Informe del Ejército reconoce y condena crímenes durante la dictadura
En especial, se reprueba la denominada “Caravana de la Muerte”, mecanismo a través del cual se cometieron masacres en distintas ciudades del país y que afirman afectó a la institución.
En un informe llamado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”, el Ejército de Chile reconoce las violaciones a los derechos humanos por parte de militares durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En el texto, difundido por el excomandante en jefe Ricardo Martínez, quien renunció el miércoles pasado a su cargo, la institución calificó de “vergüenza” su participación en crímenes de lesa humanidad como torturas, secuestros, desapariciones y ejecuciones de opositores, entre ellos, los asesinatos a los generales Carlos Prats y René Schneider y el crimen al dirigente sindical Tucapel Jiménez, entre los años 1973 y 1990.
“Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”, señalan en el documento.
En especial, se reprueba la denominada “Caravana de la Muerte”, mecanismo a través del cual se cometieron masacres en distintas ciudades del país y que afirman afectó a la institución.
“Uno de los episodios más condenables fue el paso-a fines de 1973-del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la ‘Caravana de la Muerte’ hasta nuestros días, que hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución”, dice el documento.
Precisan que Arellano recorrió el país en helicóptero como “delegado” de Pinochet y los oficiales que lo acompañaban obligaron a jóvenes oficiales y suboficiales a participar en los delitos por los cuales fueron procesados y condenados.
En el informe de 120 páginas, se afirma que “las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales”.
De igual forma, se habla de la investigación “Fraude en el Ejército” en el que se han visto involucrados excomandantes en Jefe por malversación de recursos públicos.
