El gobierno debe resolver el caso de los guetos verticales ilegales en Estación Central    

A raíz de la publicación del Diario Financiero, de fecha 25 de julio de 2022, titulada «Más de 20 mil departamentos fantasmas en Estación Central: no cuentan con recepción municipal», durante la semana pasada todos los canales de televisión repitiendo el ingenioso mote fantasma, mérito del periodista de ese medio de prensa, se dieron el gusto de tratar en profundidad el asunto de los llamados guetos verticales, entrevistando a las familias perjudicadas con la irrupción en sus barrios de estas invasivas torres, los que hasta la fecha, solo les producen perjuicios.

Pues bien, los artículos 148° y 157° de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) señalan que los alcaldes y los Seremis de Vivienda y Urbanismo, respectivamente, deben ordenar las demoliciones, incluso con la ayuda de la fuerza pública, de los edificios construidos con permisos ilegales cursados por los directores de Obras Municipales (DOM).

Desde el año 2013 el funcionario municipal que ejercía el cargo de DOM en Estación Central otorgó 75 permisos con agrupamiento continuo para construir torres habitacionales de entre 25 y 38 pisos, declarados declarados ilegales por el Minvu y por la Contraloría General de la República, gracias a las recurrentes denuncias formuladas por organizaciones sociales de esa comuna, lideradas por el activo dirigente Alejandro Verdugo y otros tantos.

Cuando las empresas constructoras afectadas por los dictámenes de la Contraloría recurrieron a los tribunales de justicia solicitando la anulación de tales dictámenes, les fue mal debido a que la última instancia, la Corte Suprema, rechazó todas esas pretensiones, incluso hasta el Tribunal Constitucional (TC) desestimó la única de esas acciones de socorro comercial. Según el municipio, los 75 permisos de edificación ilegales se transformaron en 49 torres ya construidas, 15 de las cuales, con la llegada de la actual administración municipal, carecen de recepción final de obras, al igual que otras 5 construidas como aisladas.

Rodrigo Delgado, entonces alcalde de Estación Central, optó por no ejercer sus atribuciones legales y por ende no ordenó demoler las edificaciones que, desde el año 2007, producto del pronunciamiento de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, se sabía que eran contrarias a derecho. Los distintos funcionarios públicos que, a partir del 2013 en adelante, desempeñaron el cargo de Seremi de Vivienda tampoco ejercieron sus roles: ellos eran Juan Andrés Muñoz, Aldo Ramaciotti, Boris Golpi y Manuel José Errázuriz y por tal motivo sería interesante saber por qué todos estos agentes del Estado fueron tan tímidos al no ejercer sus funciones.

La Contraloría ordenó el inicio de los respectivos sumarios administrativos, la invalidación de los permisos mal cursados, la paralización de las obras y el no otorgamiento de las recepciones finales definitivas y como el municipio, impropiamente aplicando el principio del laissez faire, desacataba todas las instrucciones vinculantes del órgano fiscalizador, este columnista en el año 2019 se reunió con el ministro del ramo, Cristián Monckeberg, a quien se le entregó un documento titulado «Propuesta para sancionar y resolver sin demoler los edificios que se construyen con permisos ilegales en la comuna de Estación Central«, en donde se establecían compensaciones, por parte de las constructoras, para las familias que viven en esa comuna, la que fue bien acogida por su destinario. Lamentablemente, días después Piñera trasladó a Monckeberg al cargo de ministro de Desarrollo Social y, por lo tanto, la propuesta quedó en nada.

Felipe Muñoz, al asumir el año pasado el cargo de alcalde no ordenó la demolición, prefiriendo interponer una querella criminal por prevaricación administrativa en contra de dos ex DOM, Armin Seeger y María Isabel Gaete, y otros dos funcionarios municipales de menor rango, los que, como ya está dicho, posibilitaron este delito económico de mayor cuantía. Esa querella del nuevo alcalde es complementaria a otra similar que presentaron seis ciudadanos, uno de los cuales es quien tiene la autoría de este opúsculo. Dejamos en claro que la actual Seremi de Vivienda, Rocío Andrade, tampoco ha ordenado la demolición.

En resumen, este luctuoso episodio no se hubiera conocido y por lo tanto esta columna de opinión no existiría, si la comunidad organizada de Estación Central no hubiera reclamado airadamente, pues con sus enérgicas y fundadas denuncias la Contraloría hizo su pega, pero el problema a esta fecha no ha sido resuelto por la excesiva burocracia.

Para validar el futuro accionar del actual gobierno para solucionar el asunto de Estación Central, recordamos que, con ocasión de un completo dictamen de la Contraloría, el DOM de La Florida debía iniciar la invalidación de un permiso de edificación ilegal otorgado por él a la empresa Besalco. Se trata de un edificio de 17 pisos localizado en la calle Américo Vespucio 7550, violándose la disposición contenida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) respecto del cálculo de los conos de sombra, lo que les produce ausencia de luz solar a las viviendas unifamiliares localizadas en su entorno. Pero Piñera, con el ministro Ward, firmaron el Decreto Supremo Nº 8 de fecha 29/03/2021, con el cual se modificó esa OGUC y así, privilegiándose un interés privado, se legalizó ese permiso y el edificio está terminado.

Volviendo al delicado asunto de Estación Central, en rigor, Felipe Muñoz y Rocío Andrade están habilitados para aplicar los antes  mencionados artículos 148º y 157º de la LGUC y ordenar la demolición de los edificios ilegales a expensas de sus dueños y si ello no ocurre, por los motivos que sean, demoler es muy caro y complicado, sería necesario que el presidente Boric y el ministro Montes, para evitar innumerables elefantes blancos, asumiendo sus roles de jefe máximo de la nación y ministro de la cartera, procedan como lo hicieron en el caso de La Florida, modificar la OGUC, sus  antecesores Piñera y Ward, con la enorme diferencia de que en la actualidad se busca solucionar una situación de interés público.

​Al no demolerse los edificios ilegales de Estación Central y por ende para que cuenten con recepciones finales de obras que permitirán ser entregados sus departamentos a los promitentes compradores, previamente tendrán que existir compensaciones económicas por parte de sus inversionistas, las que tendrán como propósito hacer el bien a los vecinos tradicionales de Estación Central.

Debemos tener presente que, a la fecha, algunas de esas inmobiliarias, están dispuestas a resarcir económicamente, suma total que debería ser determinada por quienes detentan el poder político, pues esos eventuales fondos son urgentes para ejecutar equipamientos de salud, policial, educación y áreas verdes de esparcimiento para que los residentes de esa comuna recuperen sus calidades de vida. Todos sabemos que en la comuna de Estación Central ha sido explosivo el crecimiento poblacional en los últimos 6 años y por lo tanto el actual gobierno tiene la palabra para resolver la situación, claro que no con la impudicia cometida en la comuna de La Florida.