El “feudo Roncagliolo”: la difícil relación del alcalde de Cisnes con la participación y la democracia

La Contraloría Regional de Aysén inició un “procedimiento disciplinario” en contra de la Municipalidad de Cisnes producto de irregularidades cometidas tanto en el marco de sus obligaciones en materia de participación ciudadana como por incumplir instrucciones del órgano fiscalizador.

Mediante un oficio del 9 de junio de este año, dirigido al alcalde Francisco Roncagliolo, la entidad constató cómo el municipio no sólo faltó a sus responsabilidades sino que incluso ocultó información a la Contraloría, cuando fue consultado por hechos denunciados.

Fue el 21 de noviembre de 2021 que el Comité Comunal de Protección al Medio Ambiente de Puerto Cisnes solicitó formalmente audiencia a la Municipalidad de Cisnes, con el fin de abordar diversas materias. Pero pasaron los meses y nunca obtuvieron respuesta alguna a su requerimiento.

Es por ello que el 18 de febrero de este año presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional, organismo que solicitó antecedentes al municipio.  Tras un oficio de insistencia de la entidad, el 31 de marzo de 2022 el ayuntamiento comunicó que la solicitada reunión con el Comité Comunal de Protección al Medio Ambiente se habría materializado el 21 de enero de 2022.  Con esto, señalaron desde la entidad edilicia, se habría cumplido lo requerido.

Sin embargo, al revisar los antecedentes del encuentro la Contraloría confirmó que “la aludida reunión no tuvo por objeto dar respuesta a la solicitud de audiencia del Comité Comunal de Protección al Medio Ambiente de Puerto Cisnes, sino que… se trató de una invitación abierta a las agrupaciones y personas interesadas en participar en la conformación de un Comité Ambiental Ciudadano Local, que tuvo como objetivo abordar y ser parte de acciones medioambientales locales y comunales”.  Por ello, dictaminó la el organismo, “no resulta suficiente que, con ocasión de una asamblea pública, en la que participaron algunos integrantes de la organización reclamante, se entienda por el aludido municipio que dio respuesta a la solicitud realizada por ella”.

Por todo esto, se conminó a “la Municipalidad de Cisnes dar respuesta directa a todas las presentaciones del Comité Comunal de Protección al Medio Ambiente de Puerto Cisnes que se encuentren pendientes en ese municipio”, dándole plazo hasta el jueves 16 de junio para cumplir esta obligación.

Según informó María Jesús Faúndez Alcalde, secretaria de la agrupación, tras el pronunciamiento de la Contraloría el municipio les contactó para coordinar una reunión, la que se concretó el 15 de junio.  Siete meses después de la solicitud original.

A la cita asistieron concejales de la Comisión de Medio Ambiente, la directora suplente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en representación del alcalde, y el encargado municipal de Medio Ambiente.

Faúndez señaló que no hubo un reconocimiento explícito de los directivos municipales del error cometido así como tampoco disculpas por la falta de consideración con una organización local. Caso distinto fue la reacción de los concejales, con quienes han tenido una buena relación.

“Esto es un comienzo.  Se ha concretó la reunión y hemos acordado con la municipalidad un compromiso de trabajo conjunto con reuniones periódicas para abordar temáticas como las ordenanzas de medio ambiente, retiro de chatarra de calles y la relación con la salmonicultura, entro otros temas tan importantes como las campañas de reciclaje comunitario que realizamos de manera autónoma” señaló la dirigenta.

En paralelo la tesorera del comité, Paz Palma Vera, indicó que se avanzó en el motivo por el cual solicitaron a audiencia.  “El objetivo de la reunión era articularse con el municipio.  Se hizo una encuesta a la ciudadanía que dio cuenta de los principales temas de interés de la comunidad en el ámbito ambiental, como es la tenencia responsable de mascotas y los problemas del vertedero, entre otros” explicó.

“La idea es, de alguna forma, ser un nexo con la comunidad en lo que se refiere al medioambiente, que es una problemática que en la comuna ya no da para más, hay demasiadas situaciones complejas en todas las localidades” puntualizó.

Por ello “hay que trabajar con la gente y nosotros estamos dispuestos, dando nuestro tiempo como dirigentes, que trabajamos de forma gratuita, para colaborar con la municipalidad. Todo lo que nos ha enviado la municipalidad para difundir nosotros hemos colaborado, tanto en terreno como por redes sociales.  Nuestra voluntad siempre ha sido trabajar de forma mancomunada y conciliadora para apoyar las gestiones que ya se están haciendo y las que se puedan hacer” concluyó.

Junto con instruirle a responder a la organización, la Contraloría determinó iniciar un “procedimiento disciplinario” al interior del municipio “para efectos de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, tanto por el incumplimiento de lo instruido… como por haber omitido informar hechos relevantes a esta entidad fiscalizadora”.

“Este dictamen sienta un precedente para las demás organizaciones, en el sentido de que todas las solicitudes formales deben ser respondidas en el ámbito, pertinencia y tiempo prudente por parte de la autoridad” comentó el concejal Francisco Abarca Arap.

La resolución de la Contraloría se sustenta en que los órganos públicos deben “responder a las solicitudes de los administrados lo que en derecho proceda, debiendo tomar una determinación frente a lo pedido, sea acogiéndolas o denegándolas, o bien, en el evento de carecer de competencia, limitarse a declarar ese hecho, dándoles debido conocimiento de la respuesta dentro de un plazo prudencial, la que, por razones de certeza y buena técnica administrativa, debe constar por escrito”.

El incumplimiento de este deber puede derivar en sanción.

Este es el segundo revés para el alcalde Francisco Roncagliolo durante las últimas semanas, en ámbitos relacionados con la participación ciudadana y el ejercicio democrático.

Recientemente la Corte Suprema le obligó a garantizar que los concejales puedan expresarse en las sesiones del Concejo Municipal, lo cual había estado impidiendo.  En el dictamen le condenó al pago de las costas de la tramitación del recurso de protección interpuesto por algunos representantes comunales ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.