Sergio Hernández advierte que nacionalizar la minería reduciría la recaudación tributaria, perjudicando la Agenda Social

“Para entender a cabalidad las profundas diferencias entre lo que fue el proceso de nacionalización del cobre de 1971, y los pasos que en esta dirección sigue dando la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional -tras lo resuelto este sábado, al apoyar nuevas iniciativas que buscan nacionalizar la minería y caducar las concesiones otorgadas-, es necesario situarse en el contexto histórico, siempre determinante para comentar la toma de decisiones soberanas por los Estados”, afirma Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, en esta entrevista en la cual ahonda en las implicancias de expropiar las compañías mineras privadas, aportando una serie de argumentos históricos, económicos, jurídicos y sociales.

El ejecutivo recuerda que antes de los años ‘70, existía la gran minería chilena del cobre exclusivamente de capitales extranjeros. En esa época -añade- había en el comercio mundial condiciones muy desfavorables para los países exportadores de recursos naturales y muy favorables para los países industrializados, fenómeno que se llamó “Deterioro de los Términos del Intercambio: los países dominantes imponían sus normas y decisiones en forma casi unilateral”, puntualiza.

Hernández remarca que precisamente un ejemplo de esto fue lo que ocurrió con el cobre chileno, en que sus inversionistas -las mineras norteamericanas- dominaban los mercados, con exportaciones a precios menores y otras transferencias, para apoyar el financiamiento de las guerras de Vietnam y Corea; así como ‘la civilización occidental’, en el contexto de la Guerra Fría. A ello, se suman menores fiscalizaciones, con deficientes auditorías internacionales, con los Servicios de Aduana y de Impuestos Internos sin capacidad real.

“Esta realidad -sostiene- justificó la decisión unánime parlamentaria de nacionalizar el cobre en 1971. Sin duda esta decisión fue, en ese contexto, muy beneficiosa para el país, lo que posteriormente desembocó en la formación de CODELCO en 1976, que reunió en esa naciente empresa estatal a los yacimientos nacionalizados, hasta el día de hoy; actualmente con una explotación mayor aún, dada la puesta en marcha en estos últimos 30 años de otros yacimientos de reposición y ampliación”. El director ejecutivo de Aprimin agrega que la nacionalización fue concebida en esos tiempos como la ‘Independencia económica de Chile’, aportando hasta ahora importantes ingresos para el país.

– Considerando ese contexto ¿Cuáles son las diferencias que ve entre ese hito en la historia económica del país, y lo que actualmente está planteando la Comisión de Medio de Ambiente de la Convención, con sus resoluciones?

La realidad de hoy en un Mundo Global es muy distinta: seguimos necesitando nuevas tecnologías y capitales extranjeros por miles de millones de dólares que Chile no tiene, ni en lo público ni en lo privado. Pero además, hoy existen normas de la OMC (Organización Mundial de Comercio); auditorías internacionales que dan transparencia a los resultados de las compañías y a su base tributable; transacciones en Bolsas transparentes; un Servicio de Impuestos Internos con mejor capacidad fiscalizadora y con convenios de apoyo recíproco con otros organismos similares en los países de destino de nuestras exportaciones; un Servicio de Aduanas con aforos físicos a las exportaciones; precios de transferencia; una COCHILCO revisando el 100% de los documentos de exportación del cobre y sus subproductos, todo lo cual construye una realidad distinta a aquella de hace 50 años.

Una nacionalización en estos tiempos sería un suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores.

El Mundo hoy es Global, no por decisiones políticas, sino por la fuerza de las comunicaciones y el desarrollo tecnológico, lo que hace esta realidad irreversible. Los países que se refugian en proteccionismos o nacionalizaciones propias de otros tiempos, están seriamente afectados en su desarrollo y condenados al aumento de la pobreza, al no acceder a las confianzas que exigen los mercados internacionales, con escasas posibilidades de aprovechar la demanda de casi 8.000 millones de habitantes en el planeta.

Chile ha sido exitoso en 30 años de apertura al mundo y la minería ha llevado el liderato de las causas de esta positiva consecuencia. El cobre en Chile es explotado hoy de manera mixta en la propiedad de las compañías mineras, lo que constituye un modelo económico de desarrollo minero virtuoso. En efecto, que exista Codelco estatal, gran y mediana  minería privada nacional y extranjera y pequeña minería nacional, es un modelo probadamente virtuoso, en que uno de ellos que se debilite afectará a la trilogía completa; por tanto, al país y a la fortaleza geopolítica del norte de Chile.

 Peligros de la expropiación

– Este sábado la comisión de Medio Ambiente no solo rechazó la iniciativa que  presentaron junto con Compromiso Minero, también aprobó nuevas propuestas de nacionalización, reafirmando esta postura ¿Qué impresión le deja esto?

