Expertos de CIDH señalan participación militar en caso de 43 desaparecidos en México
Personal militar infiltrado se encontraba entre los estudiantes que viajaban en cinco autobuses que habían ocupado para participar en una manifestación anual en la Ciudad de México.
Autoridades mexicanas simularon investigar la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de magisterio de Ayotzinapa, desde hace más de siete años, y ocultaron la participación de militares, indica informe presentado este lunes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Días antes de los hechos estaba en marcha una operación de inteligencia ordenada por militares del Batallón 27 de Iguala, Guerreo (sur), «semejante a actividades de contrainsurgencia, para dar seguimiento a lo que sucedía», indica el informe del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Personal militar infiltrado se encontraba entre los estudiantes que viajaban en cinco autobuses que habían ocupado para participar en una manifestación anual en la Ciudad de México, incluso la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados a balazos por patrullas de varios municipios en Iguala, donde murieron seis personas (tres estudiantes) y 43 jóvenes fueron secuestrados y entregados al grupo narcotraficantes Guerreros Unidos, que los habría asesinado.
La integrante del GIEI Claudia Paz y Paz dijo en la presentación del informe que los militares vigilaban el recorrido de los jóvenes con los informes de inteligencia militar, porque «en el grupo de los normalistas había dos militares que informaban puntualmente a las autoridades de lo que estaba sucediendo».
Hasta la fecha, solo tres jóvenes han sido identificados con los restos calcinados que buzos de la Marina Armada extrajeron del arroyo San Juan que atraviesa cerca de un basurero a cielo abierto en una quebrada del pueblo Cocula, vecino de Iguala.
Francisco Cox -otro miembro del GIEI que integran especialistas de Chile, Colombia y Guatemala-, señaló que el espionaje a los alumnos de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa, que habían acumulado autobuses ocupados para viajar al aniversario de la masacre de universitarios de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968, fue ordenado desde 2010.
A través del esquema de vigilancia, denominado Guerrero Seguro, «se tenía conocimiento de la actividad delictiva relacionada con el trasiego y producción de heroína y producción de amapola, se conocía que esta droga era transportada a través de los autobuses que circulaban por la región».
Una de las hipótesis que durante años ha sido mencionada en las investigaciones es que la violencia del ataque concertado por policías de varios municipios obedece a que un centenar de jóvenes que llegaron a Iguala en cuatro vehículos, es que entraron a la estación de autobuses de Iguala a ocupar un quinto autobús, que podría haber estado cargado con drogas en ruta hacia EEUU.
Paz y Paz mencionó que esta información sobre la participación de militares de inteligencia fue posible obtenerla en esta nueva etapa de la investigación, dada la apertura parcial de información.
El GIEI regresó a México durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que su colaboración fue terminada por el anterior mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Incluso la noche de la desaparición se conoció que algunos estudiantes fueron presentados ante autoridades judiciales en calidad de detenidos.
El tercer informe del grupo de expertos señala que hubo dos operaciones de inteligencia y seguimiento a los 43 normalistas de Ayotzinapa, al menos dos días antes de su desaparición.
Una vigilancia sobre las actividades estudiantiles en esa escuela normal, conocida por su rebeldía desde la época del maestro Lucio Cabañas, fundador en los años 1970 de una guerrilla campesina en las montañas de Guerrero, fue denominada «seguimiento histórico o contrainsurgente», ordenada por autoridades militares.
Por otra parte, las autoridades contaban con información gracias a otro seguimiento, «prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo la noche del 26 y 27 de septiembre», pues obtenían información desde el Centro de Coordinación Guerrero Seguro (C4), mediante cámaras de vigilancia en carreteras y edificios públicos.
Entre el grupo de jóvenes, «había agentes de inteligencia, como los llaman los grupos militares, como fachada», agregó.
La información de esos seguimientos hubiera sido de vital importancia para poder esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades hasta ahora, puntualizan los expertos.
En marzo de 2019 se supo que Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, era soldado en activo y realizó trabajos de espionaje para el Ejército hasta el día de la desaparición.
En aquella ocasión, el noticiario Imagen TV difundió un video donde se observa a militares pagar a su madre, Joaquina Patolzin, una quincena pendiente y ofrecer información del joven, sin que ella se enterara que era grabada.
(Sputnik)
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