Académicos U. de Chile analizan hoja de ruta para la puesta en marcha de un nuevo proceso constituyente

Tras un largo proceso constituyente que, en la práctica, tuvo su origen formal el 15 de noviembre de 2019, y con una pandemia de por medio, este domingo 4 de septiembre 13 millones de chilenos y chilenas en las urnas rechazaron la propuesta de texto constitucional presentada al país por la Convención Constitucional, con un 61,9% de preferencias por dicha opción, contra un 38,1% para el apruebo.

En lo concreto, y de acuerdo con lo establecido en la reforma constitucional que dio pie a este proceso, la Constitución del 80 sigue vigente; es decir, este proceso constituyente llegó a su fin. Sin embargo, desde el Gobierno y desde diferentes sectores políticos, existe la voluntad de iniciar uno nuevo. ¿Cómo debería ser? ¿Bajo qué nuevas condiciones? Estas son algunas de las interrogantes que, bajo la mirada de los académicos y expertos constitucionalistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga y Enrique Navarro, junto a la académica de la Facultad de Gobierno, Claudia Heiss, intentamos explicar y dar un contexto del escenario tanto jurídico como político que se abre tras los resultados del plebiscito.

¿Cómo se abre un nuevo proceso constituyente?

Dentro de este escenario, el único plazo concreto que existe es que cualquier nueva elección no podrá hacerse antes de 125 días, según se ha establecido desde el Servel. Es el tiempo mínimo entre elección y elección. Con ese dato sobre la mesa, ahora se deberá establecer primero la decisión de llevar adelante un nuevo proceso constitucional, para luego ver su forma y fondo.

Antes de los resultados de este domingo, existía, en prácticamente todas las fuerzas políticas, el consenso de que en caso de imponerse el rechazo se debería iniciar un nuevo proceso constituyente. La lectura es que la ciudadanía ya se expresó por un nuevo texto constitucional que reemplace a la actual carta vigente de 1980, y que se debería seguir trabajando para ello, pues lo que se rechazó este 4 de septiembre fue la propuesta hecha por la Convención. En esa línea, ha sido el mismo Gobierno, a través del Presidente Gabriel Boric, el que ha señalado que se debe hacer cumplir ese mandato y dar marcha a un nuevo proceso. Ahora bien: ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿de qué forma? son preguntas que ya se empieza a discutir.

En esa línea, hay varias propuestas sobre la mesa. En el plano jurídico, para llevar adelante cualquier decisión se debe hacer una reforma a la actual Constitución, similar a la que se hizo en noviembre de 2019 al capítulo XV de la Carta Magna. Esta iniciativa deberá deliberarse en el Congreso; eso sí, ahora bajo un quórum de 4/7 (89 votos en la Cámara y 29 en el Senado), luego de la reforma constitucional que se aprobó en julio de este año y que rebajó el quórum necesario para que este tipo de cambios constitucionales.

En ese plano, el académico de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, explica cómo debería comenzar a gestarse un nuevo proceso constituyente, el que deberá ser liderado por el actual Congreso Nacional. “Una hipótesis pasa por un acuerdo o pacto en el Congreso Nacional, con un quórum de reforma de 4/7, para decidir los términos de un nuevo proceso constituyente con un alcance o profundidad distinto al que acabamos de cerrar, porque será un proceso constituyente definido desde el poder constituido. ¿Qué riesgos hay?: el riesgo es que más que una nueva Constitución, lo que surja sea una reforma constitucional a la Constitución vigente: una suerte de reforma de macetero, algo parecido a lo del 2005. Y ese es un riesgo de corto plazo”.

El académico profundiza que lo único claro es que el proceso que se debería iniciar será bajo nuevas condiciones del que partió en noviembre de 2019. “La única hipótesis excluida es revivir el proceso que ya vivimos. La posibilidad de revivir el proceso diseñado a partir de las reformas constitucionales de 2019 es improbable. A partir de eso, cualquier opción que defina el Congreso Nacional es posible. Ahora, lo deseable es que sea una opción que preserve paridad y escaños reservados. En cuanto a que haya una comisión de expertos, es un tema menor en su importancia, porque las constituciones no son obra de expertos, son decisiones políticas constituyentes. Los expertos siempre cumplen un rol asesor”, explica.

