Jorge Pedrals (IIMCH): «El Estado solo no sería capaz de administrar los niveles de producción actuales de la minería»

Este sábado el Pleno de la Convención Constitucional deberá votar el informe reemplazo de la de Comisión de Medio Ambiente, donde se incluyen temas como el polémico Estatuto sobre Minerales que ha sido criticado severamente por diversos gremios del sector.

Jorge Pedrals, presidente de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH) aborda este tema desde la mirada técnica.

¿Qué opina en general del resultado del informe de reemplazo emanado esta semana de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención, especialmente en el ámbito minero?

Este nuevo informe -pese al rechazo del primero elaborado por esta misma comisión, donde se planteaba la nacionalización de la industria del cobre- insiste en fórmulas similares al anterior. Específicamente, el nuevo texto plantea que el Estado explorará y explotará por sí mismo, debiendo resguardar la participación mayoritaria del Estado. A ello se suma la definición de una regalía, equivalente a un 20% del valor de venta de las sustancias.

Lo anterior no tiene en consideración varios elementos importantes. El primero de ellos es que, al nacionalizar una parte importante de las empresas existentes, el Estado deberá comprometerse al pago de indemnizaciones, conforme al derecho internacional. Por otro lado, al ser el dueño mayoritario de las empresas existentes estará obligado también a realizar gastos en exploración e inversiones que permitan mantener la producción de minerales.

En relación con las nuevas inversiones que se podrían realizar, al ser también el Estado el que tenga la participación mayoritaria, no contará con los recursos necesarios para invertir. Tampoco habrá llegada de inversión extranjera ya que ésta sería dueña de menos de un 49% de las empresas y, además, tendría que pagar un 20% de las ventas como regalías, cifras muy por encima de lo que ocurre en otras partes del mundo.

Las inversiones que el Estado tendría que hacer, ya sea en exploraciones o para mantener la capacidad productiva actual, competiría con las necesidades sociales del país, más hospitales, escuelas, caminos, etc.

Las minas en explotación actualmente en Chile tienen leyes –contenido de cobre en la roca– inferiores a los yacimientos existentes en otros países. Esto hace que realizar inversiones en esos otros países, por ejemplo, la República del Congo, Zambia, Kazakstán, México y Perú, sea mucho más rentable que realizarlas en Chile. Lo países antes mencionados representaban un 14% de la producción mundial de cobre el año 2000, cuando ahora representan un 28%, es decir, en ese período de tiempo duplicaron la producción, atrayendo cada vez más inversiones que entonces no están llegando a Chile.

Medidas como éstas harán que las empresas existentes actualmente se vayan apagando gradualmente hasta desaparecer y, por otro lado, que no se realicen nuevos proyectos. Con esto, el país perderá la oportunidad de contar con los cuantiosos recursos que actualmente provee la minería.

El IIMCH emitió una declaración donde resaltan que se insiste en la nacionalización del cobre. ¿Por qué lo consideran como algo negativo para el país?

En 1952 las Organización de Naciones Unidas recomendó a los países que tuvieran la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, de tal forma de contar con los fondos que les permitieran resolver los acuciantes problemas asociados al desarrollo. De esta forma, en el transcurso de los siguientes 30 años, en distintos países se produjo la nacionalización del cobre. En Chile, Zambia, el Congo y Perú, se llevaron a cabo estos procesos llegando a producir, solo tres empresas estatales, más del 28% del cobre consumido en el mundo en la década de 1970.

Estas empresas, enfrentaron los problemas propios de países que requieren ingentes recursos para resolver problemas sociales, políticos y económicos llegando, en el caso de Chile, a una solución intermedia, ya que en los otros tres países la minería fue privatizada nuevamente.

Chile logró generar una minería con tres partes: empresas privadas, estatales y mixtas. Así pasó a convertirse en el principal productor de cobre en el mundo, logrando un aporte económico directo a su economía -mediante inversiones productivas e impuestos recaudados- de cientos de miles de millones de dólares. De hecho, entre 1990 y 2019 la minería, entre impuestos recaudados por el Estado e inversiones materializadas por las empresas privadas y Codelco, gastó la suma de US$292.500 millones, que no solo les permitieron a los distintos gobiernos realizar diferentes programas e inversiones en infraestructura, sino que implicó una dinamización de la economía que ningún otro sector económico ha logrado.  El desarrollo económico, político y social, con todos los problemas que puede haber tenido, se realizó en buena medida gracias a las inversiones en la minería.

¿Cómo y cuánto dañaría este nuevo Estatuto Constitucional de los Minerales la inversión en el sector?

Los capitales en el mundo se van donde encuentran las mejores condiciones para su materialización, en particular aquellos relacionados con minería van donde están las mejores leyes de mineral, así como las reglas legales más estables en el tiempo. Es así como las principales empresas productoras de mineral están explorando en todos los continentes, en particular en África, si se trata de cobre.

Frecuentemente, en los titulares de prensa se habla sobre la necesidad de no ahogar a Codelco en deudas o que su endeudamiento es muy alto. Esto es justamente, debido a que las empresas mineras necesitan reinvertir constantemente en sus instalaciones o en más exploraciones para mantener una producción que se va agotando gradualmente en el tiempo. Si solo fuera el Estado el operador minero no sería capaz de administrar eficientemente los niveles de producción actuales del país, así como tampoco realizar las inversiones que esta actividad demanda.

El cambio de concesiones mineras a autorizaciones administrativas, ¿por qué no funcionaría en Chile, como sí ocurre en otros países como Australia y Canadá?

En nuestro país la noticia que más ha golpeado a la sociedad son los casos cada vez más crecientes de corrupción. Es así como tocó a Carabineros, Fuerzas Armadas y también a empresas mineras que pagaron para la compra de favores políticos.

Chile desde 1932, tiene un sistema judicial donde se tramitan las propiedades mineras, con altas barreras para la entrada de la corrupción. Cambiar nuestro sistema judicial por uno administrativo, frente al tremendo poder económico de empresas que son comparables en tamaño al de los gobiernos de países como Chile, Perú u otros es arriesgarse a abrir una puerta a la corrupción.

Los países con los cuales nos comparamos en estas materias, como son Australia y Canadá con sistemas de tipo administrativos, tienen niveles de corrupción mucho más bajos que los de Chile. No queremos iniciar una época, donde aparezcan maletines, que pagan favores, como uno puede ver en otras latitudes del mundo.

De todas maneras, Chile en este tema tiene materias pendientes como la sugerida por el especialista James Otto recientemente en un seminario de Cesco respecto de adherirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI en sus siglas en inglés).

¿Qué modificaciones habría que hacer al Estatuto de los Minerales para que no ponga en riesgo la actividad minera en el país?

Para más y mejor minería se necesita certeza jurídica, una minería más inclusiva, conexión entre la pequeña y mediana minería con la gran minería, mejorar la posibilidad de levantar capitales de riesgo, ser parte de la EITI… todo esto, aún no presente en la suficiente cantidad en el país. Hay un gran espacio donde trabajar para poder hacer mejor las cosas, pero no en la dirección que apunta actualmente la Comisión de Medio Ambiente de la Convención.