Secuestros y agresiones tensan aun más la relación del presidente de Perú con la prensa
El 3 de junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que, tras una visita oficial a Perú, observó una situación adversa para el trabajo de la prensa.
(Por Sergio Llerena Caballero/Sputnik) La tensa relación que tiene el presidente peruano Pedro Castillo con la prensa está llegando a puntos de gravedad que predicen un panorama negativo para la gobernabilidad del país.
En la víspera, dos periodistas fueron secuestrados por partidarios suyos mientras realizaban una investigación en una zona rural sobre un caso de presunta corrupción en el que está involucrada Yenifer Paredes, cuñada del mandatario.
Los reporteros, trabajadores de la televisora local América, fueron obligados a leer un texto en el que, entre otras cosas, se comprometían a no «atacar» al Gobierno con sus investigaciones, las cuales los forzaron a calificar de «falsas».
Los periodistas fueron liberados luego de que cumplieran con leer el comunicado dictado; el presidente ha salido a condenar el hecho, pero eso no ha logrado que casi la mayoría de medios insistan en denunciar el maltrato que reciben de parte del mandatario y de su entorno.
COBERTURA LIMITADA
En marzo, el Instituto Prensa y Sociedad, organización en defensa del libre periodismo en Perú, denunció que las agresiones contra periodistas se estaban «volviendo una constante» en la cobertura que se hace de las actividades políticas del Ejecutivo.
Uno de los casos más graves fue cuando partidarios de Castillo agredieron físicamente a ocho periodistas que pretendían cubrir una presentación del primer ministro, Aníbal Torres, en el Congreso.
Pero ese fue un episodio más entre muchos que han denunciado diversas organizaciones de periodistas. Estas aseguran que se producen agresiones físicas a reporteros no solo a manos de partidarios del presidente, sino también de su propio equipo de seguridad durante la cobertura de actividades oficiales.
A esto se suma un virtual silencio del Ejecutivo. Desde el inicio de su mandato, en julio de 2021, Castillo no ha tenido más que una decena de encuentros con la prensa, y se limita a dar declaraciones sin permitir preguntas.
El 2 de junio, los medios locales resaltaron que se cumplían 100 días desde la última vez que el jefe de Estado hizo declaraciones a la prensa.
¿LEY Y MORDAZA?
Castillo es investigado por la fiscalía por presunta corrupción, y diversas personas de su entorno están bajo la misma situación. La prensa especula que el mandatario eludiría contestar preguntas a periodistas para evitar quedar en apuros sobre este tema.
Por otro lado, los medios peruanos ya han denunciado, además de instituciones como el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo, que el proyecto que ha presentando el Ejecutivo ante el Congreso para sancionar a personas que difundan información de investigaciones fiscales sería otra atentado contra la prensa.
Los medios e instituciones creen que el proyecto de ley busca amedrentar a los periodistas que, por años, han basado sus investigaciones en información proporcionada por funcionarios de la fiscalía y que, de hecho, a raíz de su trabajo se ha logrado destapar escándalos no solo en este Gobierno sino en otros anteriores.
El 3 de junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que, tras una visita oficial a Perú, observó una situación adversa para el trabajo de la prensa.
Luego de una agresión grave como es el secuestro de dos periodistas, las tensiones entre medios y el presidente pareciera que podrían alcanzar niveles de hostilidad pocas veces vistos en la historia reciente del país.