En torno a los métodos para la elección de una eventual nueva convención, agrega que esta debiese ser con voto obligatorio y bajo un modelo proporcional. «El óptimo sería una circunscripción única a nivel nacional y preservar el sufragio universal obligatorio. Y lejos de lecturas oportunistas del plebiscito del 4 de septiembre, el sufragio obligatorio alimentó la opción rechazo, por una gran mayoría. Y eso nos demuestra que ese segmento de la población que no ha participado del proceso es un segmento de la población despolitizado, y la manera de politizarlos y vincularlos a la cosa pública es con sufragio universal y obligatorio. Es un proceso virtuoso para la organización republicana, de tener una mirada de largo plazo. Sufragio universal obligatorio y con fórmula electoral proporcional corregida: el sistema D´Hont”, afirma.

Sobre el momento constitucional y este proceso que ya lleva dos años y que, todo indica, tendrá un nuevo comienzo, Zúñiga plantea que «primero, la cuestión constitucional sigue abierta. Segundo, el proceso constituyente que vivimos tiene elementos valiosos, momentos de participación, deliberación de nuevas ideas que se han instalado en la discusión: paridad, temas indígenas, que son un acervo que hay que preservar. Tercero, el momento constitucional, hoy precedido por un gran rechazo es un caso bien peculiar, no diría único, en la historia del último siglo. Hay un caso de una Asamblea Constituyente cuyo proyecto fue rechazado por el pueblo, que fue el caso de Francia durante la formación de la Cuarta República el año 1946, pero con la diferencia que la asamblea que ejercía el poder constituyente rápidamente llegó a un segundo texto que fue sometido y aprobado en un nuevo referéndum. El caso de Chile es distinto, porque se abre un compás de espera y, paradójicamente, se mantiene la incertidumbre sobre el estatuto constitucional. Al permanecer abierta la cuestión constitucional, se mantiene esta incertidumbre que no es buena para la economía, para el proceso político. Espero que el gobierno tome la iniciativa y los partidos políticos lleguen a un acuerdo satisfactorio para definir los términos en lo que se retoma. Debe ser con plazos acotados, porque esta incertidumbre de mantener abierta la cuestión constitucional tampoco es buena para el país”, puntualiza.

Por su parte, el profesor Enrique Navarro explica que la fórmula que seguirá este proceso ahora dependerá de los acuerdos que se establezcan en el Congreso. “El Congreso Nacional, como colegislador, debiera aprobar una reforma estableciendo un nuevo procedimiento que determine el mecanismo para aprobar un nuevo texto constitucional, con diversas alternativas. Algunos han planteado que lo pudiera hacer el propio Congreso y después plebiscitarlo; pero aparentemente lo más razonable, pensando en el plebiscito de entrada que hubo en su momento, es que -en general- los ciudadanos consideran que esto tiene que ser elaborado por una convención electa y, probablemente, significa que tenga un régimen paritario, que tenga una representación de distintos sectores. Será clave el sistema electoral, porque hubo críticas por el sistema que se usó en la convención primera. Probablemente, ello se haga más cercano a lo que hay en la Cámara de Diputados, en relación con la participación de independientes y miembros de partidos políticos, pero todo eso va a ser parte del acuerdo y se requiere un tiempo para corregir esos temas y perfeccionar el mismo para tener un nuevo texto que pueda ser aprobado en un nuevo plebiscito. Así hoy, de acuerdo a la normativa, el Presidente y el Congreso tienen la potestad constituyente y debieran buscar un gran acuerdo nacional, tal como ocurrió el año 2019, para establecer un nuevo mecanismo que debería ser más breve, más acotado. Esta reforma debiese señalar cuál es el mecanismo, cuál sería la forma”, afirma.

