La ceguera de la CAM y Héctor Llaitul

Si se aprueba el proyecto de nueva constitución política, Chile reconocería por primera vez en su historia a nuestros pueblos originarios, víctimas de genocidio desde la llegada de España a nuestras tierras. Se trata de un cambio de envergadura que asusta a las grandes empresas forestales, usurpadoras de las tierras del Wallmapu y depredadoras del medio ambiente.

Uno de los argumentos esbozados por los intelectuales al servicio de los grandes poderes económicos para rechazar el proyecto de texto constitucional, es la propuesta de justicia indígena. Han llegado incluso a la grosería al sugerir que los pueblos originarios podrían cometer crímenes sin ser sancionados y violar los derechos humanos (DDHH) al interior de las comunidades. Por poco, no han dicho que los mapuche tendrían licencia para practicar el canibalismo. Y decimos mapuche porque ese es el sector económico territorial de Chile que los inquieta.

Omiten que el Estado de Chile ha firmado tratados internacionales de DDHH que priman, que están por sobre cualquier constitución que exista en un determinado país o momento. En otras palabras, la dignidad del ser humano es supra constitucional. Se integra a la actual o nueva institucionalidad, según la doctrina jurídica.

El artículo 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas dice que estos “tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos”.

El numeral 2 del artículo 46 es taxativo. “En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos».

¿Cuál es entonces el trasfondo respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas?

Ya lo dijimos, mezquinos intereses económicos. A esa postura de defensa casi desembozada de los intereses las empresas forestales instaladas bajo licencia jurídica del general Augusto Pinochet se ha sumado la actividad de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La CAM ha dañado la imagen de las reivindicaciones de todas las comunidades que integran el pueblo mapuche cuyo eje central es la restitución territorial y el respeto cultural. Con el desarrollo de la violencia ha opacado la voz de los distintos matices que tiene la lucha ancestral contra el colonialismo sin preguntarle nada a nadie.

La violencia de la CAM ha nutrido la campaña del terror de los partidarios del rechazo, de los conservadores y de los racistas.

José Bengoa uno de los más importantes estudiosos de la historia del pueblo mapuche solicitó una tregua a la CAM de cara al plebiscito constitucional. Con arrogancia, descalificación y pocas ideas la CAM lo rechazó.

En la biografía de Héctor Llaitul aparece su militancia temprana en la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, brazo juvenil del MIR. Este partido, de inspiración guevarista-castrista reivindicó la lucha armada en los años 60. Sin embargo, seis meses antes del triunfo del expresidente Salvador Allende detuvo su actividad armada y al ser electo fundó su escolta para defender su vida.

Nada de esta experiencia histórica hace sentido a la CAM, que respondió a Bengoa con soberbia. En su réplica, insultó a Bengoa, tratándolo de miope y pseudo intelectual. “El señor Bengoa nos ha usado de objeto de estudio para posicionarse académica y políticamente, pero se nota que no ha leído nuestros comunicados”.

Llaitul inmerso en el bosque de las forestales no puede ver que lo obtenido en la Convención Constitucional, de aprobarse la propuesta, es enorme, es gigantesco en el aspecto jurídico y simbólico, tanto a nivel nacional como internacional.

El artículo 309 de la propuesta de nueva constitución “reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte”.

Llaitul es incapaz de visualizar que esa propuesta lograda por integrantes de los propios pueblos originarios es un avance inconmensurable de respeto a la territorialidad y la cultura ancestral. Por ello es incomprensible que la CAM dé razones a los opresores para reprimirlos y eternizar el Estado colonialista.