Respecto del rechazo de la propuesta de Compromiso Minero, de las normas constitucionales de la minería, era de esperar, por la historia de lo que se está resolviendo en esa Comisión. No olvidemos que las propuestas de esa Comisión que fueron presentadas al pleno anteriormente, fueron prácticamente todas rechazadas. Se ve en la Comisión un espíritu refundacional muy profundo, con -a mi juicio- inclinaciones muy extremas. Sin embargo, yo quiero destacar que cuando aprobaron las propuestas de nacionalización del cobre y renacionalización del cobre -muy parecidas-, las aprobaron solo por mayoría:  10 votos a favor en ambas, 5 en contra y 4 abstenciones, por lo tanto, en la propia Comisión no han conseguido los 2/3. Esto anticipa que en el pleno debieran ser rechazadas, lo que nos da tranquilidad.

Creo que hay un desconocimiento profundo con respecto a cómo opera la minería, con cómo es el mundo global hoy en día, en el que necesitamos efectivamente capitales de toda naturaleza, de todo origen, para incrementar la producción minera. Y así aprovechar las ventajas que nos dan los mercados globales hoy y a futuro, con la transformación energética, que ocupa mucho mineral; un futuro promisorio para Chile, que podemos desperdiciar con estas iniciativas. No olvidemos que Chile como país, ni en lo privado ni en lo público tiene los capitales suficientes para invertir en minería; son miles de millones de dólares. Tenemos que privilegiar la agenda social.

Por lo tanto, en mi opinión, esto es fruto del desconocimiento profundo que algunos convencionales tienen sobre los mercados globales, y sobre cómo opera la minería, y de los capitales que necesita.

– ¿Es correcto hablar de nacionalización, considerando que constitucionalmente los minerales ya pertenecen al Estado de Chile, o es más bien una expropiación? Incluso no está claro que se considere pagar indemnizaciones.

Es una expropiación, absolutamente. Los términos ‘nacionalización’ y ‘estatización’ son erróneamente usados por algunos convencionales, por las razones que la pregunta señala: las minas pertenecen al Estado y, como sin minerales no hay mina, estos obviamente también pertenecen al Estado, apropiándose el concesionario de explotación de los minerales solo al extraerlos. Por esta razón, entiendo que algunos convencionales lo que proponen es nacionalizar las ‘empresas’ mineras, argumentando que los recursos minerales son de Chile.

Esto evidentemente es un contrasentido, ya que no se puede argumentar que se expropia la minería ‘porque es nuestra’, ya que las empresas privadas mineras se formaron con capitales privados, sus activos fijos no le corresponden al Estado de Chile.

Lo peligroso, además, es que algunos sostienen que nada se pagará por estas eventuales expropiaciones, porque ‘las mineras se han llevado más de lo justo’; y otros, que un eventual valor de expropiación lo fijará el Contralor General de la República, o sea, un juez tasador de una de las partes.

– ¿Cuáles vislumbra que serían los riesgos para Chile, de concretarse un proceso de nacionalización bajo tales condiciones?

Si ello ocurre, seguro nos llegarán demandas internacionales de las empresas de muchos países que han invertido en la minería chilena, con daños colaterales en las relaciones diplomáticas, financieras y económicas para Chile en todas las áreas de la economía, principalmente perjudicando nuestras exportaciones de vino, celulosa, fruticultura, agricultura, productos del mar, y tantos otros. Esto porque en el comercio internacional existe la reciprocidad.

Agrego que hay un riesgo enorme si Chile se ve enfrentado a demandas internacionales para reclamar un valor distinto al que pueda fijarse unilateralmente por Chile (esto ya ocurrió en la nacionalización de 1971); pues pueden argumentar que la forma de determinar el valor de las expropiaciones mineras está hoy establecida en la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, y que sería aplicable porque es la norma de rango constitucional vigente al momento de realizarse las inversiones mineras en Chile.

No hay que olvidar, también, que la gran mayoría de estas inversiones realizadas por inversionistas de muchos países, están protegidas por Tratados de Libre Comercio vigentes; tratados que la Reforma Constitucional -que le dio origen a la Convención Constitucional- establece como ‘intocables’.  No pueden los convencionales negar valor a una norma de la propia reforma constitucional que les dio origen, sin cuestionar su propia legitimidad.

– De aprobarse y materializarse ¿Cómo podría afectar el futuro de la industria minera en Chile?

Si son aprobadas las expropiaciones de empresas mineras -lo que espero y creo no ocurrirá en el Pleno de la Convención-, sin duda que, desde ese mismo momento, no cerrarán las operaciones que están produciendo, pero sí se paralizarían las inversiones mineras privadas. Esto es obvio: nadie invierte en nada si sabe que se lo van a expropiar. Incluso hoy, ante la sola duda sobre si esa propuesta finalmente puede prosperar, ya hay inversiones mineras paralizadas, perdiéndose miles de empleos que estaban proyectados o, en el mejor de los casos, postergándose esas inversiones.

