Corte Interamericana de DDHH ordena a Perú no implementar fallo del Constitucional que indulta a Fujimori
Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la CIDH.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado este viernes a Perú que no implemente el fallo del Tribunal Constitucional del pasado XX a través del cual concede el indulto al expresidente Alberto Fujimori.
En un documento firmado el jueves pero dado a conocer este viernes, el organismo ha resuelto realizar una supervisión «por razones humanitarias» del indulto concedido a Fujimori e insta al Estado a no ejecutar lo dictado por el Constitucional, según recoge la prensa peruana.
Previamente, la CIDH ya había ordenado a las autoridades judiciales de Perú «abstenerse» de ejecutar la decisión del Constitucional argumentando la necesidad de «garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta», matanzas por las que el expresidente cumple una condena de 25 años de cárcel condenado por crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Constitucional de Perú concedió a mediados de marzo la libertad al expresidente Fujimori, después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017.
Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la CIDH sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Tras la decisión del Constitucional, y las declaraciones de miembros del Gobierno de Perú apuntando que recurrirían al CIDH, esta organismo trasladó su «preocupación» ante la decisión liberación de Fujimori, pues ya consideraba que afectaba al derecho a la justicia de las víctimas.
La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000. (Europa Press)
