ONU alerta del impacto «devastador» de la violencia sobre mujeres y niños en Colombia

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado del impacto «devastador» de la violencia sobre las mujeres, los niños y los pueblos indígenas, especialmente en las zonas rurales de Colombia, donde operan numerosos grupos armados y organizaciones criminales.

En un informe, ha instado al Gobierno entrante, que tomará posesión el próximo mes de agosto, a «dar prioridad a la lucha contra este tipo de violencia» y ha establecido una serie de recomendaciones para su «aplicación urgente» en aras de «proteger la vida y los Derechos Humanos de las poblaciones afectadas», que incluyen también líderes comunitarios y defensores de los Derechos Humanos.

No obstante, ha indicado que la firma de los acuerdos de paz con las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha provocado un descenso «drástico» de la violencia en el país.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los asesinatos pasaron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016. Sin embargo, en los últimos dos años, los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales, a menudo involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia.

La respuesta del Estado, principalmente militar, no ha conseguido frenar la expansión de los grupos, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado la situación, tal y como recoge el informe. La falta de educación y de oportunidades laborales también ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados por estos grupos armados.

En 2021, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia notificó el homicidio de 100 personas defensoras de los Derechos Humanos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, la Oficina recibió información sobre 114 homicidios, de los cuales 22 casos han sido verificados hasta ahora.

Los grupos armados y las organizaciones criminales han adoptado diversas tácticas para controlar a las comunidades, como la imposición de normas y restricciones a la circulación de las personas. «Tenemos que obedecer lo que digan ellos (…) hay retenes en la vía con hombres con armas largas, donde nos paran, nos dicen que tenemos que pedir permiso para salir y nos revisan los celulares», ha dicho una activista del departamento de Arauca.

En algunos casos los indígenas y afrodescendientes han sido obligados a participar en actividades ilícitas y a abandonar sus formas de vida tradicionales, como la pesca y la caza, ha advertido la ONU, que señala que esta violencia «destruye el tejido social de las comunidades, poniendo en peligro la identidad cultural y la autonomía».

Este es el caso del pueblo indígena Nasa en el departamento del Cauca, que es objeto de amenazas y ataques. En los primeros meses de 2022, cuatro líderes nasa fueron asesinados. La violencia, el narcotráfico y las industrias extractivas están amenazando su forma de vida e incluso su supervivencia, advierte el informe. Asimismo, la situación actual podría acelerar la desaparición del pueblo indígena jiw, ubicado en las riberas del río Guaviare y que actualmente cuenta con unos 2.261 habitantes.

DESMANTELAMIENTO DE GRUPOS ARMADOS
El informe señala que el desmantelamiento del amplio espectro de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en el país debe ser una prioridad para el Gobierno, junto con la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones públicas en las zonas más afectadas por la violencia.

Por ello, Naciones Unidas pide que los actos de violencia cometidos por los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales deben ser investigados eficazmente y sus autores castigados, independientemente de su afiliación.

El informe también insta a la nueva Administración colombiana a garantizar la plena aplicación del acuerdo de paz, incluida la búsqueda de la sustitución voluntaria, en lugar de la erradicación forzosa, de los cultivos de coca. «Deben aplicarse y consolidarse los programas de reforma y desarrollo rural, con la participación de las comunidades afectadas, y debe reforzarse la capacidad de los gobiernos locales, incluidos los de las comunidades afrodescendientes e indígenas», incide el texto.

El informe también detalla la preocupación por las violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las privaciones arbitrarias de la vida, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, e insta a reformar el sector de la seguridad. Además, pide que se investiguen los presuntos vínculos entre algunos funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado y estos grupos violentos.

«Es deber del Estado proteger a la población de la violencia, y hacerlo respetando el Derecho Internacional. Por eso instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos», ha manifestado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En este sentido, ha aseverado que «el enfoque del Gobierno entrante sobre la paz total y la implementación regional del acuerdo de paz es un enfoque sólido que apoya la oficina de la ONU».

«El diálogo es esencial para reconstruir la confianza en el Estado y sus instituciones. Insto a las autoridades a que escuchen las voces de todos los sectores de la sociedad. Las personas que viven en zonas rurales y remotas son las que más han sufrido el flagelo de la violencia, pero también son las que mejor pueden ayudar a trazar un camino hacia un futuro más pacífico», ha zanjado. (Europa Press)