Corte Interamericana de DDHH lamenta que excarcelación de Fujimori afecte derecho a justicia de víctimas
La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha trasladado su «preocupación» ante la decisión del Tribunal Constitucional de conceder la libertad al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, pues considera que «afecta el derecho a la justicia de las víctimas».
Asimismo, el organismo ha señalado que esta decisión del Constitucional peruano «obstaculiza» el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la CIDH en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, en el marco de los que Fujimori ha sido sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
«Los crímenes de lesa humanidad se convierten en una preocupación de la comunidad internacional, constituyendo una gravísima ofensa a la dignidad humana y una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que no deben quedar impunes», ha remarcado la CIDH en una publicación en sus redes sociales.
El Tribunal Constitucional de Perú concedió el jueves la libertad al expresidente Fujimori, después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017.
Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la CIDH sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad.
La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
Tras conocerse la noticia, el actual presidente de Perú, Pedro Castillo, y su primer ministro, Aníbal Torres, manifestaron su desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional. El jefe de Gobierno incluso aseguró que el organismo debería «desaparecer».
Más tarde, el exministro de Justicia y actual viceministro de esta misma cartera, Juan Carrasco, aseguró que, tras reunirse con Castillo, el Gobierno de Perú recurrirá a organismos internacionales para actuar contra la resolución del Constitucional.
En la misma línea, el ministro de Exteriores, César Landa, consideró como «no válida» la decisión del Tribunal Constitucional pues «va en contra de las decisiones de la CIDH en los casos Barrios Altos y La Cantuta». (Europa Press)
