Estudio releva dramáticas brechas del país en políticas de salud mental para la niñez y adolescencia

“En este nuevo estudio quisimos elaborar propuestas y recomendaciones para una nueva red de salud mental para niños, niñas y adolescentes, que incorpore los desafíos identificados en esta investigación, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y que permita, por sobre todo, asegurarles a ellos y ellas el ejercicio efectivo de su derecho a la salud, a la supervivencia y el desarrollo en su máximo potencial”, dijo la Defensora de la Niñez en el lanzamiento.

Para lograr aquello, el estudio investigó la temática a través de diferentes fuentes de información: revisión de evidencia internacional sobre salud mental (experiencia de seis países); entrevistas a más de 30 personas que se desempeñan en este ámbito en diversas reparticiones estatales; consulta a panel de expertos/as (académicos/as y/o profesionales vinculados al área de salud mental, infancia y derechos humanos) y, por supuesto, la consulta a los mismos niños, niñas y adolescentes, a través de una encuesta, en la que participaron 751 adolescentes de todo el país, y de la realización de grupos de conversación y análisis con niños, niñas y adolescentes que viven bajo cuidado del Estado.

La consulta directa a niños, niñas y adolescentes, a través de las herramientas ya mencionadas, arroja bastante información sobre las dramáticas brechas en el abordaje de la salud mental que enfrenta Chile. En la encuesta, además de identificar, en su mayoría, el concepto de salud mental como bienestar o sentirse bien, los y las adolescentes participantes reconocen como los problemas de salud más importantes para sus pares la ansiedad (92,9% de las menciones), la depresión (92,3%) y las auto lesiones (77,5%). Por otra parte, los y las encuestadas identifican como grupos especialmente afectados en relación a su salud mental a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado (84% de las menciones), a aquellos(as) pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ (82%), a las niñas y adolescentes (65%) y a quienes tienen alguna discapacidad (58%).

Consultados sobre el posible aumento en los problemas de salud mental producto de la pandemia y/o las cuarentenas, los(as) adolescentes participantes destacaron el incremento de dificultades vinculadas con la ansiedad y la depresión (86% y 83% de las respuestas, respectivamente).

En relación a la atención en salud mental, cuatro de cada diez de los(as) adolescentes encuestados(as) señalan no haber recibido nunca una atención por profesionales de la salud mental. Dentro de quienes sí la recibieron, la gran mayoría de los casos valoran positivamente dicha atención, pero al momento de ser consultados(as) respecto a los resultados alcanzados en dicho proceso de intervención, la valoración positiva disminuye de manera considerable (38% de los casos). En otro ámbito, la mayor parte de los(las) encuestados(as) señalan que los tres principales problemas de acceso son el alto costo de la atención (53% de los casos), la escasez de actividades de prevención (41%) o promoción (35%).

En los grupos focales de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado se revela que la salud mental para los participantes se trata de “cómo nos sentimos, cómo estamos, qué nos afecta» además se menciona, en relación a los problemas de acceso, que “la atención debería ser gratis” y también que deberían “ir y que nos atiendan altiro… que no nos hagan esperar”. Por otro lado, se levantó la necesidad que “los colegios deberían apoyar y estar más atentos al bullying” y que dentro de las residencias de protección y centros privativos de libertad “faltan más actividades, de todo, en cualquiera queremos participar. De ciencias, repostería… para aprender cosas que uno no sabe”.

En cuanto a las conclusiones extraídas de la experiencia comparada y entrevistas a expertos(as), se advierte que en Chile la legislación es insuficiente para regular la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Si bien con la dictación de la Ley N°21.430, de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la  Ley N°21.331, del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, se ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la salud física y mental, existen grandes desafíos ligados a la implementación progresiva del Sistema de Garantías y sus mecanismos de exigibilidad, para lo cual es fundamental considerar evidencia, como la que proporciona este estudio, para dirigir de forma eficiente los recursos humanos, financieros y operativos. A esto, tan crítico, se suma que el Estado destina insuficientes recursos estatales para el financiamiento de las políticas públicas existentes y hay una inadecuada distribución de dichos recursos para la diversificación, mantención y gestión de la oferta programática.

Otra brecha detectada es que no existen instancias de participación especialmente desarrolladas para niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la salud mental, ya sea a nivel de diseño, implementación o evaluación de la oferta programática o atención que se les entrega. Este ámbito, dice el estudio, no se visualiza como algo relevante y sigue enfocándose en lo consultivo.

Por otra parte, y entre las numerosas alertas que entrega el estudio, se destaca que existe un predominio de la oferta de tratamiento por sobre la de promoción o prevención y, aun así, esta oferta es insuficiente en todos los ámbitos de la salud mental, careciendo, además, de un sistema integrado de información sobre la situación de la infancia, adolescencia y la salud mental, accesible a todas las instituciones responsables de asegurarles el ejercicio de este derecho humano.

Todos estos hallazgos, además de otros que se detallan en el estudio, llevan a la Defensoría de la Niñez a entregar diversas recomendaciones a los organismos del Estado, para que se diseñe e implemente una política pública eficiente y eficaz en salud mental para niños, niñas y adolescentes, con una regulación normativa que permita garantizarles sus derechos; que se sostenga en la real intersectorialidad y coordinación; con mecanismos de participación efectiva e incidente para niños, niñas y adolescentes, estructurada metodológicamente en un modelo comunitario y con enfoque de derechos humanos, destinado a promover derechos y establecer mecanismos de prevención de vulneraciones, así como de denuncia e intervención; con recursos financieros suficientes, con mejores condiciones laborales para los equipos profesionales y un sistema integrado de información que contemple, además, monitoreo y evaluación de procesos y resultados. Dichas recomendaciones se especifican con plazos, describiendo acciones para el corto, mediano y largo plazo.

Para revisar en detalle tanto el diagnóstico como las recomendaciones del “Estudio de políticas públicas relacionadas con la salud mental de niños, niñas y adolescentes”, puedes visitar https://www.defensorianinez.cl/home-adulto/estudios-y-estadisticas/ .