Sobre los temas que deberían zanjarse al momento de iniciar un eventual nuevo proceso, y sobre si se debiese partir con una hoja en blanco, Navarro considera que hay elementos que se debiesen tomar desde los insumos que existen:

“El texto plebiscitado tiene menos del 40%, hay una crítica, el texto de la Presidenta Bachelet también tiene críticas, aunque a mí me parece un texto que abarca una serie de capítulos como inicio para el trabajo. Lo que habría que ponerse de acuerdo son los temas que deben estar. Junto con ello, debiese ser un texto más breve, porque en la tradición europea de constituciones los textos son más breves. La Constitución del 25 era también más breve, al igual que las anteriores. La del 80 era ya bastante larga y en América el gran tema es que son constituciones extensas, y eso genera que, en la medida que tengo más texto, hay también más divergencias. En cambio, cuando la norma es más acotada y después se desarrollan leyes y políticas públicas creo que se hace más fácil llegar a acuerdos en los textos”, explica.

Sobre el momento constitucional, Navarro cree que es clave generar un acuerdo, porque puede existir un cansancio de la gente sobre el tema constituyente. “A nivel ciudadano, se puede generar un efecto adverso, que haya un agotamiento de los electores en relación a esta materia y, por lo mismo, una idea de que no sea necesario hacer enmiendas o modificaciones (a la Constitución). Entonces, se requiere un buen acuerdo que genere confianza en todos los sectores y que sea razonable y se comunique ojalá en los próximos días, eso puede generar un ambiente de más tranquilidad. Porque efectivamente encontrarnos en un tiempo tan largo, con dos años de pandemia, a nivel ciudadano puede producirse en el inconsciente de las personas una idea de una especia de agotamiento al proceso”, puntualiza.

Análisis político

Ahora, desde el plano político, el escenario que se abre es de negociaciones entre las fuerzas hoy presentes en el Congreso, lugar que será el protagonista de las decisiones que se puedan tomar en el terreno constitucional. En esa línea, la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, cree que dado el escenario de derrota del Apruebo, será la derecha la que hoy tiene el mayor poder para decidir cómo se sigue o no con un eventual nuevo proceso.

“El escenario es complejo. En este momento, la cancha está del lado de la derecha, es la que tiene hoy el respaldo ciudadano a través del rechazo. La Constitución del 80 es el marco legal en el cual se va a dar cualquier propuesta de reforma, por lo tanto, volvemos al escenario político previo al Estallido, con una diferencia eso sí política, no jurídica, en que sí el estallido generó más conciencia de generar cambio político y levantar reformas sociales. Pero el grado de avance dependerá de la voluntad de la derecha y la capacidad de acuerdo que logre generar la derecha entre sus distintos sectores. Habrá que ver los sectores que priman, desde la derecha, los sectores más extremos o moderados. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse”, comenta.

Respecto a cómo debiese darse este nuevo proceso, la académica cree que será muy diferente al que acaba de terminar, pues habrá temas que será muy difícil que vuelvan a estar. “Si es que hay un nuevo proceso constituyente, hay muchas formas en la que se puede dar. Puede abrirse simplemente una reforma a la Constitución del 80, puede abrirse la elección de una nueva convención electa democráticamente. Habría que ver con qué reglas, dudo que haya espacio para reproducir las reglas anteriores con escaños reservados, paridad de género, o espacio para independientes. Eso, sin duda, que no tiene ninguna viabilidad. No hay piso en la derecha para la paridad. Hay otras alternativas, una comisión en el Congreso, todas son opciones que puede proponer la derecha. La diferencia que había tenido el proceso iniciado a partir del Estallido era que el acuerdo del 15 de noviembre fue el único momento en que la derecha perdió la capacidad de controlar el proceso político presionada por el Estallido Social, solo en ese contexto la derecha estuvo disponible a abrirse al juego de las mayorías y eso no va a volver a ocurrir», plantea.

«En el proceso que se iniciaría es la derecha la que impondrá las condiciones. El gobierno no lo podrá hacer, está derrotado por el plebiscito de salida, y no va a poder liderar ningún proceso, va a poder convocar a dialogar, pero lo relevante acá sobre cómo se jugará lo que venga dependerá de las correlaciones de fuerzas internas al interior de la derecha. Había una expectativa en la izquierda muy grande sobre protección de derechos sociales, medioambiente, paridad, pueblos originarios, la diversidad sexogenéricas, todos estos temas van a volar. Lo que tendrá que hacer la centro izquierda es ordenar prioridades y jugarse por lograr algo, bajar muchas expectativas y ahí habría que poner el foco en los derechos sociales”, puntualiza Heiss.