José Joaquín Jara: «Todo el Estatuto de la Minería pone en serio riesgo el desarrollo e incluso la continuidad de la industria o parte de esta»

A poco más de una semana del rechazo en general, en el pleno de la Convención Constitucional al segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, el ingeniero experto en minería advirtió que es posible que con modificaciones muy menores sea aprobado en la siguiente instancia y entregó sus razones por las que el Estatuto sobre Minerales (incluido en el mencionado informe) no avanza en la dirección correcta.

Por ello, Jara subrayó la importancia de que el articulado asegure los principales derechos y obligaciones tanto del Estado como de las empresas que invierten en el sector.

El académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica también manifestó una postura crítica respecto de convencionales que insisten en reponer la nacionalización de los recursos naturales en la propuesta de Constitución.

¿Cómo vio el rechazo en general en el pleno de la Convención, el segundo informe de la Convención de Medio Ambiente, que contenía el Estatuto sobre Minerales?

Si bien podría pensarse que es una buena noticia porque muchos de los artículos presentados, entre ellos los relativos a la actividad minera, hubieran tenido consecuencias muy negativas para el país, la verdad es que faltaron muy pocos votos para su aprobación. Por tanto, es posible que con modificaciones muy menores sea aprobado en la siguiente instancia. Más aún, aunque no se aprobara nada, eso tampoco sería bueno para la minería y el país, ya que implicaría que toda la regulación relativa al sector quedaría sujeta a leyes simples. Y esa situación tampoco da seguridad jurídica a una industria para la cual esta es una variable fundamental por los altos montos de inversión, alto riesgo y extensos plazos para obtener retornos sobre lo invertido.

¿Cuáles eran los puntos más críticos de este estatuto?

En general, todo el estatuto pone en serio riesgo el desarrollo, e incluso la continuidad de la industria o parte de esta. Sin embargo, quizás los puntos más críticos tienen relación con el término de las concesiones mineras otorgadas por los Tribunales para pasar a un sistema de derechos mineros basados en permisos administrativos entregados por la autoridad administrativa, la consecuente pérdida de los derechos que se adquieren al establecer concesiones mineras en la actual regulación y la entrega de un excesivo poder al gobierno de turno.

Adicionalmente, la propuesta de artículo transitoria que extingue las actuales concesiones y exige a las empresas traspasarse al nuevo sistema es un tema muy complejo. No sólo puede paralizar la actividad minera del país, si no que puede llevarnos a que un número significativo de empresas nos lleven a juicios en tribunales internacionales para solicitar el cumplimiento de nuestras obligaciones.

¿Cómo podría mejorarse este punto en el informe de reemplazo?

Lo ideal para haber obtenido un mejor marco constitucional para la minería que el actual hubiera sido que estos temas se discutieran con el tiempo y la profundidad que requieren. Esto dada la relevancia del sector minero en la economía y el desarrollo sustentable del país (y del mundo dado nuestro rol en el mercado del cobre).

Sin embargo, esa oportunidad ya pasó. Yo creo que las modificaciones que se pueden hacer al articulado actual tienen que apuntar a asegurar en la Constitución los principales derechos y obligaciones del Gobierno para con los inversionistas mineros, y los principales derechos y obligaciones de las empresas para con el país. Eso le daría una mínima estabilidad de mediano-largo plazo al sistema, viabilizando un desarrollo del sector relativamente razonable.

En el informe rechazado volvió a aparecer la idea de la nacionalización de los recursos minerales, ¿qué piensa de una norma en esta línea?

Creo que es extemporal y responde a lógicas absolutamente superadas en el mundo desarrollado. No hay ningún país con grandes recursos minerales que haya recorrido un camino de desarrollo a través de una minería únicamente estatal. En cambio, son muchos los países que sí han aprovechado sus recursos minerales para impulsar su desarrollo a través de la inversión pública y privada.

Durante los últimos 30 años Chile ha tenido un modelo minero mixto tremendamente exitoso, y posiblemente único en el mundo, en donde participan el Estado mediante sus empresas estatales Codelco y Enami, y los privados mediante sus empresas de la gran, mediana y pequeña minería. No veo por qué cambiar esto.

Más aún, quizás lo que sí debiera incluirse en la Constitución para garantizar la participación del Estado en la producción minera, tiene relación con asegurar las condiciones de financiamiento y de gobierno corporativo independiente del poder político para nuestras empresas mineras estatales. Esto es fundamental para que Codelco y Enami sigan creciendo y enfrentando los desafíos de su realidad actual.

¿Cómo observa el avance en el tema de las expropiaciones en la Comisión de Derechos Fundamentales?

Creo que el tema de las expropiaciones inevitablemente tendrá espacio en algunas áreas que son críticas para el país en la actualidad, al menos para escenarios y/o casos particulares. Por ejemplo, dada la prolongada sequía y desertificación del Norte Chico y centro del país, en los derechos de agua. En minería espero que no se materialicen o que sea para situaciones muy excepcionales. Sin embargo, existe un ánimo de incluir estos procesos en gran parte de los ámbitos económico-sociales.