Junto con ello, en otros sectores de la economía se advierte el riesgo que pueda haber otras expropiaciones y/o que Chile ralentice su economía a nivel de dejar de ser atractivo, con lo cual caerían inversiones y empleos en obras públicas, energía, banca, en el prometedor hidrógeno verde, por mencionar algunos ámbitos, con graves efectos futuros en la recaudación tributaria y haciendo imposible cumplir con la justa Agenda Social.

– ¿Cree que el Estado sea capaz de administrar toda la industria minera del país y mantener los actuales niveles de producción?

Ni el Estado ni los privados chilenos tenemos los recursos necesarios para realizar esas inversiones multimillonarias en dólares.

Necesitamos los capitales de países que tienen inversiones mineras en Chile, como Japón, China, Canadá, EEUU, Australia y Europa. Además, esos mercados son los mismos -junto con otros- a los que exportamos vino, frutas, productos del mar, celulosa y muchos más. No pongamos en riesgo estas exportaciones que ayudan a la diversificación exportadora de Chile, amenazando sus inversiones mineras. El mundo hoy es irreversiblemente global.

– ¿Una industria minera totalmente en manos del Estado le permitiría a este obtener mayores recursos?

La eventual recaudación fiscal derivada de las expropiaciones dependerá de descontar de las inseguras utilidades para el Estado que pueden generar las eventuales empresas nacionalizadas (la minería es un negocio riesgoso) el pago de las indemnizaciones a los actuales dueños de las mineras, cuyo valor seguramente fijarán tribunales internacionales (que enorme riesgo); y también descontar los flujos  que el Estado, como eventual posible dueño futuro de toda la minería, deberá invertir para continuar y aumentar la producción minera.

Por lo tanto, en mi opinión, solo se mejora la recaudación para el Estado asegurando que privados -y no el Estado, que no tiene estos gigantescos recursos- sigan invirtiendo, recaudando impuestos y un royalty sobre utilidades algo mejor que los actuales, ante escenarios de buenos precios.

Siempre será mejor que privados inviertan en negocios riesgosos, recaudando el Fisco 35 a 42% por la vía tributaria, y sin invertir un peso; a que sea  el  Estado el que deba invertir todos los miles de millones de dólares que requieren decenas de proyectos mineros, para recaudar solo la diferencia de utilidades que se pueden o no producir.

Más aún, si se trata de proyectos nuevos o de ampliación de las actuales explotaciones, los primeros retornos para el Estado no llegarían antes de cinco, seis, ocho o diez años. Por lo tanto, el Fisco no puede responsablemente invertir en minería, si requiere con urgencia financiar las obvias y justas necesidades sociales. Un ejemplo: al Fisco le costó varios años capitalizar solo 3.000 millones de dólares en Codelco; ¿cuánto le costaría financiar la cartera de US$ 68.000 millones en minería?, que es lo que contempla Cochilco para diez años. Nunca podrá hacerlo.

Rol de los privados e impacto para los proveedores

– ¿Pero no podría haber espacio para inversiones privadas en ese modelo?

La respuesta es simple: ¡Ninguno! Porque con la actual propuesta aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, toda la minería -de cobre, litio, oro, plata, molibdeno, hierro, nitratos- pasaría a manos del Estado.

– Ese sería el escenario para las compañías mineras, pero el ecosistema minero es mucho más amplio. Desde su perspectiva y como director ejecutivo de Aprimin ¿Cómo se verían perjudicados el resto de los actores; todos los encadenamientos productivos?

Al estar claro que el Estado no tiene la capacidad de inversión de los privados, especialmente extranjeros, sin duda que los proveedores mineros se verían afectados fuertemente en su desarrollo; incluso con riesgo de cierre especialmente de los más pequeños, con pérdida de miles de empleos, y también provocará  una fuerte postergación de la inclusión de la mujer en la minería, que actualmente avanza a grandes pasos.

El encadenamiento productivo retrocedería, perjudicando lo que todos deseamos aumentar en Chile: la innovación, la especialización y la diversificación productiva.

– A la luz de todos estos antecedentes ¿Qué llamado haría a los convencionales, ahora que ya ha empezado a actuar el Pleno, y se están tomando las decisiones definitivas que darán forma a la nueva Carta Magna?

Además de mantener la propiedad del Estado sobre las minas y su concesión judicial a terceros, con amparo por patentes mineras de montos crecientes ante la no explotación, estimo importante que la nueva Constitución asegure que la minería se desarrolle previa participación de la comunidad local para los nuevos proyectos, y con los más altos estándares ambientales, pero solo calificados por organismos estrictamente técnicos, quienes deben tener la palabra final sobre la viabilidad de cada proyecto, sin intervención de organismo político alguno. Estos son elementos nuevos que no existen en la actual Constitución, pero que los tiempos modernos naturalmente exigen.

Solo en las condiciones que he estimado responder, Chile tendrá los recursos que necesita para su justa Agenda Social.