A pesar del importante error, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, no ordenó ningún tipo de investigación, y dejó la readministración de las tierras del recinto en manos del entonces ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

Exploraciones de Equus Mining en la Patagonia y dentro de La Moneda

Tras el anuncio de la readministración de las tierras del Parque Nacional Patagonia, las reacciones desde la industria minera no tardaron en llegar.

El 3 de mayo de 2018, a las 17 horas, el entonces ministro de Bienes nacionales, Felipe Ward, recibió en las dependencias de la cartera a Damien Koerber y Sergio Andrés Romero Guzmán -hijo del ex senador de Renovación Nacional Sergio Romero Pizarro-, lobbistas de Southern Gold, la controladora de las operaciones de Los Domos y filial de la compañía australiana Equus Mining.

Según los registros del portal Infolobby, el motivo de la cita fue el de tratar una “exploración minera en bienes fiscales (Chile Chico, Región de Aysén) susceptibles de ser incorporados a la actual Reserva Nacional Jeinimeni y eventual futuro Parque Nacional Patagonia”.

Esta no es la primera reunión que sostienen con autoridades nacionales: los registros extraídos del Consejo para la Transparencia dan cuenta de 11 reuniones con distintos personeros del Gobierno entre 2017 y 2019; ocho de ellas referentes al proyecto Los Domos y la exploración minera en Chile Chico, Región de Aysén.

El interés de los australianos por la zona dentro del plano original del Parque Nacional Patagonia no solo se hizo patente a través de lobby e instancias reguladas. Entre 2016 y 2017, se adentraron sin los permisos correspondientes a las dependencias de la Reserva Nacional Jeinimeni para hacer sondeos mineros ilegales en la costa del lago General Carrera. El proyecto fue bautizado por los oceánicos como “Los Domos”.

La empresa fue denunciada por exploraciones ilegales en 2017 por Conaf y la Cámara de Comercio municipal de Chile Chico ante la Cámara de Diputados, quienes ordenaron una investigación a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y al Servicio Nacional de Geología y Minería. Los informes de la indagación confirmaron las prospecciones de la minera sin la evaluación de impacto ambiental correspondiente.

De hecho, el propio ministro Ward reconoció el 8 de junio de 2018 -cinco días después de reunirse con los lobbistas de Southern Gold- en una sesión de la Comisión del Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado que “se detectó, por parte del ministerio, la realización de actividad minera ilegal en terrenos fiscales al interior de la reserva nacional Lago Jeinimeni por parte de la empresa minera Equus Mining”. Ante el descubrimiento, el ministro señaló que la cartera “coordinará con el Consejo de Defensa del Estado la interposición de las acciones judiciales ambientales que correspondan”.

Sin embargo, según consigna El Mostrador, Bienes Nacionales informó través de una solicitud realizada vía Ley de Transparencia que “se constató que la faena minera se entiende por terminada, al no constatar maquinaria ni personal en el sector, no existiendo además ningún vestigio actual sobre los caminos nevados, respecto a movimientos y desplazamientos de maquinarias, por lo tanto no procede iniciar acciones judiciales al respecto”. Además, en la respuesta señalaron que la actividad minera se estaba realizando “aproximadamente a 157 metros del límite de la reserva”. La inspección de la cartera se realizó un año después de la denuncia original de Conaf y dos tras el inició de las operaciones de Southern Gold-Equus Mining en el lugar.

Una de las penas por realizar exploraciones fuera de norma es la caducación de la patente de la empresa minera para operar en Chile. A pesar de los antecedentes presentados por Conaf, la Municipalidad de Chile Chico, Sernageomin, la SMA y el Ministerio de Bienes Nacionales, el proceso terminó sin sanción alguna.

No fue hasta el año 2021 que, tras un requerimiento de la SMA, la compañía ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los detalles de las 23 exploraciones realizadas. Sin embargo, el 14 de octubre de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Regularización prospección minera proyecto Los Domos”.

El hallazgo realizado por las operaciones de Southern Gold-Equus Mining no fue menor: debajo de la cuenca del lago General Carrera, se encontró presencia de oro y plata, cuya extracción, según informan desde la empresa australiana, se debería hacer mediante el invasivo y contaminante proceso de fracking.

