Uruguay sería en 2023 el segundo país latinoamericano en legalizar la eutanasia

Un compromiso con un enfermo de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) llevó a que en marzo de 2020 el diputado uruguayo del oficialista Partido Colorado (centroderecha) Ope Pasquet presentara en el Parlamento un proyecto de eutanasia que, según dijo a la prensa, prevé se convierta en ley en 2023.

De esa forma Uruguay pasaría a ser el segundo país de Latinoamérica., después de Colombia, en legalizar la intervención deliberada para poner fin a la vida de una persona sin perspectiva de cura (a pedido expreso y reiterado de esta) y evitar así que siga sufriendo.

Pasquet contó que a fines de 2019 el paciente con ELA, Fernando Sureda, que él conocía a través de amigos en común, le había pedido que presentara el proyecto. «Sureda ya falleció», pero tanto él como sus hijos le «expresaron reiteradamente su apoyo al proyecto».

ELA es una enfermedad neurodegenerativa que altera funciones como el movimiento de las distintas partes del cuerpo, el habla, la deglución y la respiración.

El de Pasquet no es el único proyecto de ley de eutanasia en el Parlamento uruguayo. En diciembre de 2021, el opositor Frente Amplio (centroizquierda) presentó otro, pero que no contemplaba el suicidio asistido, como el elaborado por el diputado colorado.

Finalmente ambos proyectos fueron unificados y, el 2 de agosto de este año, Pasquet y el Frente Amplio presentaron una iniciativa única.

«La unificación de ambos proyectos no fue difícil porque había un objetivo común claramente definido que era el de habilitar la eutanasia. La referencia al suicidio asistido se eliminó porque advertimos que podía generar confusión en un tema en el que es fundamental la claridad», explicó Pasquet.

La eutanasia es cuando un profesional médico da muerte a una persona enferma que lo ha pedido reiteradamente para dejar de sufrir, mientras que el suicidio asistido es el acto por el que una persona enferma terminal pone fin a su propia vida, pero un profesional de la salud le da las herramientas para que lo haga.

El proyecto unificado dice que la eutanasia es un «procedimiento realizado por un médico o por su orden».

Podrán acceder a la eutanasia, según el proyecto, quienes padezcan patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles, que deterioren gravemente su calidad de vida y les produzcan sufrimientos insoportables.

Los médicos y demás integrantes del equipo asistencial que actúen conforme a la ley quedan exentos de toda responsabilidad, según la iniciativa.

Pasquet dijo que los impulsores del proyecto esperan que sea aprobado en la Cámara de Diputados en octubre y que en 2023 lo apruebe el Senado.

Esto pese a que el diputado Rodrigo Goñi, del oficialista Partido Nacional (centroderecha), presentó en Diputados una solicitud para postergar el tratamiento del proyecto de ley, del cual dijo estar en contra porque «es regresivo por atentar contra los derechos de la vida, de la libertad y la dignidad de los enfermos más vulnerables, porque les quita protección».

Entre otras razones, Goñi presentó la solicitud de dilatar el tratamiento del proyecto porque «cada vez aparecen más organizaciones e instituciones pidiendo no aprobar esto sin antes ver aspectos fundamentales».

Afirmó que la principal objeción que le hacen el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Enfermería y el Colegio Médico «es la falta de garantías a que el paciente pueda estar dando un consentimiento libre porque no hay un comité de garantías y no hay un proceso de control de consentimiento previo a la muerte».

Goñi dijo que también pidió dilatar el tratamiento haciéndose «eco del reclamo de los enfermeros».

«En el último proyecto queda claro que los que van a ejecutar la muerte son los enfermeros, y a los enfermeros nunca los consultaron» en Diputados, señaló.

El 6 de septiembre está previsto que la Comisión de Salud Pública de Diputados vote el proyecto, pero esto dependerá de si se acepta o no la solicitud de Goñi de aplazar su tratamiento.

Goñi dijo que peleará «hasta el final para que en cualquier caso se cumplan con algunas etapas previas (a aprobarse el proyecto), en especial el acceso universal a los cuidados paliativos», esto es, aquellos destinados a aliviar el sufrimiento de enfermos terminales, sin intentar acortar o alargar la vida.

El diputado del Partido Nacional presentó un proyecto de ley de cuidados paliativos que ya fue aprobado en diciembre de 2021 en Diputados y que actualmente es tratado en el Senado.

Pasquet cree que «hay que evitar caer en la falsa oposición entre cuidados paliativos y eutanasia».

«Nosotros estamos a favor de ambos. Todavía estamos lejos, desgraciadamente, de que los cuidados paliativos estén al alcance de todas las personas que pudieran necesitarlos», señaló.

Sin embargo, Goñi asegura que «Uruguay es un país que tiene todas las condiciones para implementar en un par de años, como máximo, el 100 por ciento de acceso a los cuidados paliativos»; actualmente solo el 50 por ciento de la población accede a ellos.

