¿Se acabará la corrupción inmobiliaria?

Está claro que existen infinidad de tomas de terrenos fiscales por parte de particulares y la experiencia indica que los organismos públicos son muy remolones para expulsarlos. Ahora bien, a raíz de una declaración de Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, en orden a que, por las tomas de terrenos privados por parte de indigentes nacionales y extranjeros, quienes tienen que defender sus propiedades son ellos mismos, ejerciendo acciones en los tribunales de justicia para desalojar a quienes ingresaron en sus predios.

Al respecto la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, dijo que estaba totalmente de acuerdo con Montes y que en su comuna existe la toma más grande de la región metropolitana de Santiago, terreno que es privado y que sus dueños siempre han estado ausentes en las mesas de trabajo para abordar la situación ilegal.

Este columnista sabe que los propietarios del terreno, que carece de todas las necesarias obras de urbanización, lo único que desean es que en ese campamento las familias más pobres sigan construyendo sus casitas de madera, para que después de un tiempo, le propondrán al gobierno que, ante tal hecho consumado, les compre el terreno, haciendo así un pingüe negocio especulativo. Estas operaciones comerciales son de larga data y los funcionarios de la Administración del Estado las conocen muy bien.

La dirección de obras municipales (DOM) de Peñalolén, gracias a los oportunos reclamos de la comunidad, con fecha 11 de septiembre de 2019, dio inicio a un procedimiento de invalidación, conforme al mandato del artículo 53° de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, respecto de la Resolución de Aprobación de Loteo con Construcción Simultánea N° 1536 y del Permiso de Edificación N° 31/18, ambos de fecha 23 de febrero de 2018, otorgados para el “Lote 1” de 157.640,10 m2, resultante de la Resolución de Aprobación de División Predial con Afectación a Utilidad Pública N° 1523, de 06 de diciembre de 2017.

Se trata del predio ubicado en Avenida Consistorial #5900, Lote Parcela 10, cuyo dueño es el intelectual, Jorge Peña Vial, mega negocio inmobiliario de US$ 350 millones denominado Hijuelas Quilín, consistente en varios edificios habitacionales de entre 11 y 15 pisos de altura. Se produjo la invalidación correspondiente y el sagaz titular del proyecto obtuvo una aprobación ambiental por parte del obsecuente Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Debido a que no existían los actos municipales para iniciar las obras, su titular Inmobiliaria Universa SpA, fue a la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia judicial que equivocadamente le encontró la razón al inversionista, sancionando con costas al municipio (sic).

El Plan Regulador Comunal (PRC) de Peñalolén para esa zona establecía y todavía establece una altura máxima de 4 pisos, pero la empresa para obviar la altura máxima fijada en el instrumento normativo local, se acogió arbitrariamente a una disposición de excepción contenida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) del año 1994 y así solicitó el permiso de edificación posteriormente invalidado por el municipio. Ahora la alcaldesa Carolina Leitao, como es su obligación, interpuso un recurso de casación en la Corte Suprema, máxima instancia que estamos seguros fallará conforme al desarrollo de los hechos. De esta manera, el privado próximamente podrá solicitar un nuevo permiso, respetando la densidad habitacional y la altura previamente indicada, por ende, será menor el monto de su inversión.

La opinión pública sabe lo que sucede con los guetos verticales ilegales construidos en la comuna de Estación Central en el período en que el alcalde era Rodrigo Delgado y por ello 6 ciudadanos informados, uno de los cuales es quien suscribe esta columna, hace unos 5 meses interpusieron una querella criminal en contra de los 2 funcionarios municipales que cursaron los permisos de edificación. Hace unos 10 días atrás, el nuevo alcalde, Felipe Muñoz, hizo lo propio por este delito económico, ampliando la querella a otros 2 funcionarios, luego los acusados son 4 funcionarios municipales.

Pero ni el actual alcalde de Estación Central, conforme lo señala el artículo 148°de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), ni la Seremi de Vivienda y Urbanismo, acorde al mandato del artículo 157° de la misma LGUC, han ordenado la demolición de las torres ilegales, como tampoco lo han exigido los aludidos 6 ciudadanos. Ante esta evidencia, para evitar enriquecimientos ilícitos, lo que procede son las compensaciones económicas, por parte de todos los inversionistas a favor de esa comuna que duplicó su población, como consecuencia de la irrupción de las famosas torres.

Hoy en esa comuna existen muchos edificios terminados que no cuentan con recepciones finales de obras, vale decir, hay una oferta de unos cuantos miles de departamentos que no se pueden habilitar, motivo suficiente para que el alcalde y el Minvu definan el procedimiento, con el cual se permitirá el traspaso de fondos privados al municipio, sin que se demuelan las invasivas estructuras residenciales.

La semana pasada hubo un seminario empresarial en un centro de eventos localizado en la zona oriente de Santiago, donde concurrió la élite chilena, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ocasión en que su presidente, Antonio Errázuriz, le dijo al mandatario Gabriel Boric que hay tres desarrolladores de confianza: paz social, certeza jurídica y cohesión social. Nos gustó sobremanera que en el aspecto de la certeza jurídica ese dirigente empresarial haya expresado que en el marco regulatorio de su sector se deben cumplir a cabalidad las leyes.

Esa declaración pública de Errázuriz es de vital importancia para el país, pues a partir de ahora, con ese compromiso formal de alto nivel, el lucrativo negocio de la construcción se realizará con ausencia de corrupción y, por lo tanto, sin denuncias en la Contraloría General de la República, ni en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA y sin recursos ante los tribunales de justicia, con lo cual se justifica el título de esta columna de opinión.

Finalmente, en conocimiento de que, en el año 2015, gobierno de Michelle Bachelet, con mucha pompa se anunció la creación del «Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción», presidido por el economista Eduardo Engel, ¿por qué esa instancia siempre ha estado ausente en los temas de la corrupción inmobiliaria? ¿Será que los eficientes lobbystas del sector impiden que dicho Consejo Asesor pueda ejercer su labor?