El fracturamiento hidráulico o fracking, por su traducción del inglés, es una técnica que, tal como dice su nombre, fractura el subsuelo para extraer minerales, petróleo o hidrocarburos que se presentan a profundidades mayores a los 2.000 metros. Además de corroer los cimientos del lago, el proceso amenaza con contaminar sus aguas, la quinta reserva de recursos hídricos del mundo: para poder levantar y extraer el polvillo de oro, se debe emplear el invasivo mercurio.

A pesar de las irregularidades protagonizadas por la empresa australiana y los antecedentes de la minería del fracking en el ecosistema, Los Domos recibió un fuerte apoyo desde La Moneda: fue añadido a la carpeta de proyectos priorizados por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, el único en la Región de Aysén.

La iniciativa prometió ser un fast-track o facilitador de trámites burocráticos estatales creado bajo la segunda administración de Sebastián Piñera para inversiones que “cumplan altos estándares medioambientales y se relacionen de buena manera con las comunidades”. La entidad también respaldó polémicos proyectos como Alto Maipo, Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. Tras quedarse sin presupuesto para el año 2021, hoy no figura dentro del sitio del Ministerio de Economía.

El segundo decreto

En junio de 2018, dos meses después de su reunión con los lobbistas de Southern Gold-Equus Mining, el entonces ministro Felipe Ward se dirigió hasta Chile Chico para conversar con la comunidad que se estaría viendo afectada por el Decreto Supremo N°3 presentado por su antecesora, Nivia Palma, documento que habría incluído dentro del Parque Nacional Patagonia terrenos privados y de veranadas de ganado.

En dicha instancia, la primera de dos que sostuvo con la población lugareña, aseguró que la readministración del área protegida tendría un plazo de tres meses y prometería atender a las necesidades de los chilechiquenses.

Así fue como el 13 de octubre de 2018, Ward viajó a la Región de Aysén para presentar el segundo decreto de creación del Parque Nacional. Una nueva fórmula en la que ahora excluyó de la superficie del Parque las “actividades esenciales para la subsistencia de los habitantes de la zona”, reemplazándolas por otras áreas.

Ya en terreno, anunció a la comunidad de Chile Chico que también se expropiarían un total de 2.237 hectáreas del Protocolo de Acuerdo inicial por poseer “aptitudes mineras”, lugar en que un proyecto minero, que contaba con apoyo desde la Oficina GPS y el beneplácito de La Moneda, había hecho exploraciones: Los Domos. Antes tierra protegida, la zona se ubica exactamente donde dos años antes se iniciaron las operaciones ilegales de Equus Mining, en la costa del lago General Carrera.

A modo de compensación por lo excluido de la propuesta original de 2017, se incluyeron aproximadamente 2.200 hectáreas más de suelo fiscal, aumentando el tamaño total del Parque Nacional de 302.335 a 304.527. Pero la forma en que el secretario de Estado conseguiría este terreno extra tampoco estuvo libre de acusaciones de irregularidades, al no informar como es debido el real objetivo de estas tierras.

El 25 de octubre de 2018, mismo día en que se redacta el segundo decreto de creación del Parque Nacional Patagonia y 12 después de revelar su propuesta en Chile Chico, el ministro Ward se presentó ante la sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para someter a consideración un aumento de la superficie del recinto por aproximadamente 2.200 hectáreas.

“Dicha modificación se explica, entre otras razones, por la necesidad de corregir los límites de la superficie propuesta ya que por error se incorporaron terrenos de propiedad privada a la superficie del parque. Asimismo, se explica por la incorporación de terrenos de propiedad fiscal los que pasaron de una superficie de 49.151 hectáreas a 51.424.34 hectáreas”, se puede leer en el acta.

A diferencia de lo anunciado menos de dos semanas antes, en ningún momento el ministro se refiere al uso de las tierras solicitadas como compensación por la exclusión de una zona específica de “aptitudes mineras”.

Ante el requerimiento, la entonces ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, le pidió a su compañero de gabinete que aclare si la superficie correspondiente a la Reserva Forestal Lago Cochrane y Reserva Nacional Lago Jeinimeni se vería afectada. Es en este momento que Ward negó que la modificación afectaría la incorporación de ambas reservas al Parque Nacional Patagonia.

