Cifra de Inocentes en 2021 es la más alta registrada en el sistema de justicia penal

En modalidad virtual, y seguido por las máximas autoridades del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de las otras instituciones que integran el sistema penal, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano rindió cuenta pública de su gestión durante 2021, en la que destacó el trabajo incansable de la institución -en sus 21 años de existencia- por entregar una defensa especializada de calidad y por denunciar el abuso de la prisión preventiva, como una condena anticipada.

“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción por ser absueltas de todo cargo. El desafío, entonces, es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que debe obedecer a políticas públicas cautelares pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son estos los cimientos de cualquier normativa democrática”, dijo.

Destacó que durante el año pasado ingresaron 310 mil 723 causas a la Defensoría Penal Pública y que, de este total, hubo 15 mil 321 personas a las que se le aplicó prisión preventiva, y aunque hubo una baja del 16,4% respecto de quienes recibieron esta medida cautelar en 2020, subrayó la preocupación de la institución por los 121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad esperando un juicio, superando el límite legal.

Agregó que, ante esta realidad, la Defensoría lleva varios años trabajando para combatir el uso abusivo de la prisión preventiva, lo que se refleja en la tasa de solicitudes de revisión de esta medida cautelar la que pasó de un 40% en 2018 al 60% en 2021.

CIFRA RECORD

Mención especial merece la cantidad de personas imputadas que, durante 2021, terminaron sus causas siendo absueltas o sobreseídas. En total hubo 121 mil 342 personas que pasaron por esta situación, la cifra más alta desde los inicios de la reforma procesal penal, y que constituyeron el 30,3% del total de causas terminadas el año pasado.

Respecto de esta alza inusitada, el Defensor Nacional destacó que el 55% de las personas que resultaron ser inocentes fueron imputadas por delitos vinculados a infracciones sanitarias, mayoritariamente a las del artículo 318 del Código Penal, el que durante 2020 y 2021 se utilizó para perseguir el incumplimiento del toque de queda y de las cuarentenas por parte de la ciudadanía.

Explicó que una seguidilla de recursos interpuestos por la Defensoría Penal Pública ante la Corte Suprema en contra de la figura penal del artículo 318, los que fueron acogidos por el máximo tribunal, y la posterior confirmación del Tribunal Constitucional determinaron que los ingresos masivos al sistema por infracciones sanitarias se resolvieran sin una condena penal.

“A inicios de la pandemia, la política criminal adoptada por el ministerio público consistió en utilizar la figura del art. 318 del Código Penal para perseguir infracciones sanitarias relativas a los incumplimientos de cuarentena y permisos de movilidad. Lo anterior generó un ingreso y recarga masiva del sistema penal, utilizando la herramienta penal para controlar un fenómeno sanitario. Posterior a que la Defensoría Penal Pública acudiera a los máximos tribunales del país, se confirmó la tesis que siempre habíamos sostenido”, remarcó y lamentó que esta situación finalmente “distorsionó el funcionamiento regular del sistema, e impactó alterando las estadísticas históricas de ingresos y cargas de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal”, explicó.

DEFENSA EN UNIDADES POLICIALES

En sus 21 años de existencia, la Defensoría Penal Pública ha atendido un total de 5 millones 407 mil causas enfocándose siempre en la entrega de una defensa técnica especializada y de calidad.

Durante 2021 y a partir de una necesidad detectada durante el estallido social, la institución puso en marcha un Programa Piloto de Defensa en Comisarías, el que se desarrolló en 7 siete comunas del país.

Esto fue posible gracias al apoyo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea que en julio de 2020 entregó un “Diagnóstico de la situación de la defensa a personas detenidas en unidades policiales en Chile”, a partir del cual se suscribió un convenio con Carabineros de Chile que, entre otras cosas, permitió que los defensores pudieran entrevistar a los detenidos en los recintos policiales. Además, se elaboró un Manual de Actuaciones Mínimas en unidades policiales en junio de 2021. Durante el segundo semestre del año pasado entró en operaciones en comisarías de las regiones de Antofagasta, O’Higgins, Maule, Los Ríos y Metropolitana.

En sus seis meses de funcionamiento, más de 5 mil 300 personas fueron atendidas por defensores en cuarteles policiales, de las cuales 3 mil 459 pasaron a control de detención con una mejor información de sus derechos y garantías procesales.

En julio del año pasado, además, la institución puso en marcha un nuevo modelo de defensa penitenciaria dirigido a uno de los grupos más vulnerados de la sociedad, como lo son las personas privadas de libertad.

