Defensa de vicepresidenta argentina inicia su alegato en juicio oral

La defensa de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, comenzó este lunes a exponer su alegato final en el juicio que tiene procesada a la exmandataria por el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión (2007-2015) y la del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

«Después de casi tres años de audiencia quedó demostrado que lo que se decía allá por 2016 carecía de verosimilitud, y que las pruebas que se recogen en un juicio, cuando se incorpora legítimamente, destruye cualquier tipo de acusación», sostuvo el abogado Carlos Beraldi en su presentación.

Al recordar el inicio de la causa, hace seis años, la defensa de Fernández señaló que apenas asumió el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el director nacional de Vialidad, Javier Iguacel, presentó la denuncia que dio origen al expediente en base a una demanda similar presentada en 2008 por legisladores nacionales y desestimada en dos procesos judiciales llevados adelante en Santa Cruz.

«El alegato de los fiscales buscó obstruir la verdad, oponerse a las pruebas y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en el 2008, que venía siendo repetida por todos los medios de comunicación, pero no se puede hacer eso desde una instancia judicial», sostuvo Beraldi.

En base a la denuncia de Iguacel, la expresidenta fue imputada en agosto de 2016 y citada a indagatoria un mes después, momento a partir del cual la defensa reclamó la necesidad de realizar estudios periciales para cuantificar cómo se había distribuido la inversión pública entre 2003 y 2015 y sobre las obras investigadas.

«Los investigadores judiciales rechazaron todas las medidas de prueba y como era de esperar, procesaron a nuestra defendida por el delito de asociación ilícita y defraudación en contra de la administración pública», observó Beraldi durante su exposición.

La defensa de la exmandataria reclamó entonces que se realizara un juicio oral, el cual se llevó a cabo, pero con un tribunal que también rechazó las medidas de prueba.

Durante los siguientes tres años, declararon más de 100 testigos, peritos contadores e ingenieros y «quedó categóricamente demostrada la falsedad de la acusación», señaló Beraldi.

«Jugamos siempre en cancha inclinada», ponderó el abogado.

Ninguna de las 51 obras bajo análisis «resultó improductiva o innecesaria», según quedó demostrado durante el juicio, indicó el letrado.

Beraldi añadió que la inversión pública entre 2003 y 2015 requirió más de 107.000 millones de dólares, y que entre 2003 y2015, pasaron de 12.000 a 24.000 las empresas constructoras que participaron en la obra pública.

«Es falso que el único empresario de la obra pública haya sido Báez», cuestionó.

Para el abogado, la fiscalía incurrió en una mala praxis, al afirmar, por ejemplo, que once por ciento de la inversión pública nacional en obra pública fuera destinada a la provincia de Santa Cruz, sin que se pudieran realizar pericias para corroborarlo.

«Estamos frente a una acusación carente de prueba que además fue destrozada durante este juicio por la evidencia que se recoge, objetivamente», concluyó Beraldi en su exposición.

El alegato de la defensa continuará este martes y el próximo viernes, cuando se espera que la vicepresidenta haga uso de la palabra.

El debate oral tiene enjuiciadas en total a 13 personas, entre ellas quien fue el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que enfrenta el pedido de diez años de prisión y que también reclamó su absolución.

Este es el único juicio público vigente contra la vicepresidenta, que lleva adelante el ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Buenos Aires n°2 desde el 21 de mayo de 2019 y que en los últimos días entró en la fase de alegatos.

(Sputnik)

zzz/adp/ry