Sin embargo, el entonces ministro de Bienes Nacionales sí restó terrenos fiscales del nuevo Parque, pertenecientes a la Reserva Nacional Jeinimeni, con su fórmula de readministración, para ser puestos a disposición del proyecto Los Domos de Southern Gold-Equus Mining.

El 16 de noviembre de 2018, el Ministerio de Bienes Nacionales de Felipe Ward retira sin tramitar el Decreto Nº3 ingresado durante los últimos días del segundo mandato de Michelle Bachelet, según informó Interferencia. Mismo día en que la nueva administración ingresó su propia propuesta, documento que terminó por dar luz verde a la intervención minera en el Parque Nacional Patagonia.

Compareciendo ante el Senado

Las acusaciones de irregularidades entorno al decreto ingresado hicieron eco en las autoridades, especialmente en los senadores Ximena Palma (IND-PPD), representante de la Región de Aysén, y Guido Girardi (PPD), quienes, tras amenazar al entonces titular de Bienes Nacionales, Felipe Ward, con una acusación constitucional, lo citaron a una audiencia en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

Es así como el lunes 4 de marzo de 2019 -a casi un año de las primeras denuncias por el Decreto Supremo ingresado por la administración de Michelle Bachelet-, el secretario de Estado cuestionado acudió a la Sala 3 del exCongreso Nacional para referirse a la modificación de límites del Parque Nacional Patagonia.

Frente a los senadores Guido Girardi, presidente de la Comisión, Ximena Órdenes, David Sandoval y Álvaro Elizalde, el ministro expuso las justificaciones detrás de la readministración de los territorios del recinto. En representación del gobierno anterior, se presentó su antecesora en Bienes Nacionales, Nivia Palma.

En la instancia, Ward reconoció que los cambios realizados en su decreto fueron a favor del proyecto minero que presentó ante la comunidad aysenina en octubre de 2018. «Nos encontramos con la preocupación planteada por el alcalde de Chile Chico (Ricardo Ibarra) y se nos expresó en dos reuniones con parte de la comunidad dado de que esta es una comuna que en parte e históricamente ha vivido en torno de la minería entonces, sin previo aviso, se les estaba dejando sin una de sus principales sino su principal sustento sin consultarle a nadie«, señaló.

Por su parte, Palma apuntó en su intervención que “en el fondo, aquí hubo una decisión política de excluir propiedad fiscal que no estaba en discusión su propiedad por parte del Estado y que pone de alguna manera el piso para que las demás autoridades autoricen a esta empresa para que lleve adelante un proyecto minero al lado de un parque”. “El impacto que va a tener un proyecto minero ahí, es francamente una barbaridad”, sentenció.

Además, la exministra reconoció que la empresa australiana Equus Mining, a través de la subsidiaria Southern Gold, también se le acercó cuando actuaba como titular de la cartera de Bienes Nacionales para pedir que se dejaran fuera del Parque las tierras donde se hicieron las prospecciones para el proyecto Los Domos. Mientras que el portavoz de la minera en el territorio sería el propio alcalde Ibarra.

Sin embargo, a pesar de que se mostró preocupación por la eventual mega operación minera colindante con el Parque Nacional Patagonia, el proceso en el Congreso terminó sin siquiera presentar un informe.

Consultado sobre las proyecciones de la sesión, el exsenador Guido Girardi señaló que no hubo avances en la preparación de un reporte durante el resto de su presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado.

Por su parte, el senador Alfredo de Urresti, quien presidió la Comisión tras la salida de Girardi, aseguró que se decretaron oficios, pero estos no figuran en los registros web de la cámara alta. Además, hizo hincapié en que «nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras, a diferencia de la comisión de la Cámara de Diputados».

Contraloría, Bermúdez y la prevaricación

A pesar de las dudas sembradas en torno al documento y las influencias en su creación, el Decreto Supremo presentado por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, que crea el Parque Nacional Patagonia con un eventual mega proyecto minero en sus territorios aledaños, fue avalado sin mayores reparos por la Cámara de Diputados y posteriormente tomado en razón por la Contraloría General de la República y su contralor Jorge Bermúdez.