A partir del modelo original implementado en 2011 se identificaron distintos aspectos de mejora enfocados en aumentar la cobertura de atención.

Este modelo asegura el acceso universal a la justicia de todas las personas condenadas privadas de libertad, mediante una atención oportuna y eficiente, que se extienda hasta la completa ejecución de la sentencia.

Su primera etapa de instalación se llevó a cabo en los Centros de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, Rancagua, Talca, Chillán, Santiago y todas las cárceles de la región de Aysén, permitiendo que todos los internos de dichos recintos, accedan -sin excepción- a una atención jurídica y a la asistencia permanente de un defensor penal penitenciario que vele por el resguardo de sus derechos fundamentales, los cuales, en ningún caso, se pierden al estar recluidos.

Manteniendo el foco en las personas privadas de libertad, la Defensoría –en conjunto con el programa EUROsociAL+- inició el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI), cuyo propósito es denunciar las agresiones que sufren los internos por parte de los agentes del Estado a cargo de su custodia.

Para ello, se creó una mesa de trabajo integrada por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal (SML) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a cargo de revisar las denuncias interpuestas por defensores penitenciarios en representación de las personas afectadas al interior de las cárceles.

DELITOS DE BAJA PENALIDAD

Durante 2021 un total de 55 mil 400 mujeres fueron representadas por la Defensoría Penal Pública, lo que representó el 17,8% del total de ingresos y anotó una leve baja respecto de los años 2018 y 2019 donde bordearon el 19%.

Respecto de los delitos, pese al alza del total de ingresos desde 2001 a la fecha, estos suelen ser de baja penalidad. De hecho, las imputadas por los delitos de lesiones, infracciones sanitarias, hurto y contra la libertad e intimidad de las personas concentraron el 75% del total de ingresos durante 2021.

Del total de mujeres imputadas, 1.626 estuvieron en prisión preventiva lo que constituye el 10,3% de quienes estuvieron privados de libertad.

“La privación de libertad de las mujeres trae consigo una mayor estigmatización social y afectación familiar considerando que muchas de ellas son jóvenes, pobres, madres solteras al cuidado de sus hijos, con escasa escolaridad y opciones laborales, y suelen ser sancionadas intra-penitenciariamente con prohibición de visitas por el uso indebido de teléfonos celulares, cuyo único objetivo en la mayoría de los casos es comunicarse con sus hijos”, dijo Carlos Mora Jano.

Agregó que ante esta realidad la Defensoría se ha esforzado por visibilizar a través de su defensa jurídica las desigualdades, discriminaciones y violencias históricamente por ellas sufridas, para evitar que opere alguna forma de sesgo en su juzgamiento.

En este contexto, recordó los casos de Mylene Cartes y Marisol Alvear quienes fallecieron por la falta de atención médica, mientras se encontraban privadas de libertad en centros penitenciarios.

“Estos hechos motivaron una inmediata reacción de nuestros equipos de defensa penitenciaria y la presentación de recursos de amparo en favor de 41 internas del Centro Penitenciario de San Miguel, siendo éstos acogidos y confirmados por la Corte Suprema, que –entre otras disposiciones- ordenó al Estado, a través de Gendarmería de Chile, asegurar la presencia permanente de un médico en el recinto penitenciario: algo que a 2022 parecía obvio, pero que no era tal”, destacó.

Con el propósito de mejorar el acceso a la justicia de las personas, durante el año pasado también se diseñó el Sistema Integral de Atención de Usuarios, el que bajo el alero del compromiso de justicia abierta busca acercar la Defensoría a nuestros usuarios y mejorar la información.

Hace una semana, la Defensoría Penal Pública lanzó un call center con un número único, para que nuestros representados y sus familias puedan resolver sus dudas.

AUTONOMÍA

En su discurso, Carlos Mora Jano destacó la idea de la Comisión Constituyente de consagrar constitucionalmente la autonomía institucional y tener el mismo estatus de independencia que el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Sin embargo, mostró su preocupación por un cambio en la estructura directiva que –según dijo- ha sido hasta ahora, eficiente y exitosa.

“Tanto la figura del Defensor Nacional como la actual estructura directiva de la institución, otorgan certeza sobre lo que la Defensoría Penal Pública ofrece y compromete, siendo ello esencial cuando se trata de gestionar –adecuadamente- una garantía judicial como la defensa penal, y al momento de resolver, con oportunidad y estrategia, los casos complejos que abordamos”, explicó.