Amnistía pide a Reino Unido que «abandone la cruel política» de deportar a Ruanda
"No debemos olvidar que la gente que iba a ser expulsada anoche a Ruanda no ha hecho otra cosa que ejercer su derecho a pedir asilo en Reino Unido", han dicho,
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este miércoles al Gobierno de Reino Unido que «abandone la cruel política» de deportar a Ruanda a solicitantes de asilo, después de que el martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) intercediese para frenar un vuelo con destino a Kigali.
«La cancelación del vuelo anoche debería haberse convertido en el momento en el que el Gobierno (británico) abandonara esta política cruel, pero vergonzosamente parece ser que la situación es la contraria», ha criticado el director ejecutivo de la ONG en Reino Unido, Sacha Deshmukh.
«No debemos olvidar que la gente que iba a ser expulsada anoche a Ruanda no ha hecho otra cosa que ejercer su derecho a pedir asilo en Reino Unido», ha dicho, antes de resaltar que «este esquema mal concebido es una desesperada y deprimente repetición de un acuerdo similar y ahora abandonado que fue alcanzado por Israel, que también contemplaba la expulsión a Ruanda de refugiados y solicitantes de asilo».
Así, Deshmukh ha manifestado que «esta desastrosa política de Ruanda es un abandono claro y vergonzoso de las responsabilidades de Reino Unido bajo la Convención para los Refugiados». «Es un espectáculo lamentable. El Gobierno está destruyendo el sistema de asilo y poniendo a personas vulnerables en un calvario intolerable», ha zanjado.
Sin embargo, el Gobierno de Boris Johnson ha dejado claro que lo seguirá intentando. En este sentido, la ministra de Trabajo, Therese Coffey, ha asegurado en una entrevista este miércoles a la BBC que «los abogados del Ministerio del Interior ya están trabajando en los próximos pasos» y «preparando el siguiente vuelo».
El acuerdo con Ruanda permite a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Dicha iniciativa está dotada con 120 millones de libras –144 millones de euros– y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos sostienen que las autoridades británicas incumplen sus obligaciones en materia de protección al acometer unas expulsiones que, a su entender, implican externalizar responsabilidades en un tercer país que no es origen de los directamente afectados. (Europa Press)
