Auditoría forense al municipio de Viña del Mar constató notable abandono de deberes y daños al patrimonio en administración Reginato

Un notable abandono de deberes al no haber cuidado mínimamente el patrimonio municipal, es la principal conclusión que arroja la auditoría forense que el Municipio de Viña del Mar junto a su Concejo Municipal actual aprobó y contrató en diciembre del 2021 para detectar las situaciones anómalas que se cometieron durante la gestión pasada y que fueron presentadas en un concejo extraordinario transmitido a la comunidad.

La firma “Centro de profesionales para el desarrollo de la gestión e innovación SPA” (Grupo Panal), que auditó los estados financieros del período junio 2016 – junio de 2021, en el cual verificó 63 observaciones en total referidas al control financiero, control presupuestario, gestión municipal, reclutamiento y contratación de funcionarios, además de adquisición de bienes y servicios.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “la muestra que hemos tomado tiene tal nivel de verosimilitud y claridad, que da cuenta que no son hechos casuales, puntuales o cuestiones azarosa, sino más bien hechos concatenados que demuestran habitualidad en el tiempo”.

Respecto a los pasos a seguir, la alcaldesa indicó que “con este informe hacemos un proceso de contraste y tomar ayuda externa en términos en plan de mejoras para cambiar inmediatamente los procesos que hemos estado haciendo con los informes parciales. Es un proceso que debe pasar por diferentes etapas, como es la recepción oficial del documento y el contraste personal de la administración respecto a los hallazgos, porque puede pasar que alguien devuelva algo, y luego licitar un plan de mejora en la unidades más débiles y luego perseguir las responsabilidades”.

BIENES FALTANTES

Entre las situaciones que detectó la auditoría forense hubo 143 Decretos Alcaldicios para modificaciones presupuestarias, falta de trazabilidad y control de integridad en cuanto a los procesos .

También se cuenta un incremento injustificado de montos por arriendo de inmuebles destinados a Seguridad Ciudadana y la administración Deporte y Recreación (ex Casa del Deporte), respaldados con decretos alcaldicios pero sin una justificación concreta del incremento, ya que no se observó algún cambio en las características de los bienes, tamaño, mejoras u otros.

En el caso de Seguridad Ciudadana se observa un incremento significativo de 107,9 UF desde un valor de canon de 142,1 UF (04/01/2015) a 250 UF (12.01.2016). En cuanto a la ex Casa del Deporte hubo tres aumentos en un plazo de dos años: desde 45 UF inicial (01/01/2015) a 50 UF (31/12/2015), a 55 UF (31/12/2016) y a 60 UF (01/12/2017).

Asimismo, el informe detectó la falta de más de 1.000 bienes del inventario municipal, entre ellos tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal.

Un grave daño a las culturas implica, además, la falta de algunas pinturas y esculturas respecto de las cuales no se tiene conocimiento de su ubicación o destino, afectando el patrimonio cultural de la ciudad.

“No se cumplieron las prácticas de registro y control indicadas por la Contraloría General de la República, como tasación de edificios, valorización y clasificación de obras de Arte ($1.696 millones a Junio de 2021), inventarios físicos de bienes, para determinar su estado de uso e identificación física”.

22 MIL MILLONES EN HORAS EXTRAS

En el período evaluado, la auditoría determinó que el municipio pagó un monto total de $22.979 millones en horas extraordinarias (cerca de $4.600 millones anuales), con una altísima frecuencia.

Específicamente, durante 66 meses, un 97,7% de los funcionarios y funcionarias recibió pago por concepto de horas extraordinarias y el pago excesivo de éstas. Lo que implica una contravención con la legislación que regula la materia, ya que a la larga no era un pago extraordinario, sino que común.

La alcaldesa puntualizó que “esto no es responsabilidad del funcionario, sino de una mala política de administración de la remuneraciones, cuando podrían haber sido fijas y no a través de horas extraordinarias”.

65 MIL MILLONES SIN RECAUDAR

En cuanto a la gestión de cobranzas hubo una baja en la recaudación en los años 2018 y 2019, por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza aplicadas, lo que impacta en una masa importante de acreencias que el Municipio no ha podido ingresar a las arcas, por un total aproximado de $65.699,8 millones. “Esto es demoledor, una política de recaudación que fue totalmente inefectiva”, dijo.

“Eso quiere decir que entre las horas extras y los ingresos no recaudados, por no hacer una recaudación efectiva, tenemos un presupuesto anual: son cerca de $100 mil millones ”, precisó Ripamonti.

Y subrayó con preocupación que: “La consecuencia de todos estos hallazgos es el notable abandono de deberes. Si esto se hubiese sabido hace 5 años atrás, en un ejercicio de administración completamente distinto, el destino de la ciudad podría haber sido otro. Si consideramos que hubo $90 mil millones que no se recaudaron o gastaron mal, son escuelas nuevas, Cesfam nuevos, son los hoyos de las calles que no fueron reparados durante casi dos décadas”.

Otro aspecto que la alcaldesa calificó como preocupante y catastrófico, guarda relación con la construcción del presupuesto municipal: “no estaba bien calculado, no se sabía la cantidad de deudas, muchas estaban prescritas, el activo financiero no estaba bien definido, de modo tal que todos los presupuestos que se hicieron durante esos 5 años no eran efectivos, no tienen un documento de gestión que pueda acreditar la existencia de esos activos y pasivos”.

PLAN DE MEJORA

Tras un análisis exhaustivo del informe, el municipio evaluará la búsqueda de responsabilidades administrativas, civiles y penales, junto con continuar el plan de mejora desarrollado a fin de contar con una situación financiera más sana en beneficio de la comuna, a fin de asegurar la entrega de servicios y programas esenciales para el bienestar de la comunidad.

Ripamonti puntualizó que “el informe no implica señalar responsabilidades, éstas tienen que buscarse a través de los tribunales de justicia. Si son administrativas, políticas, penales o civiles, es algo que como administración tenemos que evaluar”.