Goñi subraya que los paliativistas dicen que «tienen todas las condiciones para aliviar el dolor en cualquier caso, y cuando no lo pueden aliviar hacen sedación paliativa (se le quita la conciencia que le permite a la persona no sentir el dolor)».

La eutansia en América Latina

COLOMBIA

En Colombia la eutanasia es legal por una sentencia de la Corte Constitucional de 1997, a través de la cual se quita toda responsabilidad a los médicos que ayuden a un enfermo terminal a morir, pero recién fue regularizada en 2015.

Ese derecho a morir dignamente solo se aplica en este país a los mayores de 18 años, en personas que sufran una enfermedad terminal o que padezcan intenso dolor. Debe solicitarse su realización de forma voluntaria, y se lleva a cabo solamente por un especialista.

Desde julio de 2021, a través de una sentencia de la Corte Constitucional, la eutanasia se extiende a personas con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, no solo a los enfermos terminales.

Desde 2015 hasta el 15 de octubre de 2021 se realizaron 178 eutanasias en Colombia en el marco del Sistema de Salud, según la investigación «De muerte lenta» de la organización no gubernamental Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En 2017, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno «hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, las niñas y los adolescentes» y recomendó al Congreso legislar sobre este tema; sin embargo recién en julio de este año el congresista Juan Carlos Losada del Partido Liberal (centroizquierda) presentó un proyecto para extender la eutanasia a menores de edad.

PERÚ

En julio de este año, la Corte Suprema de Perú ratificó un fallo a favor de reconocer el derecho a la eutanasia de la ciudadana Ana Estrada, en el primer caso de este tipo registrado en la historia del país.

Estrada, de 42 años, padece de polimiositis, una enfermedad incurable y degenerativa que merma sus capacidades motoras, y empezó su lucha por tener derecho a una «muerte digna» en 2019 en un país donde la eutanasia es ilegal.

Con ayuda de la Defensoría del Pueblo, Estrada ganó el caso con el Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud como demandados.

Si bien la decisión de la Corte Suprema no introduce la eutanasia dentro del sistema de legal, así como tampoco existe algún proyecto de ley al respecto, el caso de Estrada sienta jurisprudencia para otras personas con las mismas pretensiones.

Estrada sigue con vida, esperando el día en que desee morir. Aún no hay otros casos ante la Justicia.

CHILE

En Chile hay un proyecto de ley presentado por parlamentarios de izquierda en 2014, que permite a una persona poner fin a su vida si esta padece una enfermedad terminal, o alguna patología grave e irremediable que conlleve a un sufrimiento físico persistente e intolerable.

El proyecto fue aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado.

En junio de este año, el presidente Gabriel Boric manifestó su apoyo a la iniciativa y anunció que utilizaría su facultad especial para poner urgencia de trámite al Congreso, aunque eso aún no ocurre.

El proyecto de nueva Constitución redactado por la Convención Constitucional, cuyo texto será plebiscitado el 4 de septiembre, establece en su artículo 68 que toda persona tiene derecho a una muerte digna.

ARGENTINA

En Argentina hay cuatro proyectos de ley, que fueron presentados por legisladores en el Congreso tanto en Diputados como en el Senado, que buscan legalizar la eutanasia, entre ellas la denominada Ley Alfonso.

Pero aún no han avanzado en su trámite parlamentario.

BRASIL

En Brasil no hay ningún debate sobre la eutanasia ni iniciativas legislativas al respecto. El sistema penal brasileño tampoco tipifica la eutanasia de ninguna manera así que la práctica normalmente se encuadra como homicidio o auxilio al suicidio.

El tema está totalmente fuera del debate público, incluso dentro de los partidos de izquierda.

CENTROAMÉRICA

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele rechazó la posibilidad de reconocer constitucionalmente la eutanasia, más por mantener el discurso «pro-vida» que por criterios científicos.

A su vez, los artículos 130 y 131 del Código Penal salvadoreño estipulan penas de hasta cinco años de cárcel para el llamado «homicidio piadoso» y el suicidio asistido.

Por su parte, Panamá prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido en virtud del artículo 32 de la Ley 68-2003; médicos consultados por el periódico local La Estrella estiman que no es ético asumir tales opciones sin robustecer antes los cuidados paliativos.

En tanto, en Honduras existe en el parlamento una propuesta de Ley de Cuidados Paliativos y Atención de Cuidados a Pacientes con Enfermedades Terminales en la cual se abre la posibilidad de que un enfermo terminal renuncie voluntariamente a su tratamiento.

En Guatemala, en noviembre de 2019, fue presentada en el Congreso la iniciativa 5636, que aspira a regular el procedimiento para una muerte digna por enfermedad terminal o grave lesión corporal, pero ni siquiera pasó el análisis inicial de su comisión parlamentaria.

(Sputnik)

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