El juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalid,a realizó una visita extraordinaria no anunciada al Complejo Penitenciario Santiago I, a propósito de un amparo del artículo 95 del Código Procesal Penal y otros casos denunciados en el tribunal con ocasión de torturas y extorsiones sufridas por reos primerizos que permanecen en prisión preventiva.
En el acta de la visita –que se desarrolló la mañana del 21 de junio recién pasado- el magistrado Guzmán dio cuenta de “gran cantidad de personas privadas de libertad en espacios limitados, en condiciones sanitarias precarias. Al ingresar los imputados al módulo no se les asigna un dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no obstante la situación de hacinamiento. No existe agua caliente. Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados. A dicha hora los internos se encontraban en los patios exteriores comunes. Personal de Gendarmería informó que dichas dependencias están destinadas para ser ocupados por personas que no registran condenas anteriores, lo que explica que cerca de 50/60% sean extranjeros”.
Agrega: “Se observaron cámaras de seguridad con visión al patio, comedor y pasillos, pero sin perspectiva a dormitorios y sector de duchas. Solo a modo de ejemplo, en el módulo 33 el funcionario (…) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad, con el 60% siendo extranjeros; y en el módulo 34, 196 presos en circunstancias que tiene capacidad para 84 imputados. Se observa escaso personal para controlar el comportamiento de los internos, especialmente durante las noches”.
En el lugar, el juez Guzmán se entrevistó con el imputado chileno que, en prisión preventiva, presentó un amparo ante el tribunal. En la conversación “ratificó la presentación de su abogado defensor, agregando que permaneció ocho días en el módulo 14 de cuarentena, hasta el día 20 de junio, alrededor del mediodía, siendo trasladado al módulo 34, donde estuvo hasta alrededor de las 21:30 horas”.
Además, “señaló que en el módulo 14 pernoctó en una habitación con dos colchonetas para las seis personas presas, estando los baños tapados y con mal olor, recibiendo buen trato por parte del personal de Gendarmería. En el módulo 34 se encontró con muchos extranjeros, entre los cuales diez a quince dominicanos y/o colombianos de raza negra lo recibieron a agresiones verbales tratando de obligarlo mediante empujones a que ingresara al sector de las duchas (sin visión de cámaras de seguridad), logrando resistirse y arrancar del grupo, los que le quitaron una frazada y utensilios”.
Como consecuencia de lo anterior “funcionarios de Gendarmería lo llevaron a una celda de aislado con tres personas más. Luego fue trasladado al módulo 88, lugar en que indica haber sido nuevamente amenazado, pero por un grupo de chilenos. Lo empujaron hasta el fondo del recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y fotos, y pedirles dinero a cambio de no agredirlo. Empezaron pidiendo entre $30.000 y $50.000 al día”.
En su informe, el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago relató que al continuar con su recorrido “ingresó al módulo 88 -completamente saturado de imputados y en condiciones insalubres-, sorprendiendo infraganti a un grupo aproximado de diez internos que en un sector cercano al baño desvestían e inspeccionaban las vestimentas del imputado (…). Mientras el suscrito ordenaba que fuera rescatado y llevado por personal de Gendarmería a una sala especial para interrogarlo privadamente, fue directamente amenazado de muerte por varios sujetos que se le acercaron. Por razones de seguridad no quiso entregar mayores antecedentes. Sin embargo, se ordenó que fuera trasladado al módulo 19 para ser llevado a audiencia de procedimiento abreviado al día siguiente”.
Respecto a la situación general observada, el juez Guzmán señaló que uno de los aspectos más relevantes es que “hay reconocimiento que la extorsión de extranjeros organizados hacia los imputados primerizos chilenos es una realidad que se extendió durante este año, existiendo denuncias concretas con antecedentes verificables”.
En síntesis, para Guzmán los problemas revelados en la visita son “el hacinamiento del recinto, escasez de personal, puntos ciegos de cámaras de seguridad al interior de los módulos del recinto carcelario, deficientes criterios de clasificación para segregar a los imputados extranjeros, no obstante la gravedad de los delitos y crímenes atribuidos, por desconocer los antecedentes de éstos en sus países de origen; falta de coordinación con países vecinos para acceder a antecedentes penales de inmigrantes, la gran cantidad de teléfonos móviles y droga que son arrojados al establecimiento desde el exterior por terceros, y carencia de tecnología para inhibir señal para teléfonos móviles”, enumeró.
