España y varios países piden a Israel revertir decisión de construir casi 4.500 viviendas en Cisjordania
"Los asentamientos israelíes constituyen una clara violación del Derecho Internacional y obstaculizan una paz justa, duradera y global entre isrealíes y palestinos", han señalado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, junto a varios países europeos, ha pedido este viernes a las autoridades de Israel que reviertan su decisión de construir casi 4.500 nuevas viviendas en Cisjordania.
En un comunicado, difundido junto a las carteras de Exteriores de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega y Suecia, España se ha declarado «preocupada» por la decisión de la comisión urbanística y ha recordado que las nuevas viviendas constituirían «un obstáculo adicional» a la solución de los dos Estados.
«Los asentamientos israelíes constituyen una clara violación del Derecho Internacional y obstaculizan una paz justa, duradera y global entre isrealíes y palestinos», han señalado, antes de mencionar también las demoliciones y desahucios que afectan a la población palestina en Jerusalén Este y en el Área C. «Amenazan directamente la viabilidad de un futuro Estado palestino», han agregado.
Por ello, también han urgido a las autoridades israelíes a no proceder con ninguna de las demoliciones o desahucios planificados y han aludido específicamente a Masafer Yatta, una serie de 19 aldeas palestinas en la Gobernación de Hebrón, en el extremo sur de Cisjordania.
Una comisión urbanística de Israel dio luz verde el jueves a la construcción de 4.427 viviendas en asentamientos de Cisjordania, en línea con unos planes que ya se conocieron la semana pasada y que habían generado recelos en la comunidad internacional, también por parte de Estados Unidos.
Este tipo de construcciones reciben habitualmente críticas no sólo por parte de los palestinos, que cuestionan cualquier actividad israelí en territorios ocupados, sino también de la ONU, que considera estos movimientos contrarios al Derecho Internacional.(Europa Press)