Sin embargo, la Corporación Costa Carrera, organización que desde 1994 se ha dedicado a preservar la naturaleza austral participando de movimientos como Patagonia Sin Represas, una importante irregularidad pasó todos los filtros del conducto regular. Esta vez, se trataría del diseño del parque presentado por el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Tras de consultas y obtención de documentos a través de la Ley de Transparencia, la agrupación acusa que las cifras entregadas por la cartera de Bienes Nacionales del segundo mandato de Sebastián Piñera dejarían fuera más de dos mil hectáreas que habrían sido asignadas en concesión irregular a la empresa australiana Equus Mining para su polémico proyecto Los Domos.

Según explican, el cálculo sería simple. En su fórmula, el ministro Felipe Ward restó de la propuesta del primer decreto de 309.445 ha: 905 ha. de tierra privada, otras 3.815 por ser utilizadas en las veranadas y, finalmente, 37,31 hectáreas, que corresponden al saldo entre la zona expropiada por tener “aptitudes mineras” y sus terrenos de compensación (2.237,31 y 2.200, respectivamente).

Es decir, en vez de readministrar el exceso original de 7.110 hectáreas, sólo habría devuelto 4.757, una diferencia de 2.353 ha con el excedente inicial y que debería dar de producto un parque de 306.880 hectáreas.

Los socios fundadores de la Corporación denunciaron este descubrimiento a Contraloría, organismo que, tras dos años de comunicaciones y de sostener una audiencia por Zoom con la agrupación, informó que la readministración del Parque fue realizada desde cero y que, por lo tanto, lo realizado por el titular de Bienes Nacionales “se ajusta a lo declarado en el informe”.

Esto, según explica Andrés Gilmore, no sería correcto. “Ahí el contralor juega un poco con la ignorancia del ciudadano. En la primera respuesta que nos entrega, es muy claro en decir las hectáreas que se ‘devolvieron’, que fueron los errores cometidos por Nivia Palma. O sea, eso demuestra, fehacientemente, que la readministración que hizo Felipe Ward se sustenta en lo que hizo Bachelet II”, puntualiza.

“Si hubiera partido desde cero, como dice el contralor, tendría que haber establecido el Parque tal como lo determinó el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad en 2017: de 302.335 hectáreas”, sentenció.

Pero lo que más le llamó la atención fue la última respuesta recibida desde el escritorio de Bermúdez, donde se argumentó que “este Organismo de Control no puede evaluar los aspectos de mérito o la conveniencia de la decisión de crear el Parque Nacional Patagonia y de fijar su superficie, en los términos contenidos en aquel. Cualquier modificación de ese acto administrativo es facultad privativa del Jefe de Estado, conforme a lo indicado”.

“Hay una falta de estructura en la manera de tratar un decreto o con otro. Nos parece extraño -por decir lo menos-, que si pudo fiscalizar como corresponde el primer decreto y pudo fiscalizar a la presidenta Bachelet, en el caso del segundo decreto del gobierno de Piñera II no pueda hacerlo. Finalmente, el contralor se lava las manos al decir que no puede fiscalizar al presidente”, sostiene.

Es por esto, en representación de los socios fundadores de la Corporación Costa Carrera, Gilmore interpondrá una querella contra el contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, en el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de prevaricación tras haber tomado razón del “irregular” segundo decreto de creación del Parque Nacional Patagonia en diciembre del 2018.

A pesar de que Contraloría es su objetivo en esta pasada, para el socio fundador de la organización habría más culpables en el marco de una operación premeditada a través de dos gobiernos, para, finalmente, permitir el ingreso legal de Los Domos a tierras de la costa del lago General Carrera que deberían ser protegidas.

“Resulta muy extraño, por decirlo de manera diplomática, que cuando ingresan el decreto de creación del Parque el 29 de enero de 2018, al término del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se crea por 309.445 hectáreas, o sea, con un sobrante de 7.110 hectáreas. Esto nos indica a nosotros que ese hecho es premeditado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para crear el problema y abrir la ventana para la readministración del Parque, indicándonos que hay una asociación ilícita dentro del ministerio para que, al resolver este problema, se pueda intervenir el Parque”, apuntó el socio fundador de la agrupación aysenina.

Por lo tanto, el objetivo tras la querella interpuesta al contralor “es que se vuelva a revisar el protocolo utilizado para readministrar el Parque y que se pueda retirar la intervención del Parque Nacional Patagonia por el proyecto minero Los Domos en el sector de Quebrada Honda, que era parte de la Reserva Nacional Jeinimeni”.

Se espera que la acción judicial se ingrese a finales de esta semana.